LE PLATICABA LA semana pasada de la demanda que Altos Hornos de México (AHMSA) inició contra su auditor externo, Deloitte. Lo acusa de desconocer sus propios estados financieros y de renunciar a sus funciones por las que fueron contratados en octubre de 2018.
El caso ya se desahoga en el Juzgado 70 de lo Civil de la CDMX, en el que las huestes de Alonso Ancira le exigen la declaración y el reconocimiento judicial de incumplimiento del contrato de servicios profesionales.
Deloitte, que comanda aquí Francisco Pérez Cisneros, viene arrastrando una serie de expedientes controversiales, pues es y ha sido auditor externo de grupos que, o quebraron por malos manejos financieros, o están en esa ruta.
Apunte Crédito Real de Ángel Romanos, AlphaCredit de Augusto Álvarez y José Luis Orozco, Pinfra de David Peñaloza, Homex de Eustaquio de Nicolás y OHL en tiempos de José Andrés de Oteyza, entre otros.
En el caso de AHMSA se tuvieron asignados varios socios de Deloitte como responsables de la cuenta en el transcurso de los años. De los primeros apunte a Ernesto Cruz.
Este ejecutivo fue muy ‘cooperativo’ con la administración de Ancira, al grado que cuando se retiró de la firma se independizó en su empresa Jaroc y se le siguieron asignando trabajos especiales.
El siguiente socio fue Roberto Benavides, a quien le tocó lidiar fuertemente con Ancira, ya que se le pedía constantemente ‘ajustar’ cifras y que los dictámenes de estados financieros salieran sin salvedad.
Situaciones como meter como activos tiraderos de chatarra que existían de la empresa por más de 40 años para mejorar los EBITDA, o por lo contrario, decrementar utilidades para no pagar tantos impuestos y reducir el PTU.
Fue justamente en esa época cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador empezó a investigar la relación entre AHMSA, Odebrecht y Pemex y el papel de Emilio Lozoya Austin, en el que saldría a relucir el maquillaje de las cifras de Deloitte.
El último socio asignado a AHMSA fue Carlos López, quien también fue duramente presionado para que manejara ‘a modo’ el Comité de Auditoría en cada junta trimestral de Consejo, manipulara información financiera y no acatara las instrucciones para tener estados y proyecciones financieras acordes con la venta de la acerera que resultara en beneficio de sus accionistas.
Dentro de las muchas cosas que Deloitte conoció, fueron los ‘contratos especiales’ que se manejaban al interior del Grupo Acerero del Norte, controladora de AHMSA, Minosa y Micare.
Al final Deloitte se retiró en enero de 2020 como auditor externo de AHMSA por todas las situaciones irregulares encontradas en los últimos años, manifestando la pérdida de la confianza.
Por esa misma razón el equipo de la auditora que preside globalmente Punit Renjen informó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Bolsa Mexicana de Valores evitar confiar en su informe anual de auditoría 2018, emitido en abril de 2019, revocando su consentimiento para incluirlo en el reporte anual AHMSA 2018.
Y atrás vienen muchas empresas y emisoras más en circunstancias parecidas, un tsunami que los laxos reguladores dejaron crecer desde los gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La comisión a cargo ahora de Jesús de la Fuente tiene una papa caliente.
POR CIERTO QUE la película que se está poniendo interesante es la de Crédito Real, que arrastra pasivos por unos 53 mil millones de pesos y que ya quedó en medio de una batalla entre bancos comerciales prestamistas y tenedores de bonos. Banorte de Carlos Hank González reclama unos 2 mil millones, BBVA que dirige Eduardo Osuna cerca de 700 millones, Scotiabank que lleva Adrián Otero alrededor de 600 millones y Santander que preside Héctor Grisi aproximadamente otros 400 millones. Mención aparte Nacional Financiera, con la friolera de 2 mil 400 millones. Lo inaudito es que el banco del gobierno que dirige Luis Antonio Ramírez es acreedor común, es decir, no está garantizado. A su vez los bondholders traen unos 2 mil 100 millones de dólares y siguen presionando con el Chapter 11 involuntario en Nueva York. Los bancos no descartan acciones legales precisamente contra Deloitte por el desaseado análisis financiero que avaló en la administración de Ángel Romanos Berrondo. Pidieron a EY una auditoría forense, pero la firma dirigida por Víctor Soulé declinó. Lo mismo sucedió con PwC, al mando de Ana Paula Jiménez. Solo les queda KPMG, que capitanea Víctor Esquivel. Increíble cómo se cuidan las espaldas las llamadas ‘Big Four’.
