EL TRIBUNAL SUPERIOR de Justicia de Nuevo León confirmó una sentencia contra Santander para que pague unos 800 millones de dólares a las hijas del fundador de Grupo Alfa, Roberto Garza Sada.
La Séptima Sala Unitaria Civil ratificó hace un mes la resolución del Primer Tribunal Colegiado de ese estado, que en mayo de 2021 encontró responsable al banco por haber violado un contrato de fideicomiso.
En él Garza Sada depositó 36 millones 700 mil acciones del conglomerado regiomontano que fundó con su hermano, Bernardo, títulos que serían usufructuados por sus cuatro hijos a su muerte.
Hablamos de Roberto, María del Carmen, Gabriela y Viviana Garza Delgado, de los que el primero se apropió indebidamente del patrimonio, valuado en cerca de mil 632 millones de pesos.
Cuando Garza Sada falleció, en agosto de 2010, sus hijas solicitaron al banco que dirige Héctor Grisi un informe detallado de cómo estaba integrado el patrimonio del fideicomiso.
Desde el inicio el banco de Ana Botín se opuso a dar información a las también beneficiarias del fideicomiso testamentario, por lo que demandaron en la vía ordinaria mercantil a la institución.
Se reclamó a Santander que en su carácter de fideicomiso permitiera que Roberto Garza Delgado dispusiera ilegalmente del patrimonio fideicomitido.
Santander se defendió en juicio argumentando haber actuado de acuerdo a las órdenes de Garza Sada, exhibiendo para ello copias simples de siete cartas de instrucción.
Conforme a ellas, supuestamente el empresario y padre de los hijos en conflicto autorizaba la transmisión de la mayoría de las acciones a su primogénito varón.
No obstante como fue avanzando el juicio en segunda instancia, se demostró que las cartas eran apócrifas: Roberto júnior había falsificado la firma de su propio padre para despojar a sus hermanas.
Hace un año el Primer Tribunal Colegiado encontró culpable a Santander de incumplimiento del contrato del fideicomiso testamentario, a lo que su defensa, los abogados Javier Quijano y Javier Cortina, rebatieron a los largo de 12 meses.
Pero hace un mes la Séptima Sala confirmó la responsabilidad del banco y dejó en firme la sentencia que lograron sus contrapartes, los litigantes Jaime Guerra, Gerardo Montes y en su momento Diego Fernández de Cevallos, para que pague esos casi 800 millones de dólares.
Ahora mismo Quijano está buscando que algún ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga suyo el caso, lo que francamente se ve muy cuesta arriba.
AL CIERRE DE esta columna continuaba la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) y su titular, Alejandro Gertz Manero, buscaban vincular a proceso a los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez, por los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias y extorsión agravada. Asimismo, al asesor financiero David Gómez Arnau, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un dato que la parte acusadora se guardó hasta el momento de la diligencia, por ahí de las 11:30 de la mañana de ayer, era la identidad del juez del Reclusorio Sur que resolvería el caso. El togado resultó ser ni más ni menos que Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el mismo que Gertz Manero utilizó para encarcelar el 13 de agosto de 2019 a Rosario Robles valiéndose de todo tipo de argucias. Hoy sabremos si los abogados ligados al ex consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra, lograron esquivar la prisión o no. Pero el dato que gravitaba ayer en la noche era la disyuntiva en la que estaba el juez Delgadillo, pues uno de los acusados, el penalista Araujo, junto con Agustín Acosta, defensor ahora de Gómez Arnau, fueron los litigantes que hace 17 años sacaron del mismo Reclusorio Sur a René Bejarano, esposo de Dolores Padierna, la tía del juzgador, ahora, de Araujo, González, Pérez y Gómez. Bejarano fue a dar a la cárcel por el video donde se le ve extorsionando al empresario Carlos Ahumada. Uno de los operadores de ese golpe político que asestaron a los entonces líderes del PRD y al propio López Obrador resultó ser el abogado Juan Collado, preso y quien ahora está a punto de meter a la cárcel a sus colegas. Vueltas que da la vida.
EL CONTRATO QUE firmó Santiago Nieto fue con los despachos de abogados estadounidenses de Kevin A. Malone, Carlos A. Acevedo y Kelley B. Steward. El acuerdo se hizo al tenor de la demanda internacional que en septiembre de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) promovió en la Corte de Miami, Florida, contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Con ella el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende recuperar activos por 250 millones de dólares relacionados con los delitos de lavado de dinero del exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón. Lo que hizo Nieto es algo parecido a lo que Marcelo Ebrard impulsa jurídicamente contra las armerías norteamericanas. Los abogados extranjeros de la UIF basaron su demanda en los conceptos de conspiración y enriquecimiento injusto de la Ley Rico de Florida, por lo que piden restitución al afectado, en este caso el erario mexicano, de los recursos de 39 empresas y fideicomisos con operaciones en esa ciudad. La audiencia, según estableció el juez William Thomas, está programada para el 8 de mayo de 2023. Hasta ahora no se puede pagar el 30 por ciento de la recuperación porque no se ha resarcido tampoco nada. El punto es que el nuevo jefe de la UIF, Pablo Gómez, quiera reconocer ese acuerdo que le dejó su antecesor.
COMO SI LOS hermanos Eustaquio, Gerardo y José Ignacio de Nicolás no tuvieran suficiente con la denuncia que les promovió el Bancomext, que dirige Luis Antonio Ramírez, por un viejo adeudo de 456 millones de pesos, resulta que un acreedor laboral acaba de demandar el concurso mercantil de Desarrolladora Homex. Fue el 25 de abril pasado cuando se solicitó y la jueza Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, Olga Borja Cárdenas, lo admitió ayer. Curioso todo lo que está pasando alrededor de estos empresarios que tuvieron su época de esplendor en los sexenios de Vicente Fox y sobre todo con Felipe Calderón. En 2015 ya habían alcanzado una reestructura financiera.
ENTRE LAS TELEVISORAS en Estados Unidos hay sorpresa con los ratings de los últimos dos días. La producción de Televisa sobre Vicente Fernández, ‘El último rey’, fue el programa más visto en toda la Unión Americana, superando a las poderosas cadenas como ABC y NBC. Esto deja ver la importancia de los hispanos en el país de las barras y las estrellas y lo relevante que ha sido para Univisión el fusionarse con Televisa, que comanda Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez. Son resultados que nunca habían acontecido en la televisión estadounidense y que han sorprendido hasta a la prestigiada firma de medición de audiencias Ibope Nielsen.
Derecho de Réplica
Sr. Director:
A propósito de la columna La Cuarta Transformación publicada el pasado 5 de mayo, deseo hacer las siguientes precisiones.
eNomina no es una empresa brasileña sino es empresa mexicana. Gustavo Boletig no es propietario de la empresa sino director general y apoderado. La empresa ha cumplido sus compromisos en Guerrero y Quintana Roo y no tiene denuncia alguna en su contra. La herramienta de la empresa solo administra los descuentos vía nómina sin tener acceso a la nómina de los empleados.
ATENTAMENTE
Gustavo Waldheim Boletig
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