EN EL SECTOR privado hay dos bandos: los ‘duros’ y los ‘anticonfrontadores’, es decir, los ‘industriales’ y los ‘concesionarios’.
Están enfrentados sobre cuál debe ser la actitud ‘inteligente y sabia’ a adoptar de cara a los dos años que le quedan de gobierno a Andrés Manuel López Obrador y frente a las elecciones federales de 2024.
La discusión incluso va al fondo: cuestionan si el actual Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y sus 14 organizaciones, con su más de 2 mil asociaciones en todo el país, los representa y está siendo ‘la voz’ que la iniciativa privada requiere para cambiar las políticas populistas de la 4T y controlar al próximo Ejecutivo desde el nuevo Congreso.
Hasta ahora ganan los ‘anticonfrontadores’, los que creen que es mejor no pelear con el obradorismo, los concesionarios del gobierno, ya sea en medios electrónicos o en obras públicas de infraestructura.
Dicen que no hay mal que dure más de dos años y que hay que ‘aguantar’, porque un mayor enfrentamiento va en contra de las empresas. Paciencia es la divisa de este grupo.
Pero en los organismos y en los negocios privados se gesta una verdadera revolución en cuanto al papel que están jugando ya los empresarios en el camino a la madre de todas la batallas: el 2024.
Este grupo que cruza sectores de la industria y el comercio, así como grandes, pequeñas y medianas empresas, ya tiene una red de más de mil grupos en todo México haciendo encuestas para identificar quiénes serán los líderes sociales que irán a puestos de elección popular.
Este grupo plantea que el CCE se faje los pantalones, se arme de valor y deje de ser complaciente con este gobierno. Es una estructura al margen de la cúpula de cúpulas.
Recuerdan que el Consejo, surgido el 5 de agosto de 1976 y que tuvo como primer presidente a Juan Sánchez Navarro, irrumpió en la vida nacional a consecuencia del asesinato del empresario Eugenio Garza Sada por la Liga Comunista 23 de Septiembre.
Pero también por el intervencionismo del entonces gobierno de Luis Echeverría en la economía, medidas populistas, leyes para controlar la inversión extranjera en México y el acercamiento con los gobiernos de Cuba y Chile, que encabezaban Fidel Castro y Salvador Allende.
En aquel grupo estuvieron Marcelo Garza Sada, Ricardo Margáin Zozaya, Frank V. Loretta y Manuel J. Clouthier, que tenía muy claro el objetivo para el que nacían: influir en la política del gobierno.
Se trata de agrupar, representar y procurar los intereses del sector privado mexicano para defender la libertad de emprender y su primer propósito era “coordinar las actividades y actitudes de los organismos empresariales”, léase Concamin, Concanaco, Coparmex, AMIS, Asociación de Banqueros y el Consejo Mexicano de Negocios.
El grupo de los ‘duros’, el que piensa que este gobierno no cree en la libertad empresarial, ni en las instituciones, y que el deterioro en materia de seguridad, salud y confianza será grave al final de 2024, considera que los 14 organismos empresariales deben quedar en libertad y asumir cada uno posiciones de oposición a la 4T para contrarrestar el papel del CCE, muy alineado a los designios de López Obrador.
EL PRIMER JUZGADO de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, a cargo de Olga Borja Cárdenas, emitió justo ayer la sentencia de reconocimiento de créditos de Altán Redes. La empresa que dirige Salvador Álvarez registró un total de 106 prestamistas. Los más importantes son Nafinsa y Bancomext que dirige Luis Antonio Ramírez, Banobras que lleva Jorge Mendoza, Huawei de Ren Zhengfei, Nokia de Pekka Lundmark y el China Development Bank que preside Zhao Huan. Asimismo figuran Axtel de Armando Garza Sada y Megacable de Javier Robinson Bours. Apunte también al International Finance Corporation, Operbes, AT&T, Banca Mifel, Tata, ICA-Fluor, Marcatel, México Tower Partners, White & Case, Garrigues y Greenberg Trauring, entre muchos más. Tras esta sentencia viene ahora armar el convenio de acreedores, cuya aprobación puede llevar tres meses más, con lo cual la compañía podría estar saliendo del concurso mercantil hacia septiembre.
Y MIENTRAS UNOS salen otros entran. Es el caso de Crédito Real, que está enfilándose ya hacia una reestructura financiera con sus bonistas muy posiblemente bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Factor determinante para llegar a buen puerto es la renuncia que está presentando a la presidencia del Consejo de Administración de la compañía Ángel Romanos Berrondo. Con este movimiento la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, que arrastra pasivos superiores a 50 mil millones de pesos, tomará un rumbo independiente totalmente de la familia de José Luis y Eduardo Berrondo Ávalos. Por lo que se sabe, ya está en la etapa final de las negociaciones para solventar las deudas garantizadas con sus bonistas. Estamos hablando de BlackRock, BNP Paribas, Credit Agricole, Manulife, Fidera, Doubline, UBS y Muzinich & Co. Romanos llevó el timón de Crédito Real en los últimos cinco años y su salida era obligada ahora que la financiera va a entrar a un proceso de reorganización.
EL SISTEMA FERROVIARIO se ha convertido en una posición estratégica en la 4T. Lógico, si nos atenemos a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsa el Tren Maya, el Tren del Istmo de Tehuantepec, el Tren México-Toluca y la modernización del Metro en la CdMx. Precisamente hasta su caída en el Sistema de Transporte Colectivo, Florencia Serranía tenía una fuerte ascendencia en la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, que dirige Manuel Gómez Parra, quien ha aguantado hasta ahora todos los movimientos en la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes. Hoy quien tiene una ascendencia en esa cartera es el senador Ricardo Monreal a través de Pastora Margarita Ramírez Ruíz, directora de Obras y Contratos. Fue la secretaria de Obras de Zacatecas cuando lo gobernó aquél. Es el área que lleva las cuatro licitaciones que valen unos 40 mil millones de pesos. La de los 787 kilómetros del Corredor Transístmico y sus 613 puentes.