A PROPÓSITO DE estrategias contables, ayer le refería el caso de Alsea y la nueva ofensiva emprendida por la 4T, que busca el pago de unos 3 mil 881 millones de pesos por la compra de la cadena de Vips a Walmart en 2013. Le platicaba que los sabuesos de Raquel Buenrostro pidieron el apoyo del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que no chistó en presionar a los principales ejecutivos de la firma estadounidense, empezando por su entonces CEO, Enrique Ostale, y sus vicepresidentes de Finanzas, Rafael Matute, y de Asuntos Legales, Alberto Sepúlveda. De hecho este último sería reclutado por el emporio de Sam Walton desde el bufete White & Case del que era socio para preparar la desincorporación de Vips diseñando un esquema para reducir el pago de impuestos, en el que se le asignaba solo 5 por ciento del valor total de la operación a la marca Vips, contra 85 por ciento del valor de las acciones y 15 por ciento el valor de los inmuebles. Esto fue lo que a la postre disparó la controversia con el SAT, incluso ya desde el gobierno de Enrique Peña y que hoy tiene contra la pared a los hermanos Cosme y Alberto Torrado.
PUES CON LA novedad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó la solicitud de atracción de Santander y rechazó, por cuarta vez, el estudio del juicio seguido por las herederas de Roberto Garza Sada por la responsabilidad incurrida por el banco que dirige Héctor Grisi en la administración de un fideicomiso testamentario. Con ello, los ministros de la Primera Sala, que encabeza Margarita Ríos-Farjat, dejaron constancia de su independencia al no ceder a la presión ejercida por Ana Botín a efecto de que fuera revisada la sentencia que resolvió en forma definitiva la controversia y condena un pago de alrededor de 800 millones de dólares a las hijas del fundador de Grupo Alfa.
SK GROUP ES otro consorcio coreano que va a instalarse en nuestro país. Ayer en Seul, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió con su presidente, Chey Tae-won, quien le manifestó su interés de invertir alrededor de 360 millones de dólares en una primera etapa para una planta fabricante de baterías de storage para energía solar. SK incluso podría ampliar sus inversiones hasta los 500 millones de dólares en una instalación que estará en el norte del país. Son líderes en tecnología de electromovilidad y suministro de energías intermitentes. El lunes Samsung Electrics, que dirige aquí Sang Jik Lee, anunció otra inversión de 500 millones de dólares en el rubro de electrodomésticos.
DERECHO DE RÉPLICA
Sr. Director
Respecto a la columna La Cuarta Transformación del 5 de julio, hacemos las siguientes precisiones.
El caso no ha tenido ningún cambio, por lo que sigue siendo falso el supuesto “camino abierto para ejecutar la sentencia”, o que la situación jurídica del banco “se complique cada día”, como también lo es que el banco deba hacer reservas, o que haya una condena en firme pues el caso sigue en proceso.
Es incorrecto también que el banco incumplió con un pago de una garantía. Lo que realmente ocurrió es que la institución presentó un recurso de queja contra esa garantía, mismo que está en curso y por ende no hay obligación de hacer depósito alguno.
Santander ha aportado los elementos para acreditar que cumplió con sus responsabilidades, incluyendo documentos notariados que acreditan la voluntad del Sr. Garza Sada. Es por esta razón que las primeras dos instancias le fueron favorables.
Atentamente
Gamal Durán Castellanos
Director Ejecutivo de Comunicación Externa
Banco Santander México.
RESPONDE EL COLUMNISTA
Si bien el banco presentó un recurso de queja, dicho recurso no suspendió la obligación de exhibir la garantía de mil seiscientos millones de pesos, por lo que el plazo de cinco días para exhibirlo se venció. Conforme al artículo 136 de la Ley de Amparo establece que los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada. Por tanto, el cambio en el proceso se dio en razón de que el banco no cumplió con el plazo de cinco días para exhibir la garantía relativa a la suspensión que solicitó, por lo que el Tribunal de Nuevo León quedó en libertad de ejecutar la sentencia.
En cuanto a las primeras de las dos instancias que fueron favorables a Banco Santander fueron revocadas por haber sido dictadas en forma contraria a Derecho, determinando el Tribunal Colegiado, que es el Tribunal de última instancia, que las cartas con las que se dispuso del patrimonio son falsas y que el banco está obligado a indemnizar. Esta sentencia constituye cosa juzgada.