La Cuarta Transformación

CREtinos

Funcionarios y exfuncionarios de la CRE y ASEA cobran a los dueños de las estaciones de servicio entre 200 mil y 2 millones de pesos por agilizarles trámites y liberarles permisos.

DONDE LA CORRUPCIÓN se ha vuelto una forma de trabajo en este gobierno es en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y en la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).

Ángel Carrizales. (Ilustración de Nelly Vega)

Y el blanco favorito de funcionarios y exfuncionarios de esas dos instancias que hoy encabezan Leopoldo Melchi y Ángel Carrizales, son los dueños de las estaciones de servicio, a quienes les cobran por agilizarles trámites y liberarles permisos entre 200 mil y 2 millones de pesos.

Son alrededor de 500 solicitudes para nuevas gasolineras las que están atoradas en la CRE, pero si agregamos otros trámites como actualizaciones, cambios de nombre o de montos de inversión, la cifra puede dispararse hasta 15 mil peticiones.

La CRE es la única agencia del gobierno federal que dice que hasta que no se declare superada la pandemia de Covid-19 no levantará la suspensión de plazos, lo cual ha dado rienda suelta a una red de coyotes que se dedican a cobrar por los trámites.

El mercado negro de permisos está controlado por despachos de gestores vinculados a exfuncionarios de la CRE que fueron despedidos en el pasado reciente, mismos que operan en complicidad con algunos malos servidores públicos de adentro, los cuales a su vez operan coludidos también con funcionarios de la ASEA.

Las verificaciones son uno de varios puntos de partida: el modus operandi consiste en hacer visitas extraordinarias que por reglamento aprueba el presidente de la CRE.

Se selecciona una gasolinera, se les da aviso de la infracción y se les dice cuánto cuesta subsanarlo. Si el franquiciatario se niega a pagar el moche, interviene la ASEA. Hay de dos sopas: si se rehúsan se les cierra el negocio y si aceptan les dan un acta ‘a modo’.

Lo que son las cosas: el hijo de Leopoldo Melchi, Carlos Melchi Rojo, adscrito a la jefatura del Departamento de Inteligencia para la Inspección Industrial de la propia ASEA, es inspector federal de Gasolinas.

Otro dato: Melissa Anduaga Ramírez es subdirectora en la Unidad de Hidrocarburos de la CRE, funcionaria que desde esa posición cierra la pinza con el hijo de Melchi en la ASEA. Ella a su vez es nuera, no lo va a creer, del propio Leopoldo Melchi.

Apunte otro nombre: Eder Locadio Cerón, quien es el titular de la Unidad de Hidrocarburos de la CRE y jefe de Melissa. Este otro funcionario, Cerón, está casado con Lorena Ochoa Morales, funcionaria de la Secretaría de Energía que tiene atribuciones en la autorización de permisos de importación de hidrocarburos.

Guadalupe Phillips. (Ilustración de Nelly Vega)

PUES CON LA novedad de que la Secretaría de Energía, de Rocío Nahle, adjudicó la semana pasada a ICA-Fluor los cuatro paquetes que implican la reconfiguración de la refinería de Salina Cruz, en Oaxaca, un contrato no menor a los cuatro mil millones de dólares. A principios de abril le dimos cuenta que el plan era agregarle cinco nuevas plantas y una coquizadora para elevar las producciones de gasolina y diésel. El punto es que Samsung, que era el otro postor, no ganó nada y se inconformó. Esta compañía que representa aquí Javier Navarro había ofrecido financiar la construcción y cobrar con el incremental de la producción de Pemex. Al parecer el planteamiento no gustó mucho y se optó por el grupo que capitanea Guadalupe Phillips, que puso en la mesa un menor costo. La decisión de darle todo a ICA provocó enojo entre los coreanos, que también son contratistas de Dos Bocas. La respuesta fue inmediata porque ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a Sungan Choi, ni más ni menos que presidente y director general de Samsung. “Han cumplido y es probable que continuemos trabajando juntos”, escribió el tabasqueño en su cuenta de Twitter. Así que si en los próximos días se anuncia que la multinacional asiática participa en la refinería Antonio Dovalí Jaime, ya sabe por qué.

LA JUEZA 33 en Materia Civil de la Ciudad de México, Lizzet Urbina, concedió el viernes pasado al Grupo Financiero Banorte, que preside Carlos Hank González, medidas cautelares y decretó la suspensión de la ejecución de la sentencia del 29 de agosto de 2019 dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que condenaba al banco a pagar mil 200 millones de pesos a Altamont Securities Limited, que en 2007 inició un juicio ordinario en contra del entonces banco Banpaís por un pago de un millón 808 mil 354 pesos más rendimientos. Se trata del expediente fraudulento del que le platicamos el viernes, y donde una red de abogados están metiendo mano, ofreciendo sus buenos oficios a cambio de jugosas comisiones por arreglar el asunto, aunque ahora se hagan los desentendidos. No están en los expedientes, pero sus intervenciones están documentadas por el área legal del grupo que dirige Marcos Ramírez.

Carlos Arenas. (Ilustración de Nelly Vega)

EL ISSSTE LANZÓ la semana pasada un estudio de mercado para administrar la cadena de suministro de medicamentos, material de curación e insumos para la salud. La idea es que mueva unas 200 millones de piezas anuales, que a cinco pesos por unidad da para un contrato de mil millones de pesos. Sin embargo, el organismo dirigido por Pedro Zenteno está cerrando las bases para que el actual operador, Maypo, de Carlos Arenas y al que se le vence el contrato este mes, se quede otra vez con el negocio. El único que tiene dos almacenes que no están separados más allá de mil metros cuadrados, como establece el estudio, son ellos. Ya se imaginará el ánimo de competidores como Vantage de Arístides Torres, CIMSA de Gerardo Morán, ILS de Víctor Soto, GNK de Haruo Kano y Traxion de Aby Lijtszain, que ayer presentaron comentarios.

Ismael Reyes Retana. (Ilustración de Nelly Vega)

PRODUCTORES NACIONALES DE papa denunciaron en Economía de Tatiana Clouthier, Profeco de Ricardo Sheffield y el Senasica de Francisco Javier Trujillo a empresas estadounidenses que están exportando producto a México violando la NOM-051 de etiquetado. Autoservicios de Hermosillo, Monterrey, Guadalajara, CdMx, Los Mochis, Ciudad Obregón y Chihuahua venden papa estadounidense omitiendo registrar peso en kilogramos, lugar de procedencia, datos del productor e importador, valores nutrimentales, la leyenda “no apto para la siembra” y la obligación de que el empaque y embalaje sea en bolsas cerradas con un peso no mayor a 9.09 kilogramos. Los quejosos son representados por el bufete White & Case, vía Ismael Reyes Retana.

LOS 13 MIEMBROS que integran la Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicletas en México vienen pedaleando fuerte desde la pandemia y este año van a producir dos millones 100 mil unidades. Pero todavía no alcanzan los tres millones 600 mil que llegaron a tener hace años. Para ir a fondo ya tienen una nueva dirigencia encabezada por Jesús Fares Salvans y los vicepresidentes Alberto Moreno y Jorge Chahin, y una estrategia que va a operar Karol Viazcan Villanueva, que tiene como objetivo subir a todos a una bici para que México deje de ser medalla de oro mundial en obesidad infantil y adulta. Las marcas que están listas para rodar son Benotto, Apache, Mercurio, Monk, Turbo, Veloci, Magistroni, Cinelli, Supermex, Trejo, Nitro, Nahel y La Bici.

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