TRAS EL ASESINATO de los dos jesuitas en Chihuahua y los ataques de Andrés Manuel López Obrador a la Iglesia católica, en pleno luto, la curia vaticana encabezada por el papa Francisco, los obispos del país y las congregaciones religiosas que trabajan en México ‘excomulgaron’ ya al jefe del Ejecutivo y tomaron distancia de la 4T.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), integrada por cardenales, arzobispos, obispos mexicanos y superiores religiosos, es un secreto a voces que la relación con el inquilino de Palacio Nacional es un fracaso: no hay diálogo ni con él ni con su gobierno.
Y nada tienen que ver las creencias personales, cristianismo o masonería, del tabasqueño, sino que para él, su administración y su movimiento político, la Iglesia católica no existe como actor relevante, con todo y que de los 127 millones de mexicanos que hay 77.7 por ciento se consideran católicos: es decir, 7 de cada 10 individuos.
Durante el luto de los dos jesuitas el gobierno federal no tuvo ni palabras de consuelo ni actitudes de solidaridad con la Iglesia católica mexicana y, en especial, con la Compañía de Jesús, de la que el Papa Francisco es miembro.
Pero de cara al proceso electoral de 2024, las acciones que van a tomar los obispos y religiosos del país pueden influir en el futuro de la 4T y de su candidato presidencial. Y más cuando se ve a un Presidente en confrontación con las iglesias, ahora con la judía tras el penoso episodio con el publicista Carlos Alazraki, como no se había visto desde los tiempos de Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas.
Ante la actitud de Lopez Obrador, la Iglesia católica ha tomado dos caminos:
El de la denuncia: plantea que “el Gobierno no está haciendo lo suficiente para pacificar al país” y ahí están todos los jesuitas que se sienten agraviados, muchísimos obispos y otros religiosos.
En la Reunión Anual del Sistema Universitario Jesuita en México (CDMX, Guadalajara, León, Torreón y Oaxaca), los religiosos pusieron temas de la agenda de cara a los comicios presidenciales de 2024: ante la pobre respuesta de todos los niveles de gobierno y la negación sistemática de la inseguridad, los mexicanos deben presionar.
En México se vive un Estado fallido y una crisis de seguridad y la curia católica llama a los ciudadanos a generar presión y exigir un alto a la violencia.
El otro camino es más el largo y pugna por el diálogo y la reconciliación. Ahí hay un grupo ecuménico de 20 expresiones religiosas, desde católicos, bautistas, anglicanos, luteranos, budistas, islámicos y archimandritas rusos, hasta ONGs, universidades y grupos de familiares de desaparecidos por la violencia que están en un trabajo disruptivo por la paz y la reconciliación desde las comunidades.
Pero los que denuncian y los pacifistas son ‘voces en el desierto’ porque el presidente López Obrador y su gobierno no escucha, ni dialoga. Es un gobierno sordo, ciego y necio.
Los inconformes son cada día más y se están sumando en dos frentes: uno que confronta y está en el polo opuesto a la 4T y otro que busca sumar por la vía del convencimiento a los desplazados.
¿Y por qué no?, a alguna corcholata que busque la reconciliación y sepa que para ganar necesita una base más amplia. Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, ¿quién dice está boca es mía? Ricardo Monreal ya se les adelantó la semana pasada.
A PROPÓSITO DE la “J” de los jesuitas, otro frente que Andrés Manuel López Obrador se abrió innecesariamente, fue con otra ‘J’, la de los judíos, de ahí que se diga que la semana pasada el Presidente le declaró la guerra a las ‘dos jotas’. Para tratar de aminorar la afrenta que significaron sus dichos contra Carlos Alazraki, el inquilino de Palacio Nacional se cobijó en su buena, ciertamente, relación histórica que ha tenido con la comunidad. La apuntalaron con el correr de los años básicamente tres prominentes empresarios: Isaac Saba Raffoul, David Serur Edid y Marcos Fastlicht Sackler. Saba, quizás el industrial judío más influyente, creó el emporio petroquímico Celanese y después terminó adquiriendo a la poderosa cadena de distribución de medicamentos, Casa Autrey, que sus hijos, Alberto y Manuel Saba Ades, reconvirtieron a Casa Saba, solo para quebrarla. Serur, un prestigiado ingeniero civil, fue el artífice de los segundos pisos de la Ciudad de México y el primero que los construyó, precisamente, cuando López Obrador fue jefe de Gobierno, retomando una idea que originalmente fue de Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre. Tercia el blindaje de esa amistad Fastlicht, seguramente quien más cerca estuvo del tabasqueño porque le tocó presidir el Consejo de Participación Ciudadana de la PGR cuando aquél gobernaba la ciudad. Saba, Serur y Fastlicht le abrieron el camino a otros importantes hombres de negocios que representan a la Iglesia que ahora agravia y que nunca le retiraron su apoyo: Marcos Shabot, David Daniel, Abraham Metta, Salomón Kamkhaji, David Cherem, Félix Romano, Simón Galante, Jaime Fasja, Alán Zayat, Eduardo Caín, Moisés Farca, Alberto y Freddy Helfon, Abraham y Elías Cababié y Max, Moisés y André El-Mann, solo por citar a algunos de los más representativos.
ROCÍO NAHLE YA cierra su primer ciclo en el gobierno de la cuatroté. Con la entrega de la primera fase de la refinería de Dos Bocas, el viernes, se prepara su relevo en la Secretaría de Energía. Dos son los motivos: el primero, porque como titular de esa dependencia es un estorbo para la operación política que Andrés Manuel López Obrador realiza con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y el canciller Marcelo Ebrard, para reponer los contratos que hoy tienen bloqueadas inversiones por cuando menos 30 mil millones de dólares y que ponen a México en la mira de un panel Estado-Estado por violar el Tratado de Libre Comercio. El segundo es porque el Presidente la quiere poner a operar políticamente y en la refinería Olmeca ya no tiene mucho qué hacer, después de la faramalla de su inauguración, más que administrar una construcción que va a dar el primer litro de gasolina en cuando menos un año y medio. Junto con Nahle sale toda la mafia que incrustó en la Comisión Reguladora de Energía, empezando por su titular, Leopoldo Melchi, que ha sido el instrumento para detener las inversiones privadas. ¿A dónde se va Nahle? Las señales apuntan hacia la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, que encabeza un Jorge Arganis que en dos años en el puesto no ha hecho absolutamente nada.
EL QUE TAMBIÉN ya inició mudanza a la CdMx es el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. El 24 de septiembre entrega la administración del estado a Mara Lezama y se da por hecho que el hijo de don Nassim Joaquín Ibarra se incorporará a un puesto del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Los más avezados afirman que sería la Secretaría de Turismo (Sectur), que encabeza Miguel Torruco, quien pasaría a ocupar otra posición. De confirmarse la versión, Joaquín regresaría a una dependencia que conoce como la palma de su mano, pues fue subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la misma Sectur en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
PARA LOS QUE siguen dudando que México ya no es relevante para Prisa: la semana pasada los nuevos accionistas del conglomerado de medios forzaron a su presidente, Joseph Oughourlian, a echar del consejo a Roberto Alcántara, dueño de Viva Aerobús y del consorcio camionero de autotransporte de pasajeros IAMSA. El empresario mexiquense desembarcó en el grupo hispano en 2014 de la mano de Juan Luis Cebrián y Manuel Polanco y tras poner en la mesa 120 millones de euros. Alcántara estaba del lado de Santander y de Ana Botín, que tanto Oughourlian como sus nuevos aliados culpan de la crisis de Prisa. El mexicano ya prepara acciones legales.