EN SU CRUZADA para monetizar los bienes del Estado mexicano y recuperar la mayor cantidad de recursos de los procesos judiciales que enfrenta, la 4T arrancó la temporada de los “cazarrecompensas”.
Y es que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), que comanda Ernesto Prieto, concretó el marco de operación de los litigantes externos que intentarán ganar los recursos jurídicos por una comisión.
Hablamos del “Contrato plurianual abierto de prestación servicios profesionales para las gestiones judiciales y extrajudiciales, ante autoridades administrativas, judiciales y laborales en el ámbito federal, local o municipal”, mismo que tendrá una vigencia de 36 meses, del 1 de julio del presente año al 30 de junio de 2025.
Con el mencionado contrato, el Indep pone en juego una bolsa acumulada de alrededor de 24 mil millones de pesos que sería repartida entre 125 abogados de diferentes regiones del país, que saldrán a dar la cara por el gobierno mexicano en procedimientos de recuperación jurídica, cobranza judicial, juicios sucesorios, juicios reivindicatorios y terminación de relación laboral, entre otros.
Por ejemplo, se ofrecen porcentajes para los litigantes proveedores de hasta 12 o 15 por ciento de los montos recuperados, esto cuando el valor de la bolsa en disputa o la propiedad sea hasta de cien mil pesos; en los casos en que la valuación de los bienes rebase los 50 millones de pesos, el monto ofrecido es de apenas 2 por ciento de la cantidad final.
En el caso de la terminación de relaciones laborales por liquidación de empresas propiedad o absorbidas por el Estado, los montos a los que acceden estos abogados, que se contratan como persona física con actividad empresarial, son de 800 pesos por caso para las empresas con menos de cinco trabajadores, y de 450 por trabajador para aquellas que rebasan los 41 empleados.
Los juicios penales promovidos por el instituto tienen costos unitarios para cada etapa, con tarifas que van desde 10 mil pesos para presentación de denuncia y las primeras audiencias, 15 mil pesos para audiencias intermedias, 25 mil pesos el auto de vinculación a proceso y 30 mil pesos adicionales cuando se logra una sentencia.
De acuerdo con los cálculos que se tienen en el Indep, por los diferentes procedimientos en los que se encuentra inmiscuido, cada uno de los litigantes que formaron el contrato podría embolsarse, durante los cinco años de vigencia del contrato, un monto total aproximado de entre 190 y 220 millones de pesos.
La tercerización de servicios judiciales con despachos o abogados externos es común desde los tiempos del SAE, por lo que el Indep perpetuó estas prácticas en 2019, durante la cuestionada dirección de Ricardo Rodríguez Vargas.
El esquema, si bien economiza la inversión del Estado en estas tareas, cae dentro de lo que el Presidente ha denominado la participación de intermediarios.
MARTIN WERNER ES quien está aglutinando los fondos internacionales que apuntalarían la oferta del grupo de Daniel Becker por Banamex. El exsubsecretario de Hacienda, junto con Advent, que lleva aquí Daniel Martínez-Valle, y los hermanos Alberto y Cosme Torrado de Grupo Alsea, son los principales accionistas de Banca Mifel. Aún no se sabe si ese banco también se subiría como tal al consorcio ofertante. Al que debe descartar ya es a Marcos Achar y su familia. De la comunidad se mantienen Max, André y Moisés El-Mann de Fibra UNO. También considere a David, José y Salvador Daniel de Fibra Danhos.
LA SECRETARÍA DE Infraestructura Comunicaciones y Transportes se hizo de la asesoría del afamado arquitecto Oren Tacher. Este exsocio de la reputada firma Skidmore Owings & Merrill LLP, que compitió contra el bufete de Norman Foster para construir el fallido aeropuerto de Texcoco, está trabajando un rediseño del actual Aeropuerto Internacional de la CdMx para aumentar su vida útil. La idea es mover la Terminal 1 a otra parte de ese aeropuerto para utilizar ese espacio como una segunda calle de rodaje a fin de agilizar los despegues y aterrizajes. Con una segunda calle se rompería el cuello de botella que retrasa las operaciones.
NI SIQUIERA el mismísimo Carlos Joaquín González esperaba que el Presidente lo mandara de embajador a Canadá. Andrés Manuel López Obrador le había ofrecido semanas atrás la subsecretaría de Transportes. En ésas estaba el exgobernador de Quintana Roo, que primero le enviaron la señal de que su destino era la Secretaría de Turismo. Pero ni lo uno ni lo otro: el inquilino de Palacio Nacional lo envió precisamente a donde menos competencias tiene el expriista y en un momento clave en la relación bilateral México-Canadá. Nos referimos al inicio de las consultas sobre la violación del T-MEC de nuestro país en materia energética. No, bueno.
LA PRESIDENTA DE la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), Claudia de Buen, está metida en oootro escándalo con sus agremiados que, para no perder la costumbre, están volviendo a pedirle su renuncia. Resulta que la acusan de haber ido el 10 de septiembre a un acto proselitista de Claudia Sheinbaum en su calidad de cabeza de la BMA. El Consejo Directivo de esa asociación se manifestó neutro y apartidista y reprobó la conducta de su presidenta. La Barra está juntando firmas para pedir la renuncia de De Buen, quien concluye su periodo en marzo. De los más molestos apunte a Héctor Herrera, Fabián Aguinaco y Víctor Olea.
EL SENADO ENTRÓ a la fase final para votar nuevos consejeros de la Judicatura Federal. Una que está en la pelea es Alejandra Spitalier, secretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es uno de los brazos del ministro presidente Arturo Zaldívar, quien la promueve y empuja fuerte entre los legisladores. Alejandra está en la lista de los 22 finalistas. Va a ser uno de los últimos movimientos que realice Zaldívar antes de dejar ese puesto de la Corte el 31 de diciembre.
EL SECTOR EMPRESARIAL se suma al furor de la sucesión adelantada que vive el país y no quiere quedar al margen de las pasarelas. La que ya inició una de éstas es la Coparmex de José Medina Mora quien el jueves pasado reinauguró sus comidas mensuales (suspendidas después de dos años de pandemia) con la presencia del exgobernador de Guanajuato y actual diputado, el panista Juan Carlos Romero Hicks. Nos comentan que causó buena impresión y que ante la invitación futura a corcholatas y preprecandidatos, el que pega primero, pega dos veces. ¿Será?