SI EN ALGO se parecen el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es que ambos se obsesionan con las teorías de conspiración.
Una de ellas, no muy alejada de la realidad por cierto, es que muchas empresas en el país conspiran contra el buen resultado de la actual administración del gobierno de la 4T.
Esa es la razón de que el Aeropuerto Felipe Ángeles no despegue, que no haya suficiente crédito para apoyar el crecimiento y que muchas empresas se estén saliendo del mercado de valores.
Es verdad que en México tenemos un problema endémico con el tamaño de nuestro mercado bursátil por la poca cantidad de emisoras locales, si lo comparamos con algunas naciones sudamericanas.
Sume a eso el desdén de muchas empresas locales que no requieren de la bolsa para financiarse y las barreras de entrada impuestas por la actual regulación que origina costos que pocos pueden sufragar.
Ante esta situación, en vez de trabajar en el nivel correspondiente, Hacienda giró instrucciones para enfrentar el problema, desde algunos deciles más abajo, y tratar de abrir el mercado a las medianas empresas.
En ese empeño Ramírez de la O puso a trabajar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de Jesús de la Fuente y a la Unidad de Banca y Valores, a cargo de Alfredo Navarrete Martínez.
A ambos les dieron la instrucción de “planchar” la iniciativa con la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), que preside Álvaro García Pimentel, y con las dos bolsas de valores.
La Bolsa Mexicana de Valores, que preside Marcos Martínez, y la Bolsa Institucional de Valores, que encabeza Santiago Urquiza, tendrán que conciliar sus diferencias para apoyar el proyecto.
Y en efecto, luego se empezaron a plasmar los memorables acuerdos logrando la unanimidad solo con el eufemístico nombre del producto: Oferta Pública Simplificada.
Pero, después de eso, cada uno se preocupó de poner lo que no estaba dispuesto a conceder.
El regulador, por ejemplo, propuso que se “opere bajo los principios de la autorregulación” y la “mínima intervención”, o sea que ellos no están dispuestos a supervisar al emisor.
¿Quizás porque reconocen su incapacidad e ineficiencia en materia de emisión y supervisión de emisoras de valores?
Por su parte la AMIB propuso que las ofertas se tramitaran solo para inversionistas institucionales sofisticados y fondos, pero no para cualquiera.
Y por último la unidad de Hacienda concedió a las casas de bolsa que la información sobre cualquier oferta “simplificada” no requerirá aprobación de la CNBV, a sabiendas de que históricamente ha requerido de meses y hasta años para aprobar las emisiones de valores.
Del tema del lavado de dinero ni se discutió.
Finalmente, el borrador de la iniciativa, en la que no consta ninguna cifra de su posible impacto en el mercado, se encuentra hoy en manos de un indeciso Ramírez de la O.
Si algo tiene claro el funcionario es que, por los plazos, la norma ya no podrá ver la luz en esta administración y que, en la próxima, será desechada como otro de los muchos intentos fallidos de la 4T.
PESE AL machucón que la semana pasada le dio a Germán Larrea por el tema de una supuesta concesión de agua al Grupo México, nos dicen que no acongojó y sigue firme en la puja por Banamex. Antonio del Valle Ruiz y Carlos Slim le hacen segunda. Sus asesores están metidísimos en el due-diligence final. Apunte en la parte personal a Javier Arrigunaga exdirector de Banamex, en lo legal a Alberto Saavedra de Santa Marina y Steta, en el área de competencia económica a Luis de la Calle de De la Calle, Madrazo y Mancera y en lo financiero a Barclays que dirige Raúl Martínez-Ostos, todos coordinados por Pedro Aspe. En esa misma tesitura, de alinear su oferta vinculante al resultado de la auditoría final, se encuentra el grupo de Daniel Becker, que a su vez trae de asesores a Rothschild que manejan Daniel Nicolaivesky y Víctor Leclercq, McKinsey que capitanea Pablo Ordorica, EY que comanda Víctor Soulé y Willis Towers Watson que encabeza John Baudouin en la parte de riesgos.
A PROPÓSITO DE la puja por Banamex, Roberto Hernández acaba de cumplir 80 años. El avezado financiero, fundador de la casa de bolsa Acciones y Valores y exdueño del Banco Nacional de México, que en 2001 lo vendió precisamente a Citi en unos 12 mil 500 millones de dólares, los celebró en una comida que ofreció en su casa de Valle de Bravo. Hasta allá llegaron algunos hombres de negocios de renombre. Pero también exdirectivos del viejo Banamex, ya dispersos en otras instituciones financieras del país. Apunte a Enrique Zorrilla, Javier de la Calle, Luis Peña, Javier Arrigunaga y por supuesto su amigo entrañable y socio histórico, Alfredo Harp Helú. Fue un buen momento para las remenbranzas.
UN MES DESPUÉS de que fue designado por el Consejo de Administración presidente de Bancoppel, el grupo que capitanean Enrique y Agustín Coppel Luken tuvo a bien informar ayer al mercado el ascenso de Julio Carranza. Este banquero, que participó en la fundación de Bancoppel, será a partir del próximo 24 de marzo el nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). Fue el único que levantó la mano, y por lo mismo, será candidato de unidad en sustitución de Daniel Becker, el mandamás de Mifel. Y es que el horno no está para bollos. Nadie quiso presidir la ABM en 2024, año de las elecciones presidenciales, y con un Andrés Manuel López Obrador cada vez más radicalizado.
GRUPO ICA, QUE dirige Guadalupe Phillips, inició trámites ante la Bolsa Mexicana de Valores que comanda José Oriol-Bosch y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que capitanea Jesús de la Fuente, para efectuar un aumento de capital. La empresa que controla el financiero regiomontano avecindado en Londres y Nueva York, David Martínez, dejó de informar y reportar estados financieros desde 2017. El proceso lo lleva el bufete Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, de Carlos Aiza. Por cada acción de la vieja ICA de Bernardo Quintana, la nueva ICA dará 95, lo que lleva a la emisión de 58 mil 47 millones 781 mil 220 acciones. Con ello Martínez diluirá alrededor de 98 por ciento del último precio de cotización.
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