EL GOBIERNO DE Baja California asegura que no hubo recursos privados en las campañas políticas para las elecciones en ese estado el 6 de junio de 2021 y que ninguna autoridad los investiga. Falso de toda falsedad.
El 13 de junio pasado publicamos aquí que dinero privado, triangulado con empresas fantasma, aceitó la campaña del candidato de Morena, Víctor Manuel Castro, que a la postre ganaría la gubernatura.
“No sé de qué se trate, de qué hable. No sé por qué ese periodista se presta a dar una nota sin fundamento realmente”, declaró Alonso Gutiérrez, subsecretario de Economía estatal, señalado como el recaudador.
Pues bien, nos hicieron llegar fichas de depósitos bancarios, mensajes electrónicos y testimonios de cómo algunos empresarios, que hoy son funcionarios, hicieron la operación financiera para que la campaña estuviera bien aceitada.
El protagonista en este pase de charola fue el mismo que nos desmintió, Gutiérrez Martínez, pero también fue el encargado de hacer compromisos, a nombre de su jefe, con los padrinos de la campaña del candidato de Morena. El problema es que no ha cumplido y niega que los hechos ocurrieron.
Va tres botones de muestra: el 30 de septiembre de 2021 el “operador financiero” del actual gobernador recibió tres depósitos (tenemos copia) por 475 mil pesos, 315 mil pesos y 290 mil pesos por parte de uno de los padrinos de la campaña.
Tales depósitos se hicieron a nombre de empresas como Recuhem S.A. de C.V, en el primer caso; ASPRA Media Digital S.A. de C.V., en el segundo; y Grupo HBL Publicistas S.A. de C.V., en el tercero.
La idea era que los recursos se triangularan para que los gastos de campaña se diluyeran en empresas supuestamente no vinculadas al partido, pero se usaron para apoyar al candidato.
Estos fueron solo tres depósitos que se tiene constancia y es importante que tanto las autoridades electorales como fiscales y financieras investiguen estos apoyos que les fueron ‘pedidos’ a los empresarios para que una vez que llegara el nuevo gobernador se les dejara trabajar.
Así que lo dicho hace unas tres semanas: El INE de Lorenzo Córdova, el SAT de Raquel Buenrostro y la UIF de Pablo Gómez tienen materia qué investigar.
CON RESPECTO A la réplica que mandó el abogado de Altamont, Héctor Gómez Cervantes, es preciso aclarar que la condena a Banorte fue producto de maniobras fraudulentas, las cuales están siendo impugnadas por el equipo legal del propio banco que preside Carlos Hank González, lo que implica que el asunto aún se encuentra activo. También es importante aclarar que Banorte nunca consintió el dictamen pericial de donde se obtuvo el cálculo. Al contrario, la quejosa ha argumentado ante distintas autoridades que la opinión pericial empleada fue realizada con elementos engañosos y falaces por la persona contratada para hacerlo. Es más, en ocasiones anteriores estos individuos recurrieron a ese mismo informe que fue elaborado con base en artificios dirigidos a obtener un provecho propio, con la diferencia de que el mañoso intento siempre se perdió. Misteriosamente ahora se llevaron a cabo argucias para que ese mismo dictamen fraudulento prosperara, a pesar de que desde el 27 de mayo de 2017 se resolvió que los documentos de los que el perito se valió una y otra vez para reiterar sus torcidas conclusiones no debían ser la base de la liquidación. La tramposa operación resultó en un cálculo desproporcionado y abusivo que empleó un factor de rendimiento de tantas veces la inversión y no el porcentaje del monto total de la propia inversión. Al respecto, el banco que dirige Marcos Ramírez denunció los hechos, solicitando se inicie una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables para su vinculación a proceso por la comisión de una o varias conductas tipificadas como delito, tras haberse producido elementos que estructuran el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. No sobra decir que la constitución de Altamont no es el tema en cuestión: lo que se discute es que desde el 1 de mayo de 2008, fecha en la que fue dada de baja del registro de compañías en las Islas Vírgenes Británicas, dicha sociedad dejó de tener capacidad para disponer de sus bienes y a pesar de ello, en octubre de 2010, cedió los derechos litigiosos del juicio de Banorte mediante maniobras fraudulentas conducidas por quien fue su entonces director.
AYER OTRO AUDIO de Alejandro Gertz Manero exhibiendo la manera tan sui géneris como conduce la Fiscalía General de la República (FGR). Ahora conversaciones telefónicas donde se le escucha reclamando a Emilio Lozoya Thalmann un amparo que promovió la defensa de su hijo, e incluso le exige cambiar a “ese pinche bandido abogadete”, en alusión a Javier Coello Trejo, quien renunció en junio de 2020 a la defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Ese mismo abogado que fue bautizado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari como ‘el fiscal de hierro’, también fue contratado por el propio Gertz Manero y su familia en diversas ocasiones. Divorció a su hija y ‘rescató' a su hermano, Federico, del secuestro que denunció en que lo mantenía su concubina, quien fue acusada e intentó procesarla. Coello Trejo es un personaje interesante de la vida política del país: durante su paso por la función pública dejó claro que se puede hacer justicia sin mezclarla con la política, una lección que deberían tomar en cuenta muchos. Hoy es un exitoso y socorrido litigante y su despacho es de los más respetados del país. Haber pasado por el gobierno tantos años y transitado a la independencia en el ejercicio de la abogacía, manteniendo su reputación de eficacia, es algo que pocos pueden presumir.
EL PROCESO DE venta de Banamex se está contaminando por el entorno volátil que disparó las tasas de interés en los principales bancos centrales del mundo y por la descomposición de las economías por la guerra de Rusia en Ucrania. Esos dos factores no estaban en la hoja de ruta de Citi, que preside Jane Fraser, cuando anunció su decisión de desinvertir sus negocios de banca minorista en nuestro país. Ese negro panorama provocó que las valuaciones que originalmente se fijaron en Nueva York se desplomaran a mínimos que la parte vendedora no estaría dispuesto a aceptar. De hecho, las huestes de Manuel Romo ya recibieron ofertas no vinculantes que no se ajustaron a sus expectativas. Así que difícil que acepten malbaratar a la otrora joya de la corona de la banca mexicana.
DERECHO DE RÉPLICA
Sr. Director:
A propósito de lo publicado en la columna La Cuarta Transformación el 17 de junio, quiero hacer las siguientes precisiones.
Banorte no ha desactivado el juicio, por el contrario, ha perdido paulatinamente incidentes, apelaciones, amparos y recursos de revisión con los que busca evitar el pago al que se encuentra condenado en sentencia firme. El cálculo se realizó mediante un dictamen pericial consentido por Banorte y su entonces abogado Fernando del Castillo.
La constitución de la empresa Altamont Securities Limited en las Islas Vírgenes Británicas se llevó a cabo con total apego a las leyes que regían en ese momento. La cesión de derechos litigiosos está debidamente documentada ante notarios públicos sin que la misma haya sido declarada nula y sin que Banorte la haya impugnado.
Atentamente
Héctor Gómez Cervantes.