EN LA IRREGULAR compra de sedantes y anticoagulantes de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), hay alguien que está intentando cobrar 82 millones de euros con empresas fantasma.
Ese personaje es la cara visible de una red de corrupción al interior de Birmex compuesta por colaboradores de su ex director general, Pedro Zenteno, que aprovechó la crisis del Covid para llevar agua a su molino.
Se trata de Yara Celene Portillo Martínez, una exfuncionaria de la que se empezó a conocer a su paso por la Procuraduría General de la República cuando su titular era Rafael Macedo de la Concha.
Desde su puesto en la desaparecida PGR en el sexenio de Felipe Calderón saltó al de Enrique Peña Nieto, gracias a sus vínculos y relaciones en el mundillo de los litigantes del gobierno.
Por ejemplo, con los primos Humberto Castillejos Cervantes y Alfredo Castillo Cervantes, ex consejero Jurídico de la Presidencia, el primero, y Procurador del Consumidor y titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, el segundo.
La exfuncionaria de la PGR tuvo sus momentos de gloria a partir del nombramiento de Tufic Miguel Ortega como director del IMSS en sustitución de Mikel Arriola, quien se fue a contender por la jefatura de gobierno de la CdMx por el PRI en la recta final del sexenio Peñista.
Portillo se acercó a Tufic a tal grado que se autonombraba como su operadora a través de otro personaje que despuntaría en el gobierno de la 4T: Carlos Noriega, hoy diputado de Morena en Hidalgo y exdirector de Nafinsa en este sexenio.
En el gobierno de la 4T también se convirtió en gestora de pagos del ISSSTE entre los meses de diciembre de 2021 a febrero de este 2022, ya con el mismo Pedro Zenteno al frente.
En el caso de Birmex aparece como la gestora de pagos por la compra de esos sedantes y anticoagulantes de Lituania. Pero en lugar de que se paguen a los fabricantes europeos, Uab Jorinis y Entafarma, se pretenden cobrar por cuenta de empresas fantasma.
¿Hasta dónde llega la red de corrupción en Birmex y quiénes protegen a este grupo que se ha valido del tráfico de influencias y de documentos apócrifos para defraudar a compañías internacionales?
MAÑANA VENCE EL término constitucional ampliado dentro de la causa penal 15/2022, emitida por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales que se ventila en contra del general José Rodríguez y otros elementos del Ejército en el expediente de Ayotzinapa. Dentro de este proceso, con la novedad de que el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial del caso no acudió a la audiencia de mérito, lo cual tuvo como consecuencia que la comparescencia iniciara con un retraso de cuatro horas y con un ministerio público diverso, porque el otro nada más nunca llegó. Por si esa irregularidad no fuera suficiente, hasta ayer por la noche a los abogados defensores, César González y Alejandro Robledo, que de manera conjunta y pro bono buscan sacar bien librados a los efectivos castrenses, les seguían negando el acceso al contenido de la orden de aprehensión, alegando por parte de la autoridad sigilo del proceso. Será que el juez Enrique Beltrán Santes no muestre independencia judicial y se faje en este caso, o de plano ya esté flaqueando ante las presiones políticas del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y del Fiscal Especial, Omar Gómez Trejo, quienes están convencidos de la cuestionada acusación contra los mandos militares.
LA SECRETARÍA DE la Función Pública de Roberto Salcedo inhabilitó por 45 meses a Casanova Vallejo, división de Casanova Rent a Car. La circular dirigida a la administración pública federal, empresas productivas del Estado, estados, municipios y alcaldías comunica que se abstengan de aceptar propuestas o celebrar contratos con dicha empresa de Joaquín y Carlos Echenique. La orden se publicó en el Diario Oficial de la Federación este 15 de septiembre y se deriva de una queja presentada ante el Órgano Interno de Control del ISSSTE, que dirige Pedro Zenteno, con el que se tiene contrato de arrendamiento de ambulancias y vehículos de emergencia. El golpe no pudo llegar en un momento más inoportuno, pues el Gobierno federal se apresta a licitar la renta de 30 mil vehículos de uso oficial. En octubre del año pasado el ISSSTE suspendió por tiempo indefinido la asignación del contrato para la renta de 488 ambulancias durante cuatro años, pues había sospechas de que estaba direccionada, tras adecuarse especificaciones técnicas solicitadas a los vehículos para cumplir tiempos de entrega, considerando la escasez de vehículos nuevos por falta de chips y los retrasos en las cadenas de suministro.
UNIFIN LOGRÓ LA semana pasada que los tenedores de sus Certificados Bursátiles de la emisión de 3 mil millones de pesos que representa CI Banco que comanda Mario Maciel, firmaran un stand-still con vencimiento para el próximo 3 de octubre. Este grupo es asesorado por el bufete de Michell Nader. Aceptaron el convenio de espera toda vez que la empresa bursátil que preside Rodrigo Lebois va a presentar la próxima semana el plan de reestructura financiera. Le decía que la compañía dirigida por Sergio Camacho lo que necesita es precisamente tiempo y que sus prestamistas no inicien acciones jurídicas que lo único que provocarían es un enrarecimiento del ambiente. Unifin trabaja contrarreloj en un nuevo plan de negocios que incluye la incorporación de nuevos socios. Considérelo.
EL PROCESO DE reestructura financiera que también avanza positivamente es el de Landsteiner Scientific, de Miguel Granados. Esta semana la farmaceútica va a presentar a sus acreedores un menú de ofertas para capitalizarla. Son 90 millones de dólares los que adeuda principalmente a Bancomext que dirige Luis Antonio Ramírez y el fondo North Gate Capital que lleva Guillermo Carmona. También a BBVA de Eduardo Osuna y Banorte de Carlos Hank González. Hay tres ofertas, dos de sendos potenciales socios estratégicos, uno nacional y otro extranjero. También el interés de otro fondo internacional. Todos plantean tomar el control de la compañía. Se lo pasamos al costo.