O ÁNGEL ROMANOS Berrondo trae un as bajo la manga, o algún acreedor de Crédito Real lo presionó a tal grado de tirar el acuerdo que esta semana se amarró previo a solicitar un Chapter 11 en Nueva York.
Ayer, de manera unilateral, el todavía presidente del Consejo de Administración de la atribulada Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, despidió a todos sus abogados y banqueros que lo estaban asesorando.
Estamos hablando de DLA Piper que para esta cuenta lleva Raúl Farías, FTI Consulting que comanda Vicente González y Jefferies que encabeza Richard B. Handler.
Lo inaudito es que la prestamista, que arrastra pasivos por alrededor de 53 mil millones de pesos, entre papel y deuda bancaria, ya había alcanzado un acuerdo con el principal grupo de bonistas internacionales.
Estamos hablando de BlackRock, BNP Paribas, Doubline, Manulife, UBS, Muzinich & Co., Fidera y Credit Agricole, que tienen en custodia bonos por alrededor de la friolera de 2 mil millones de dólares.
A estos bondholders los venían asesorando el afamado bufete de Los Angeles Houlihan, vía el experto Jorge Villén, y Blink Asesores Financieros, cuyo representante, Javier Nájera, le mencioné ayer.
Romanos Berrondo también cortó la relación con esos banqueros de inversión que ya tenían dispuesto un Crédito en Posesión del Deudor o DIP por 125 millones de dólares, el cual iba a financiar CarVal.
Las familias de Eduardo y Luis Berrondo Ávalos también dieron portazo a los bancos y sus respectivos asesores. Hablamos de Skadden que lleva Alejandro Capote y Rothschild al mando de Víctor Lecrerq.
Apunte a Scotiabank de Adrián Otero, Bladex de Salas Taurel, Wells Fargo de Charles Scharf, Barclays de Raúl Martínez-Ostos, Invex de Juan Guichard y el Credit Suisse de Nicolás Troillet.
Mención aparte merecen Nacional Financiera que dirige Luis Antonio Martínez, BBVA que preside Eduardo Osuna y Banorte de Carlos Hank González.
Y es que los dos últimos venían presionando fortísimo a Romanos, lo que es entendible si considera que a BBVA le deben alrededor de 700 millones de pesos y a Banorte otros cerca de 2 mil millones de pesos.
Tras el manotazo de este jueves es muy probable que los jerarcas de Crédito Real hayan conseguido una mejor opción para reflotar la compañía. Ya se lo estaremos contando. Pero la bomba estalló ayer.
OTRA REESTRUCTURA FINANCIERA, la de Altán Redes que dirige Salvador Álvarez y preside Bernardo Sepúlveda, se le está complicando también al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. A dos meses de que salga del concurso mercantil, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está bajo fuego por haber decidido rescatarla con dinero público. Justo ayer se firmó finalmente el acuerdo mediante el cual Nafinsa-Bancomext, que lleva Luis Antonio Ramírez, y Banobras, que maneja Jorge Mendoza, aportarán cerca de 150 millones de dólares para reflotarla. Le decíamos que si no se toman otras medidas de política pública en materia de telecomunicaciones, será dinero tirado a la basura. Ya hay quien empieza a hablar de que podríamos estar frente al Fobaproa chino de la 4T por la alta exposición que el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dio a Huawei, el China Development Bank y el México-China Fund como inversionistas y proveedores estratégicos.
A LA SECRETARÍA de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jorge Arganis, no le corre prisa para asignar la construcción del puente Nichupté, este libramiento de unos 18 kilómetros para desahogar el tráfico en la zona hotelera de Cancún. La dependencia recibió seis ofertas el 23 de mayo y no tiene para cuándo emitir fallo. La subsecretaría de Infraestructura que conduce Jorge Nuño ahora quiere hacer oooootra junta de aclaraciones, vaya a saber para qué. Las posturas más económicas son las de Gami, de Manuel Muñozcano de 5 mil 342 millones de pesos y la ICA de Guadalupe Phillips de 5 mil 732 millones. Fue esta última la que lanzó la oferta no solicitada hace ya unos tres años. Y todavía la 4T le sigue buscando cuadratura al círculo.
Y YA QUE hablamos de Cancún, obscena la participación del Partido Verde en las elecciones para elegir gobernadora a Mara Lezama, su candidata. Fue tal la compra de votos que se quedó a tan solo 8 puntos abajo del propio Morena que con la marca de Andrés Manuel López Obrador arrasó. En el Distrito 02 de Cancún el Verde hasta rebasó a Morena. Por cierto que Lezama quiere fichar a Santiago Nieto como fiscal general de Quintana Roo, cosa que se ve difícil porque el exjefe de la Unidad de Inteligencia Financiera no pierde las esperanzas de que lo llamen a una nueva posición a nivel federal. Hugo Alday Nieto, su primo y secretario técnico de Mara cuando era la alcaldesa de Cancún, es el que le anda calentando la cabeza a la futura gobernadora.
LA SEÑORA JULIA Abdala ya metió en un brete a Miguel Reyes, director de CFE Energía, y a Miguel López, director de Contrataciones de la CFE, funcionarios que tiene a su servicio. Resulta que el contrato que la pareja de Manuel Bartlett gestionó para las plantas de ciclo combinado de Manzanillo y Lerdo, de 400 millones y 260 millones de dólares, respectivamente, ya sufrieron los primeros ajustes y retrasos. Abdala Lemus le dio ese par de meganegocios a un broker especializado en el coyotaje llamado Jolla International, de Kenneth Huang. Este avezado chino trajo como epecista a la también china Harbi, que ya tuvo que sacar las turbinas Siemens en los dos casos. En Manzanillo están cambiando a GE y en Lerdo optaron por retirar turbinas y meter motores Wartsila.
A PROPÓSITO, EL director de Suministros Básicos de la CFE, Martín Mendoza, no conforme con haberle asignado directamente a su amigo, Juan Estrada, dueño de Impresiones Corona, un negocio de 950 millones de pesos para la impresión de recibos, se apresta ahora a repetir la fórmula en una nueva licitación para la adquisición y modernización de equipos para la atención de clientes, ésta por otros cerca de mil 100 millones de pesos. Mendoza está haciendo todo para que se la lleve Interlogic, de su también amigo Arturo Gutiérrez, empresa que elaboró, precisamente, las bases. Esta licitación se canceló a mitad del proceso el año pasado porque había sospechas del área de Adquisiciones de la CFE de que había dados cargados. ¿Y el señor Manuel Bartlett?