LA RESOLUCIÓN DE la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confirmó el fuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como gobernador de Tamaulipas, fue sólo un tanque de oxígeno para el panista.
Ese tanque tiene caducidad de un mes, cuando se le cumpla el periodo de gobierno y abandone su cargo constitucional: entonces tendrá que enfrentar un creciente cúmulo de imputaciones ante la justicia.
El próximo 1 de octubre lo relevará el morenista Américo Villarreal, quien lleva tiempo nutriendo diversas carpetas de investigación sobre irregularidades en las contrataciones de su antecesor, mismas que en las próximas semanas se convertirán en denuncias y, en unos 30 días más, en procesos judiciales.
Al delito de fraude fiscal que ocasionó su desafuero se le sumarán querellas por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y peculado, construidas ya con información extraída del gobierno estatal, analizada y sistematizada por el equipo del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, asesor externo de Villarreal.
Entre los expedientes que se judicializarán se encuentra el de la concentración irregular de recursos en cuentas bancarias de cinco empresas proveedoras del estado de Tamaulipas, las cuales, según las indagatorias, recibían de otros proveedores entre 10 y 15 por ciento de los anticipos, estimaciones y finiquitos por contratos de obras.
Se identifican nueve cuentas bancarias en BBVA, Citibanamex, Banorte, Santander y Banregio pertenecientes a las firmas Inmobiliaria y Desarrollos Urbanus SA de CV, Arquemesis SA de CV, Altesa Mantenimiento SA de CV, Urbitem SA de CV y Rolarac Mantenimientos SA de CV, a las que se dirigieron lo que se presume serían “moches” de proveedores para obtener contratos.
Algunas de estas empresas, constituidas principalmente en los estados de Quintana Roo y Chiapas entre los años 2012 y 2017, cuentan ya con antecedentes de corrupción.
Por ejemplo, Inmobiliaria y Desarrollos Urbanus, creada el 22 de diciembre de 2016 en Cancún, participó en una red que sustrajo irregularmente 428 millones de pesos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).
Tiene como accionista a José Alfredo Neria Cámara, también representante legal de razones sociales involucradas en el millonario desfalco a la UAT, a través del equipo de futbol Correcaminos de Tamaulipas.
El funcionario responsable en este caso es el secretario de Administración de la universidad y primo del gobernador, Víctor Hugo Guerra García.
La mencionada información llegará en los próximos días a la delegación estatal de la FGR y, en especial, al agente del ministerio público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Se descartan querellas en la Fiscalía General de Justicia del Estado por estar bajo el mando de Irving Barrios, colocado ahí por el gobierno panista.
EL JUEVES PASADO en la Torre de Pemex Octavio Romero se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Llamó la atención la presencia de Jesús Rodríguez Dávalos, socio principal del despacho legal Rodríguez Dávalos. Tiene un expediente largo con la petrolera. Del reporte de auditoría de KPMG 2016-2017 resultó denuncia penal contra Jaime Calpe, por administración fraudulenta y conflicto de intereses, al prestar servicio al mismo tiempo como director de la filial de MGITAG, la que construyó el gasoducto Los Ramones, y ser empleado de ese bufete. Redactó los contratos relacionados con la construcción de la fraccionadora de Trafigura en Burgos, suscritos en 2015 y adversos al interés de Pemex, siendo representante legal de dicha empresa. También hizo un irregular acuerdo base de ventas de primera mano de gas natural para la empresa Abent 3, de Abengoa, en Ciudad Pemex, que comprometió a la compañía del Estado por encima de lo que permite la ley. Representó legalmente a diferentes competidores del gobierno, entre ellos a White Eagle Trading, comercializador de gas natural, del que además es socio. Por todo lo anterior, y al ser Rodríguez Dávalos representante legal de comercializadores privados que le compiten a Pemex, ojalá Romero tenga cuidado a quien le abre la puerta.
TRAS CUATRO AÑOS de las denuncias penales presentadas por Go Gaba contra de Coca-Cola, nada ha detenido las conductas irregulares de la Fiscalía General de Justicia de la CdMx, ya que la ministerio público Kathleen Citlali Marín Stokke aprobó una resolución para el “no ejercicio de la acción penal” en la investigación por el delito de revelación de secretos comerciales en que incurrió la multinacional refresquera en perjuicio de Go Gaba. Efraín Cárdenas Reyes, abogado de ésta, impugnó dicha resolución ante juez de control, quien de forma inmediata revocó dicha determinación de la Fiscalía capitalina. La jueza, Flor de María Paz Muñozcano, además señaló que la fiscalía a cargo de Ernestina Godoy en su resolución para cerrar las investigaciones se habría valido, en beneficio de la refresquera que defiende Fernando Gómez Mont, de una hipótesis que no existe en la ley, además de que no habría agotado las líneas de investigación dentro del proceso.
EL TITULAR DE la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, Óscar Flores Jiménez, se autodefine como el mejor amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su hijo, Andrés López Beltrán. Desde su llegada a esa dependencia las trabajadoras le imputan varias conductas inapropiadas, especialmente la de misógino, ya que ha despedido de sus puestos a más de 16 mujeres. ¿Quiénes serán las siguientes que intente correr en los próximos días? A la salida de Esteban Moctezuma hizo propaganda para quedarse como secretario. A él se le atribuye el escándalo durante la pandemia por la compra de cubrebocas en 90 pesos, cuando su precio real era de 18 pesos.
LE DECÍA AYER que Santander México, presidido por Héctor Grisi, se fue a demandar penalmente a los magistrados a sus contrapartes que ya le ganaron el juicio emprendido por las hijas del fundador de Grupo Alfa, Roberto Garza Sada. Además de María del Carmen, Gabriela y Viviana Garza Delgado, la institución española condenada a pagar en última instancia más de 800 millones de dólares, la emprendió contra los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Monterrey que no le dieron la razón. Hablamos del ponente del caso, Juan Antonio Trejo Espinoza, y Antonio Ceja Ochoa. Curiosamante el magistrado que votó a favor de Santander, Edgar Gaytán Galván, no fue demandado.