PREOCUPADOS DEBEN ESTAR el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.
Y es que si se les cae la acusación de desaparición forzosa y delincuencia organizada que hoy imputan en contra de elementos del Ejército, incurrirán en graves responsabilidades.
Dos eventos en menos de 24 horas pegan en el índice de flotación de Encinas y Gómez Trejo: la absolución, el martes, de José Luis Abarca, y la entrega voluntaria, ayer, del general José Rodríguez Pérez.
El primero, que fungía como alcalde de Iguala cuando fueron secuestrados y posteriormente desaparecidos los 43 normalistas, fue exonerado por un juez federal de ese delito.
El segundo, señalado por Encinas en su informe del 26 de agosto en Palacio Nacional como responsable del asesinato de seis de los 48 normalistas, se entregó a las autoridades castrenses para encarar la cuestionada acusación.
El coronel responsable del 27 Batallón de Infantería de Iguala se puso a disposición de la justicia militar y está recluido en el Campo Militar Número 1 desde ayer mismo.
Actuó voluntariamente, para dar cumplimiento a la orden de aprehensión emitida en su contra el 19 de agosto pasado por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca.
Tras las acusaciones de Encinas y Gómez Trejo, el juez Enrique Beltrán Santes le inició proceso dentro de la causa penal 15/2022 por los mencionados delitos de delincuencia organizada y desaparición forzosa.
Rodríguez Pérez se someterá al término constitucional que establece el anterior sistema penal, y su plazo de 72 o hasta 144 horas para que el juez resuelva su situación jurídica, empezó a correr.
La absolución de Abarca y ahora este inesperado giro que dio Rodríguez obligan a plantearse la siguiente interrogante: ¿a Encinas y al fiscal especial Gómez Trejo se les está cayendo el caso?
MÁS DE LO mismo: la Secretaría de la Defensa Nacional, que comanda Luis Cresencio Sandoval, decidió encomendar la representación de los mandos de la Sedena por el caso Ayotzinapa, incluida la del ahora general en retiro José Rodríguez Pérez, a los abogados litigantes Alejandro Robledo y César González, quienes tendrán la tarea de echar abajo las acusaciones del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y del titular de la Unidad de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. Los defensores tomaron el caso desde el lunes y están armando la defensa técnica de los militares para presentar los alegatos dentro del citado término constitucional en el que el juez Enrique Beltrán Santes deberá determinar el auto de formal prisión o la libertad por falta de elementos. Los dos litigantes ya han tenido participaciones exitosas con la milicia, de ahí que vaya trompo a la uña el que se están echando los denunciantes. La Sedena, César González y Alejandro Robledo contra Encinas y el fiscal especial… no se ven buenos pronósticos para el subsecretario.
LA COALICIÓN VA Por México ya está prácticamente muerta. Pero eso no quiere decir que PRI, PAN y PRD hayan abandonado las negociaciones para coaligarse para las elecciones el año próximo en el Estado de México y Coahuila. Las pláticas hoy se dan a nivel local y están más firmes que nunca, donde los actores están conscientes que para transitar hacia un acuerdo con una candidatura común, la mirada debe estar puesta en la fórmula del Senado en 2024 y el gobierno de coalición. En esta nueva realidad ya no pesarán tanto los Alejandro Alito Moreno, los Marko Cortés, los Jesús Zambrano, los Gustavo de Hoyos o los Claudio X. González. El liderazgo recaerá en los jefes de cada partido a nivel local y los gobernadores con un esquema como el que aplicó en las elecciones pasadas en el estado de Durango. El ungido deberá abrirle paso al partido aliado en el Senado en dos años. Por cierto, que alguien le diga al exvocero de Enrique Peña Nieto, David López, que mucho ayuda el que poco estorba. ¡No me ayudes compadre!, le debe andar diciendo la aspirante a candidata priista, Ana Lilia Herrera.
FUE EL 15 de mayo que inició la entrada de papa americana a México. La Confederación Nacional de Productores de Papa de la República Mexicana (Conpapa) detectó reiterados incumplimientos a los requisitos fitosanitarios, de empaque y etiquetado en los embarques procedentes de Estados Unidos. Por primera vez el panorama parece mejorar, pues el gremio que preside Gerardo García Menault y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), tendieron puentes para atajar esa problemática. La Conpapa y el organismo de Francisco Javier Trujillo acordaron trabajar juntos para dar mayor supervisión y garantizar el cumplimiento de un plan de trabajo para proteger no solo al sector papero del país, sino al campo mexicano, ya que las plagas cuarentenarias estadounidenses detectadas pueden afectar a muchos otros cultivos de gran importancia para el sector agroalimentario nacional.
CONTINÚA ECOCE SIN timón y con nulos resultados de la nueva gestión. A pesar de que la asociación dedicada al reciclaje está conformada por varias empresas, todo parece indicar que algunos socios pesan más que otros. Cosa de ver que los representantes de una importante empresa refresquera tiene prácticamente maniatados a los demás asociados, dado que trascendió que fueron ellos quienes influyeron para que el supuesto gestor politico y exfuncionario de medio nivel del sexenio anterior, Carlos Sánchez Gasca, esté al frente de ECOCE. Pareciera no importarles su nulo conocimiento en el tema y su pobre desempeño en el cargo, sintiéndose seguro con el puesto.
OTRO SUBSECRETARIO DE Gobernación, César Yáñez, sí cumplió: se apersonó ayer en el Claustro de Sor Juana y escuchó a 20 líderes religiosos y su demanda conjunta: el gobierno de Andrés Manuel Lopez Obrador debe coadyuvar a crear comités de paz en los estados y acompañar a las familias de las miles de víctimas de la violencia. Los representantes de las iglesias dijeron que el valor del diálogo y la diversidad religiosa tiene como centro de atención la apertura con las instituciones y toda la sociedad mexicana.