ERAN LOS PRIMEROS días de octubre de 2018. Se realizaba la reunión nacional de procuradores en la ciudad de Oaxaca.
En la oficina del entonces encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, se valoró prudente invitar a la próxima secretaria de Gobernación, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.
Desde su arribo se dispuso de un grupo protocolario que la recibiría, además del equipo de logística y seguridad. Y así fue.
El tono y la actitud arrebatadora de la hoy senadora era de llamar la atención. Acompañada de la investigadora Ana Laura Magaloni y del entonces presidente municipal de Puebla, Luis Banck.
Expusieron puntos de vista diversos sobre la procuración de justicia en el país y lo que supuestamente iba a cambiar con el arribo del nuevo régimen de Andrés Manuel López Obrador, el de la 4T.
Al retirarse abruptamente, no sin antes soltar en entrevista banquetera a La Jornada “acabaremos con los fiscales carnales y a modo”, Sánchez Cordero se subió de nueva cuenta al vehículo y se fue despotricando todo el camino con Magaloni, particularmente en contra de los funcionarios salientes.
En los 20 minutos del trayecto de regreso no dejó de criticar, injuriar y amagar con lo que decía haría con todos los funcionarios, al punto que el chofer que le dispuso la PGR volvió alarmado, por lo que acababa de presenciar y escuchar.
A quienes la conocen no les extraña la parte impulsiva y juzgadora, por no decir criticona, de Sánchez Cordero, la cual le ha llevado a dañar o hasta perder relaciones, no solo de trabajo, sino de amistades, por hablar de más y a espaldas.
Ahí están los casos de sus, en el pasado, protegidos y ahora desconocidos. Los dos, impresentables: Juan Collado y Ricardo Peralta. No está de más decir que si ese es el trato a sus cercanos, peor es y ha sido a los que no lo son.
En esa etapa de transición, recién propuesta por López Obrador como titular de Gobernación, Sánchez Cordero presumía sentirse liberada y poder entrar de lleno a la arena política.
Recordaba su activismo en el 68 y se le veía con grandes expectativas de lo que haría como primera mujer al frente de la Secretaría de Gobernación, entre ellas legalizar el uso lúdico de la marihuana.
La designación anticipada obligó al tabasqueño, ya presidente, a mantener su palabra, aunque ya le era evidente las carencias políticas de que adolecía quien operaría la política interior, lo que ella sigue atribuyendo al machismo de compañeros de gabinete y de su propio jefe.
De ahí que el Presidente optara por delegar o asumir algunas tareas para las que Sánchez Cordero no daba el ancho: Marcelo Ebrard, a atender el problema migratorio operando directamente.
Y Julio Scherer llevando la relación con los poderes Legislativo y Judicial, este último, particularmente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nunca lo pudo aceptar y asimilar la secretaria en su calidad de ministra en retiro.
Los tropezones e imprudencias se fueron sucediendo: Sánchez Cordero como suplente de López Obrador en las mañaneras refiriéndose como los medios importantes a los que precisamente su jefe atacaba y consideraba conservadores.
El video donde apoyaba a otro impresentable, Jaime Bonilla, para que ampliara ilegalmente a cinco años su periodo de gobernador en Baja California.
Y el último en Gobernación, su salida abrupta porque le avisaron de última hora que llegaba a relevarla Adán Augusto López, desalojo descuidao del Palacio de Cobián, dejando varias cajas con documentos, entre ellos un libelo contra el entonces consejero jurídico de la Presidencia.
Su carácter vengativo y afán de protagonismo han quedado de manifiesto durante toda su trayectoria profesional. Igual habla de la urgente necesidad de hacer exámenes de oposición para acceder a una notaría, cuando ella, su esposo y su hijo han sido fedatarios sin concurso de por medio.
Su salida de Gobernación obedeció más a una revancha en contra de Julio Scherer que a la admisión de la falta de energía y talento para ocupar el cargo.
Aunque nunca fueron cercanos y al fiscal Alejandro Gertz le enfurecía que Sánchez Cordero tratara con López Obrador acuerdos reparatorios o criterios de oportunidad, de exclusiva competencia del fiscal, hoy en día coinciden en un enemigo en común.
AYER SE CUMPLIÓ puntualmente el escenario que adelantamos en la votación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Salieron los siete votos en contra de la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. Tal cual le anticipamos y se confirmó: Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez, Norma Piña, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Luis María Aguilar pasarán a la historia por haber tenido la suficiente altura de miras y no dejarse amedrentar por el inquilino de Palacio Nacional. En contrapartida, los cuatro ministros que le dieron al Presidente los votos suficientes para mantener viva su ley y el poder monopólico a la CFE fueron la ministra ponente Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa, Arturo Zaldívar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. En la víspera llamamos la atención sobre los dos últimos. El sentido del voto de Zaldívar no extrañó: su subordinación a las causas de la 4T ya no le sorprenden a muchos. Pero el caso del extitular del SAT sí decepcionó a muchos. Decidió ceder el voto que pudo modificar totalmente la ecuación y acabar con la incertidumbre jurídica, a cambio de una promesa del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para ser el próximo presidente de la SCJN a partir de enero de 2023. Pero como le informamos, no obstante a la 4T no le alcanzó para echar abajo los amparos y éstos terminarán dirimiéndose y acumulándose en las instancias judiciales. Los jueces se guiarán por el sentido mayoritario de los otros ministros, los que calificaron de inconstitucional la ley del año pasado.
LA CFE, QUE maneja Manuel Bartlett, ya se apresta a girar invitaciones restringidas para la fase 2 de la granja solar de Puerto Peñasco. Nos referimos al principal proyecto de energía solar del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora van por la generación de otros 300 megawatts sobre el mismo terreno de 2 mil hectáreas que donó a la 4T el dueño de Grupo Vidanta, Daniel Chávez. La fase 1 la ganó en febrero la franco hispana Seselec, de Jesús Franco, contrato por cerca de 100 millones de dólares para generar 110 megawatts. Ahora hablamos de triplicar la capacidad, de ahí que el valor que la CFE está calculando para esta licitación supere los 500 millones. Ya hay varios grupos europeos y asiáticos interesados en entrarle.
ESTÁ EN MÉXICO el número dos de Citi. Paco Ybarra, segundo de abordo de Jane Fraser, vino a revisar la estrategia de inversión del grupo que capitanea aquí Manuel Romo en la banca corporativa, que es el segmento de negocios en el que continuarán operando en los siguientes años, una vez que venda sus bancas de consumo, empresarial, seguros y Afore. Le informé hace unas tres semanas que Ybarra es precisamente el que liderará ese proceso de desincorporación por el que ya alzaron la mano Banorte de Carlos Hank González, Santander de Ana Botín, Inbursa de Carlos Slim y un grupo que encabeza Antonio del Valle Ruiz. Por supuesto que Ybarra también viene a dar el banderazo a la apertura del data-room que ya está por abrirse a los interesados en Citibanamex.
PUES NADA, QUE sin aviso y justo en medio de las declaraciones de empresas y personas físicas, el SAT cambió su página de internet haciendo prácticamente imposible hacer la declaración. Además si un contribuyente registra saldo a favor o pérdidas pendientes de amortizar, no lo puede hacer. De hecho, cuando se quieren acreditar, el sistema las borra automáticamente, impidiendo plasmarlas en la declaración. Ello viola todo derecho del contribuyente. Algunos quieren quejarse ante el organismo presidido por Raquel Buenrostro, pero no los recibe. No pocas empresas quieren escalar el asunto por vía de sus sindicatos.