LA ESTRECHA CERCANÍA del líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez con Telmex, y los múltiples antecedentes que hay en la historia de ese operador de telecomunicaciones, hacen dudar sobre el trasfondo de la huelga que estalló la semana pasada.
Si bien el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana la levantó horas después, se abrió un periodo de 20 días para que la empresa propiedad de Carlos Slim Helú y que dirige Héctor Slim Seade y las huestes de Hernández Juárez resuelvan sus diferencias.
Ejemplos hay muchos de cómo a lo largo de los años este sindicato ha sido utilizado como instrumento de presión de Slim en contra de los órganos reguladores, fundamentalmente activando emplazamientos a huelga que han coincidido con los momentos en que estaba por imponerse alguna medida regulatoria, cuando recién se había impuesto, o en algunas ocasiones especiales, para presionar a las autoridades para modificar alguna de esas medidas.
También para cuestionar y presionar a operadores propiedad de extranjeros, como los casos de AT&T, que preside Mónica Aspe y Telefónica-Movistar, al mando de Camilo Aya, ahora, pero en su momento contra competidoras como Avantel o Alestra.
Se sabe que en lo que va de la actual administración, de la mano de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se presionó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para modificar algunas fechas fatales vinculadas con el proceso conocido como separación funcional.
El órgano regulador había obligado a Telmex a separar claramente la operación y gestión administrativa de los servicios que presta directamente al público, de los servicios que presta a otros operadores de telecomunicaciones, conocidos como servicios mayoristas.
Tal presión rindió sus frutos cuando el IFT, al mando de Gabriel Contreras en aquel momento, modificó los plazos de acuerdo con lo que pedía Telmex.
No debe pasarse por alto que además de la cercana amistad que une a la ministra en retiro y su familia con la familia Slim, es ampliamente conocido que muchos asuntos vinculados con las empresas del Grupo Carso y Telmex han pasado por las notarías vinculadas con la hoy presidenta del Senado.
Incluso ha trascendido que en algunas de esas reuniones a las que la entonces titular de Gobernación, junto con la secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, inexplicablemente citaban a comisionados del IFT, y a las que simultáneamente se convocaba a directivos de Telmex, representantes del STRM y hasta a servidores públicos de otras dependencias, se llegó a sugerir a estos, que una forma de ayudar a aliviar las presiones financieras de Telmex podía ser que se le permitiera prestar el servicio de video.
Así que para muchos está claro que el ingeniero Slim, aprovechando la contingencia política que atraviesa la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador por la solicitud de consultas de Estados Unidos por los posibles incumplimientos de nuestro país en materia energética, decidió utilizar de nueva cuenta al sindicato de telefonistas para que en medio de esta presiones, pueda extraer algún nuevo beneficio que no ha obtenido hasta ahora.
Tales beneficios pueden ir desde bajarle el tono a algunas obligaciones que se le han impuesto como agente preponderante de las telecomunicaciones, frenar algunas sanciones que se sabe están en proceso de análisis en el IFT, o bien, obtener la ansiada autorización para prestar video o televisión en nuestro país.
Ahora bien, la secretaria del Trabajo tuvo un papel clave en la solución temporal del diferendo anunciado el viernes, temporal porque en los siguientes 20 días se supone deberán llegar a un acuerdo sindicato y empresa.
Pero habrá que estar atentos ante la eventualidad de que, sin conocer a fondo los problemas regulatorios, no comprometan su papel para los fines estratégicos del hombre más rico de México.
AQUÍ HEMOS SEGUIDO los actos de corrupción en los que ha estado envuelta la empresa gubernamental Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), en especial con lo relacionado a la adquisición de medicamentos que Pedro Zenteno realizó en 2021 en contubernio con su equipo de trabajo. Birmex informó en febrero de 2021 sobre la adquisición de 3.6 millones de unidades de productos farmacéuticos indispensables en el manejo de enfermos críticos de Covid-19, sobre los cuales hubo desabasto absoluto desde septiembre de 2020. Por todo lo alto el laboratorio y el gobierno federal informaron que dicha empresa logró “traer el mayor cargamento de medicamentos que serán distribuidos en los hospitales del sector público, cosa que no ha logrado ningún otro país en todo el mundo por la escasez de medicinas que se ha registrado a nivel mundial”. Es relevante recordar que a finales de 2021 los medicamentos que tenían relación con el tratamiento Covid escaseaban a tal punto que se planteó la opción de sustituirlos con otros productos. Incluso, la Secretaría de Salud de Jorge Alcocer emitió una guía de sustitución de los sedantes propofol y midazolam, entre otros. Zenteno y su equipo tienen antecedentes de abuso y extorsión mediante documentos falsos en perjuicio de proveedores al servicio del Estado. Birmex, bajo la dirección de Zenteno, adquirió medicamentos necesarios para tratar Covid por la cantidad de casi tres mil millones de pesos a empresas de Lituania, España y México. No se tiene información si estos pagos se realizaron o si estas empresas internacionales forman parte de la lista de proveedores que han sido víctimas del equipo del actual director del ISSSTE. Zenteno Santaella y su gente han sido señalados de cometer presuntas omisiones y que, desde su oficina, se emitieron “documentos falsos” que provocaron un desfalco por más de 800 millones de pesos, hecho que ha sido denunciado ante el nuevo director, el general Jens Pedro Lohmann Iturburu, que seguramente ha iniciado una auditoría e investigación. Jorinis, proveedora de medicamentos de Lituania, ha iniciado ya acciones legales en contra de Birmex para reclamar el pago de las deudas que la empresa gubernamental tiene con su compañía y denuncias penales por la falsificación de documentos en contra de quienes resulten responsables.
SI EN ALGO coinciden diversos analistas es que el legado más relevante que deja Omar Fayad en Hidalgo son los avances en materia económica. Son 70 mil millones de pesos de nuevas inversiones que llegaron al estado, cifra por demás relevante incluso para estados como Nuevo León o Querétaro. Empresas como AB Inveb, Giant Motors, Envases Universales, Alstom, Engie, entre muchas otras, señalan a José Luis Romo, primero como secretario de Desarrollo Económico y posteriormente como secretario de la Política Pública, como uno de los principales artífices de este logro. Y para muestra basta un botón: de la mano de Grupo Modelo logró poner en operación la planta cervecera más moderna del mundo y una de las más grandes en tan solo 364 días. Cuentan los CEOs de estas grandes empresas que la fórmula utilizada es una muy buena preparación técnica para entender los proyectos de gran calado, un claro conocimiento del mundo de los negocios, así como trasparencia en el manejo del servir público. Para los gobiernos estatales que arrancan este año, valdría la pena voltear a ver lo que Romo hizo en Hidalgo.
AQUÍ LE EXPRESAMOS reiteradamente que Santander terminaría retirándose de la puja por Banamex. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido enfático al señalar que no quiere que el denominado ‘Banco Nacional de México’ quede en manos de extranjeros. Pero también jugó en contra de las pretensiones de la institución de Ana Botín el factor financiero. Santander enfrenta varios desafíos en Europa y no está para distraer recursos en una compra como la que promueve Citi. Tan no está en su mejor momento el banco español que ofreció una cantidad que apenas llegó a la mitad de lo que espera el grupo que preside Jane Fraser, dato que deberá tener muy presente Banorte, que también se sabe que está dispuesto a poner en la mesa una propuesta razonable.