UNO DE LOS secretos que la administración de Felipe Calderón guardó celosamente, fue la forma como la autoridad aeronáutica de entonces recuperó la categoría 1, después de haber sido degradada por la misma Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).
En un lapso de seis meses, México ya estaba listo para recategorizarse y lo hizo en una especie de fast track, con lo cual fue posible que las nuevas empresas de bajo costo que surgieron en la época, Volaris e Interjet, abrieran para ellas el mercado estadounidense, que es el más importante para turismo, para comercio de mercancías y para los migrantes que van a trabajar allá y regresan en los periodos vacacionales.
Este último mercado no es poca cosa: hay aeropuertos que sobreviven gracias a la migración, como Morelia, que no suele tener otro tipo de vuelos.
La carga empieza a ser un factor importantísimo para nuestro país porque las cadenas de suministro de China están rotas y México se ha convertido en un potencial proveedor. Y no se diga el mercado del turismo que tiene en Estados Unidos al principal proveedor de divisas. No verlo es de una ceguera absoluta.
Pero algo así parece estar pasando en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con algunos de los funcionarios reclutados, de entre los retirados de las Fuerzas Armadas que comanda el general secretario Luis Cresencio Sandoval.
Resulta que, como la zorra que no pudo comer el racimo de uvas porque le quedaba muy por encima de sus posibilidades, algunos funcionarios del gobierno de la 4T han decidido que “al fin que ni queríamos”.
Envueltos en la bandera del nacionalismo, se están empezando a crear la idea de que la recuperación de la categoría 1 ni falta que hace, a pesar de los millones de dólares que dejan de venir al país porque las aerolíneas de Estados Unidos venden boletos y sus ingresos se quedan allá. Recordemos que ellos tienen el 70 por ciento del mercado binacional.
Recientemente en la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que encabeza el general Carlos Antonio Rodríguez Munguía, se rompieron lanzas con la industria, léase aerolíneas, grupos aeroportuarios y gremios profesionales, que estaban colaborando con recursos técnicos, humanos y hasta financieros para apoyar a la AFAC.
Todo parecía fluir bien desde que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, recibió en su oficina a todos los representantes de la industria y el gobierno para pedirles que trabajaran juntos.
Pero algo pasó y el general Rodríguez ya no tiene quién le ayude. Lo peor es que ahora la postura se está radicalizando, al punto en que los argumentos han pasado del ‘no puedo’ al ‘al fin que no quiero’.
Esta actitud se asumió después de que en la última visita técnica de los auditores de la FAA, que se llevó a cabo hace un mes, no sólo no se cumplieron los 28 puntos que supuestamente ya estaban arreglados, sino que se encontraron muchas inconsistencias entre el decreto de creación de la AFAC y lo que señalan los anexos 1, 6 y 8 de la Organización de Aviación Civil Internacional.
Muy grave la cuestión, porque sin categoría 1 el país no va a poder traer más turistas y darle servicio a los migrantes.
Pero regresando al secreto de Calderón y su entonces subsecretario de Transportes, Humberto Treviño que permitió recuperar la preciada categoría 1, la solución fue justamente el apoyo de la industria.
En particular, de los gremios que cedieron personal casi gratuito para el acompañamiento a la entonces Dirección General de Aviación Civil. Pero ahora Rodríguez Munguía rechaza cualquier soporte.
Muy difícil se verá que pueda cumplir con la única misión que le encargaron en la reunión de la Secretaría de Gobernación, donde por cierto se encontraban sus jefes y el general secretario Sandoval.
POR CIERTO, EL Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) sigue sin despegar. Según datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que dirige Carlos Rodríguez Mungía, en junio pasado realizó 349 operaciones, 11 menos que el mes anterior, y tuvo un volumen de 32 mil 350 pasajeros totales, cifra menor a los 35 mil 129 de mayo y los 34 mil 981 usuarios de abril. Al hacer las comparaciones del AIFA con otros aeropuertos, las diferencias son abismales. El número de pasajeros de tres meses de la terminal de Santa Lucía son los que mueve en un solo día el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Solo en abril, el vapuleado AICM movilizó 4 millones 6 mil 797 personas en 32 mil 851 operaciones. El Felipe Ángeles se encuentra muy lejos del movimiento de aeropuertos como el de Tijuana, Los Cabos y Cancún. Este último transportó dos millones 490 mil 479 personas solo en junio. La ruta del Turibús a los museos del AIFA inaugurada por los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México parece más una medida desesperada así como inútil ante la realidad: aún con precios más bajos, el mercado no está demandando los servicios del AIFA. Con todo y la falta de mantenimiento, los usuarios prefieren volar desde el AICM e incluso las aerolíneas prefieren otras opciones. El mes pasado reanudó operaciones el Aeropuerto Internacional de Toluca con 14 vuelos diarios de Volaris, dos más que el AIFA y con precios similares o más bajos.
