¿MÉXICO DEJARÁ DE importar gasolina y diésel el próximo año? Ese es el compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con base a lo proyectado por la Secretaría de Energía, a cargo de Rocío Nahle.
Para ello se han realizado inversiones a fin de aumentar la capacidad de refinación de Pemex, que dirige Octavio Romero, ampliando el Sistema Nacional de Refinación de seis refinerías a ocho.
En esa estrategia encajó la adquisición de Deer Park, en Houston, y la construcción de Dos Bocas, en Tabasco. A ello se suman otros proyectos anunciados durante la inauguración de hace una semana.
Para procesar coque, Pemex concluirá la construcción de la coquizadora de la refinería de Tula, Hidalgo, la cual se inició en 2014 y quedó suspendida en 2016.
Asimismo, recién le informé que el gobierno de la 4T adjudicó a ICA, que encabeza Guadalupe Phillips, un contrato para construir una coquizadora en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca.
Apunte el Centro Procesador de Gas de Burgos de Tamaulipas, que cuenta con una planta fraccionadora para procesar unos 20 mil barriles diarios para producir precursores de gasolina y diésel.
Asimismo, Pemex ya trabaja en la construcción de la unidad de proceso CCR (ciclo de reformado catalítico), en el complejo petroquímico de la Cangrejera.
La unidad tiene una capacidad de procesamiento de 27 mil 500 barriles por día de nafta. También se contempla reducir la importación de gas natural.
Para esto último se retomará el proyecto del yacimiento Lakach, en aguas profundas frente a las costas de Veracruz, para explotar una reserva estimada en 900 millones de pies cúbicos de gas natural.
Lakach se le asignó a New Fortress, del magnate Robert Edens, el amigo de Barack Obama y socio de Larry Fink, el mandamás de BlackRock, que recién trajo a Palacio Nacional el embajador Ken Salazar.
ANTONIO DEL VALLE se retiró de la puja por Banamex, al igual que lo hiciera mucho antes Ricardo Salinas Pliego. Sin embargo el presidente vitalicio del Banco Bx+ dejó armado un andamiaje de empresarios que le acompañaron en la primera etapa, algunos de los cuales ahora buscan cómo sumarse a Germán Larrea, quien en los hechos terminó retomando el proyecto de la mexicanización de Banamex que originalmente Andrés Manuel López Obrador le encomendó a Del Valle Ruiz. Como desde el principio sostuvimos aquí, Santander, de Ana Botín y que dirige Héctor Grisi, se estrellaría con la voluntad del inquilino de Palacio Nacional que no quiere que el llamado “Banco Nacional de México” termine en manos de un extranjero. Por lo que hace a Banorte, que si bien tiene al frente a la familia mexicana de Carlos Hank González, su capital está en manos, también, de fondos extranjeros. Si Santander o Banorte compran cerrarán la mitad de las sucursales y echarán a la calle a miles de empleados de Banamex. ¿Carlos Slim e Inbursa? Ya lo dijo López Obrador: “el empresario más austero”, que tampoco chistara en tasajear a Banamex, amén de que querrá que le regalen el banco, cosa que se ve difícil que malbarate Citi. Larrea no tiene banco, su trámite ante la Comisión Federal de Competencia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sería expedito y hoy está líquido por el disparo en los precios internacionales del cobre. Mientras más rápido venda la señora Jane Fraser mejor. El tiempo es el peor enemigo de Citi.
EN UN HECHO inusual, desde que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como Presidente de la República, ayer mandó una señal contundente de respeto al Estado de derecho. Nos referimos a lo que dijo respecto de un caso controversial que trae aparejado diversos juicios, demandas y litigios entablados entre Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, y el SAT, que comanda Raquel Buenrostro. Fue en la mañanera de ayer donde el propio Presidente expresó su voluntad de resolver el asunto y reconoció que, en caso de existir algún cobro injusto o indebido de impuestos, o la incorrecta doble tributación por conexidad, tanto en la causa como en los pagos en perjuicio de la empresa, se repondrá el proceso. Esta es una victoria, ya que las instituciones judiciales del país finalmente están respetando los principios básicos de legalidad y de derecho. El despacho de abogados que desde principios de este año analizó a profundidad y, en estricto apego a derecho, dio argumentos contundentes para lograr lo anterior, es Gastélum Abogados. Pronto quedará resuelto este asunto, uno de los más relevantes, o quizá el más relevante, en los últimos tres sexenios en materia fiscal y constitucional.
ESTE MARTES LA Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el recurso de revisión presentado por SAP México, que era la última instancia legal a la que podría recurrir el gigante alemán del software que preside Christian Klein. Con ello quedó firme la condena de 30 millones de dólares que tendrá que pagar a Dominion Smart Innovation y Mexel, que dirigen Michel Yehuda. Si incumple le pueden congelar cuentas e incluso retenerle los derechos de cobro de licencias a terceros, principalmente bancos, que se verían obligados a consignar ante el juez ejecutor las regalías causadas con el consecuente impacto reputacional que ello implicaría. Otra vía es el embargo. De hecho existe uno desde hace cuatro años por 10 millones de dólares y que ahora se hará definitivo. La defensa de SAP estuvo a cargo de Mario Antonio González de la firma Jones Day y la de Dominion Smart Innovation y Mexel por Jordi Oropeza, de Oropeza Abogados.