CONTINÚAN LAS MALAS prácticas desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la CDMX, que dirige Carlos Alberto Ulloa, en cuanto al retiro de carteleras y anuncios publicitarios en exteriores.
Concretamente, de Inti Muñoz Santini, el director general de Ordenamiento Urbano, y de Andrea Alvear Aceves, subdirectora de Publicidad Exterior y Mobiliario Urbano.
Ambos funcionarios se han dedicado a intimidar a marcas nacionales y extranjeras, así como a propietarios de inmuebles, con el pretexto de la entrada en vigor de la nueva ley en materia de publicidad exterior, la cual están aplicando de manera errónea y selectiva.
Estos funcionarios tratan de ejercer control total sobre la publicidad en exteriores, las palabras textuales de Muñoz Santini ante algunos anunciantes fueron que “desde la Seduvi se tenga el monopolio de la publicidad”.
Cabe señalar que varias empresas a las que sí se les está aplicando esta ley ya han obtenido amparos a su favor.
De forma extrajudicial, estos funcionarios han llevado a cabo reuniones con particulares a través de plataformas como Zoom, cuando la ley exige que toda comunicación se realice por la vía institucional, es decir, por medio de oficios con número de folio.
En este sentido, el hecho de que Muñoz Santini contacte directamente a los anunciantes para realizar advertencias, lo coloca en una situación de clara violación al debido proceso administrativo, conocido legalmente como prevaricación.
La mala actuación de los funcionarios de la Seduvi no para ahí, ya que a través de actos represivos están obligando a los grandes anunciantes de sectores como el automotriz y de bebidas alcohólicas, a dirigir sus inversiones hacia empresas cobijadas por ellos.
Esa coacción está afectando a muchas empresas pequeñas de publicidad exterior que operan bajo el mismo esquema, mismas que no se les está permitiendo ejercer la actividad de publicidad en exteriores por considerarlas ilegales.
El evidente sesgo en la aplicación de la ley, lleva a pensar en la existencia de un acuerdo entre el gobierno de la CdMx de Claudia Sheinbaum y algunas de las empresas más grandes de publicidad exterior.
Ese favoritismo llega justo cuando iniciaron las campañas preelectorales en Morena, donde Sheinbaum se erige como la precandidata con más posibilidades y de cara a las campañas presidenciales de 2024.
Y es que curiosamente las nuevas restricciones que marca la ley no afectan a los grandes jugadores del sector que acaparan gran parte de los espacios publicitarios, como estructuras en azoteas, que fueron prohibidas a partir del sismo del 2017.
El doble discurso de los funcionarios de la Seduvi ha llegado a tal grado que en sus comunicaciones con los anunciantes les ha dejado claro que no deben contratar publicidad en muros ciegos, cuando en lo oscurito ha otorgado certificaciones a grupos como Mepexa, ATM y JC Decaux.
Justo estas empresas que dirigen respectivamente Román González Oliva, Juan Ramón Moctezuma y Francisco Alonso Olivares sí ofrecen a sus clientes esos espacios como algo legal, cuando la nueva ley los prohíbe.
CANCELADA LA POSIBILIDAD de que la Secretaría de la Defensa Nacional, que comanda Luis Cresencio Sandoval, asumiera el control de Aeromar, las huestes de Zvi Katz todavía tienen un par de posibilidades para evitar la irremediable quiebra de la compañía. Sabemos que una es un empresario brasileño, cuyo nombre se han reservado los cercanos al proceso de negociación, pero todo apunta a que se trata de José Efromovich, hermano de Germán, expropietario de Ocean Air de Brasil y exaccionista de Avianca. Este último hace tres años estuvo a punto de hacer una inyección de 100 millones de dólares a Aeromar, pero al final se frustró la operación. Ahora es José el que salta a escena. La otra es Pedro Pueyo junior, hijo del legendario empresario español hotelero Pedro Pueyo Toldrá, fundador de la cadena Oasis, que solo en Cancún y la Riviera Maya posee ocho resorts de playa. Los Pueyo crearon en la década de los noventa Air Oasis, una chartera que alimentaba de turistas a sus hoteles de Europa, México y El Caribe.
PUES NADA, QUE en el gobierno de la 4T siguen echando mano de las prácticas de outsourcing que tanto criminalizaron. Lo hacen para cubrir sus necesidades de personal y para disminuir la carga financiera laboral que le representan los empleos formales. Apenas a finales del mes pasado el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera adjudicó dos contratos para apoyar la supervisión de los programas de precios de garantía. Fueron alrededor de 40 millones de pesos los que se entregaron al consorcio de compañías Gurges Implementación de Negocios, Corporativo Sag, Aurus Nivel Total e Imago Centro de Inteligencia de Negocios. Fueron por solo dos meses de trabajo de su personal para realizar encuestas con productores de granos básicos. Hablamos de las mismas que habían sido señaladas por actos de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana en tiempos de Ignacio Ovalle, donde participaron en la subcontratación de más de cuatro mil prestadores de servicios.
LOS PUERTOS DEL país muestran tendencias al alza y prueba de ello es la transferencia de más de 558 mil vehículos entre enero y abril de este año, lo que significa un aumento de 8.7 por ciento. No obstante los retos a los que se han enfrentado, y con miras a trazar y analizar las tendencias y proyectos del rubro, del 28 al 30 de noviembre en puerto de Santos, Brasil, se llevó a cabo el 30 Congreso Latinoamericano de Puertos de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias. Al foro asistieron unas 600 personas. De México estuvo Jorge Magno Lecona, presidente de Hutchinson Ports, quien se refirió a la transición energética en el mercado marítimo, como una de las aristas de mayor peso en estos momentos para el sector, de ahí que se pronunciara por medidas fiscales de apoyo. Hutchinson opera en los puertos de Lázaro Cárdenas, Veracruz, Ensenada y Manzanillo, amén de un puerto seco en Tula.
POR UNA SUPUESTA afectación a más de 10 millones de derechohabientes, el PAN denunció ante la Fiscalía General de la República al director del ISSSTE, Pedro Zenteno. La acusación corrió por cuenta de los legisladores Alejandra Reynoso y Éctor Jaime Ramírez, quienes señalan la comisión de presuntos delitos de falsedad de declaraciones, corrupción y ejercicio indebido del servicio público. A Zenteno se le señala de llevar a cabo adjudicaciones directas que impiden la correcta operación del organismo, así como por el ejercicio irregular de unos mil 660 millones de pesos cuando era encargado de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).