EN LA ÉPOCA que fue directora ejecutiva del Centro de Justicia Alternativa, María Claudia Campuzano Caballero, la mediación pública y privada se detuvo ante el beneplácito del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx, Rafael Guerra. En mayo llegó la nueva directora, que tiene formación de mediadora con número 606, por lo que todos pensaron que la atención y la profesionalización se mejorarían de inmediato. Y no solo eso, se esperaba que la mediación le quitara miles de juicios a los tribunales por ser el mecanismo de solución de conflictos más barato y expedito. Pero Ana Martha Alvarado Riquelme está aplicando a rajatabla la máxima de la 4T: echar la culpa al antecesor para ocultar su incompetencia. A la fecha hay cientos de mediadores privados que han cumplido los requisitos para continuar en esa función desde hace más de un año y nada. Nadie resuelve nada y tienen detenida su recertificación. Principalmente los bancos y Sofomes que utilizan este mecanismo para convenir con sus acreditados ya resienten la falta de mediadores. Claudia Sheinbaum debería poner atención a esta situación de justicia alternativa.
LOS GOBERNADORES DE Morena, los nuevos y los que llevan muchos meses en el ejercicio del poder, coinciden en dos cosas: no hay dinero y el peregrinar entre el Palacio Nacional y la Secretaría de Hacienda para pedir auxilio financiero tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador como a su escuderon financiero, Rogelio Ramírez de la O, puede tardar varios meses y no necesariamente será exitosa. Los nuevos gobernadores morenistas de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; de Sonora, Alfonso Durazo; de Colima, Indira Vizcaíno Silva; y Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, al igual que el de Veracruz, Cuitláhuac García, tienen problemas para pagar a sus proveedores de obras. Apenas están saliendo con pago de nóminas, pero no hay recurso para nuevos proyectos. Los nuevos gobernadores de Hidalgo, Julio Menchaca; de Oaxaca, Salomón Jara; Quintana Roo, Mara Lezama; y de Tamaulipas, Américo Villarreal, van de sorpresa en sorpresa porque apenas se están enterando que las finanzas de esos estados están al borde de la insolvencia y la federación no les va a rescatar.
EN LA FISCALÍA General de Justicia de la CDMX, que lleva Ernestina Godoy, avanzan cuando menos cuatro carpetas de investigación abiertas entre 2020 y 2021 por denuncia del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo. Todas tienen que ver con el delito de fraude contra sujetos que, ante particulares, ofrecieron interceder con el otrora funcionario para detener o evitar una posible investigación sobre lavado de dinero. En repetidas ocasiones, según se lee en las carpetas CI-FIAR/B/UI-13SD/0077/12-2021, CI-FIAR/B/UI-8SD/0015/03-2021, CI-FIAR/B/UI-2SD/006/09-2020, CI-FIEAE/D/UI-2CD/165/11-2020, Nieto Castillo identificó y denunció penalmente actos en los que personas presuntamente investigadas, desesperadas por arreglar su situación, entregaron fuertes sumas de dinero a quienes se hacían pasar por gestores ante esta oficina de la Secretaría de Hacienda.
EN UNAS DOS semanas el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, está llamado a comparecer en la Fiscalía General de ese estado por un presunto desfalco de 12 mil millones de pesos (de los cuales 123 millones correspondían a participaciones federales) para la construcción de una planta fotovoltaica con la empresa Next Energy, con la que ya se llegó a un acuerdo para que diera por finalizado el contrato. Junto con Bonilla se deberán presentar el 15 de agosto en la Fiscalía de Iván Carpio nueve de los miembros de su gabinete, también denunciados penalmente por la gobernadora Marina del Pilar por supuesto peculado y coalición de servidores públicos.
LA COLUMNA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN VOLVERÁ A PUBLICARSE EL MARTES 16 DE AGOSTO.