SI HAY UN sector donde la corrupción se ha infiltrado con más fuerza en el gobierno de la 4T, es en el de la salud. Los malos manejos en Birmex quedan opacados frente a lo que sucede en el ISSSTE.
Particularmente en los negocios relacionados con laboratorios clínicos, bancos de sangre, ortopedia, laparoscopia, hemodiálisis y cardio, los cuales desde 1996 eran controlados por un cártel privado.
En diciembre pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador promovió a la Dirección Normativa de Administración de Finanzas del ISSSTE a Almendra Lorena Ortiz Genis, mujer de todas sus confianzas.
Venía de encabezar la Jefatura del Departamento de Presidencia en una posición clave dentro de la ayudantía, por lo que estaba instruída al más alto nivel para hacerse cargo de una función estratégica.
Ese encargo era meter orden en los contratos que el gobierno de Ernesto Zedillo privatizó hacia 1996 y que se fueron heredando en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Hablamos de las licitaciones que las administraciones del ISSSTE invariablemente adjudicaban a un grupo de empresas que terminaron despojando al gobierno de su infraestructura y cobrándole altísimas rentas.
Como en su momento, cuando Raquel Buenrostro quiso construir sin éxito una nueva red de distribuidores de medicamentos, a Almendra se le asignó la responsabilidad de tratar a estos proveedores y recomponer el camino.
Nos referimos a empresas como Falcón de Noé Ramírez, Selecciones Médicas de Francisco Pérez Fayad, Centrum de Valentín Campos y Dicipa de Francisco Pallach.
Asimismo, de Impromed de Fernando Chaín, Hermoser de Ignacio Higadera, Vitalmex de Jaime Cervantes y Fresenius que dirige Fabián Rodríguez, que han sido los proveedores naturales del ISSSTE en los últimos tiempos.
Controlaron por años un negocio anual de más de 5 mil 400 millones de pesos de la mano de fabricantes como Abbott, Roche, BD, Johnson & Johnson, Metronic, B Braun y Nipro, principalmente, quienes les daban en comodato sus equipos a cambio de la compra de sus consumibles.
Sin embargo, lejos de meter orden, Ortiz Genis le entró alegremente a la fiesta de los proveedores y asignó, por ejemplo, un cuestionado contrato a Imedic para servicios de imágenes médicas.
Al margen de que el ISSSTE no puede realizar exámenes radiológicos, tomografías, mastografías, ultrasonidos y procedimientos endoscópicos, Almendra le terminó llevando las contras a López Obrador.
“Se están venciendo contratos en el ISSSTE de los famosos servicios integrales y ya no queremos renovarlos, ya queremos que ya pertenezcan al ISSSTE y que se acabe con la privatización… es una recuperación, es como nacionalizar, volver otra vez, lo que era público y se volvió privado a lo público”, afirmó el Presidente el 22 de agosto pasado.
A partir de entonces el inquilino de Palacio Nacional dejó de ver a Almendra y volteó hacia Rosa Icela Rodríguez, quien ya esta semana tomó formalmente el control de esos contratos de subrogación.
El punto es que va enfrentar a la mafia interna que se enquistó y que se resiste a perder ese lucrativo negocio: laboratorios clínicos mil 100 millones de pesos, bancos de sangre 400 millones, ortopedia mil millones, laparoscopia 700 millones, hemodiálisis mil millones y cardio mil 200 millones de pesos, todo anual y solo en el ISSSTE.
Fabricantes de equipos y consumibles y los integrantes del cártel, parapetados ya con nuevas razones sociales para librar las inhabilitaciones de la Secretaría de la Función Pública, están boicoteando los trabajos de Rosa Icela para mantener sus cotos de negocios.
La zancadilla es desde adentro del propio ISSSTE y con el auspicio de Almendra Ortiz y sus operadores, entre los que figuran Luis Martínez Barbosa y Alejandro Kuri, célebres por sus movidas en Segalmex.
¿Muera la corrupción?
ALFREDO DEL MAZO MAZA se encuentra en la misma disyuntiva de Enrique Peña Nieto hace once años. En marzo de 2011 este último ya había prometido a aquél la candidatura a la gubernatura del Estado de México. Sin embargo, sabía que el otro precandidato del PRI que no era su gallo, Eruviel Ávila, gozaba de mayor simpatía entre la clase política mexiquense y tenía un fuerte respaldo de la base votante. Peña Nieto la midió bien y terminó sacrificando a su primo, quien seis años después sería el gobernador de esa entidad. Ahora mismo Del Mazo encara la paradoja de impulsar a su candidata Alejandra del Moral a sabiendas de que Ana Lilia Herrera, como Eruviel una década atrás, está mejor posicionada y cuenta con mejor reconocimiento, trayectoria e incluso el respaldo de una alianza con el PAN y el PRD para ser la abanderada de la coalición en las elecciones del año próximo con altas probabilidades de vencer a Delfina Gómez de Morena y partidos aliados. ¿Repetirá Del Mazo la decisión de Peña y sacrificará a su pupila?
NINGÚN INTERÉS MUESTRA el Centro de Justicia Alternativa, que dirige Ana Martha Alvarado, para regularizar a cientos de mediadores privados que desde hace más de un año buscan su “recertificación” para continuar con el proyecto de generar mediaciones que permitan solventar conflictos, no obstante que han cumplido con todo requisito legal y humano para lograrlo. Tanto la Constitución como la Ley de Justicia Alternativa han impulsado este proyecto como medio de solución de conflictos, pero no parece importar en nada tampoco al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx, Rafael Guerra, la conclusión del proyecto para generar opciones. Parece que escuchan más las voces de los notarios y corredores, que son los primeros enemigos de la figura y no porque no les guste la mediación, sino que por este medio se les han reducido enormemente los clientes que alcanzan acuerdos sin necesidad de la fe notarial.
LA TERCERA NO fue la vencida para la Fiscalía General de la República: una vez más, declaró desierta la licitación correspondiente a la prestación del servicio administrado de infraestructura de equipos de cómputo. Aquí comentamos que HP, de Carlos Cortés, se perfilaba como ganadora del concurso que puso en juego un contrato por alrededor de 600 millones de pesos con vigencia hasta mayo de 2026. Pero la trasnacional fue descalificada bajo el argumento de que su razón social en el país, la conocida Computing and Printing México, no presentó documento que la ostentara como fabricante o como empresa filial del fabricante. Los argumentos para descalificar las propuestas empiezan a agotarse y el órgano que comanda Alejandro Gertz Manero está por cumplir seis meses sin poder conseguir la adjudicación.