ALGO EXTRAÑO ESTÁ pasando al interior del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Con mucho sigilo están perdonando multas de cientos de millones de pesos a operadores.
Tan solo en los últimos días, una multa a AT&T por 400 millones de pesos las huestes de Javier Juárez Mojica se la acabaron reduciendo a solamente tres millones.
El operador a cargo de Mónica Aspe incumplió normas en colaboración con la justicia, tales como la geolocalización de equipos. Pero eso no es todo en el actuar del regulador.
Más sorprendió que el viernes de la semana pasada anularon un procedimiento sancionatorio a Telmex, dirigida por Héctor Slim Seade, que incluía una multa de 22 mil millones de pesos.
Inexplicable pues por la misma falta en la compartición de infraestructura a Telnor, filial de Telmex, sí le impusieron una multa de mil 300 millones antes del receso del IFT por la pandemia de Covid.
La contralora del instituto ya ha detectado y mandado oficios desde julio de este año, señalando que podrían estar ocurriendo “conflictos de intereses” de exfuncionarios del organismo.
Se les ubica estar trabajando y litigado para concesionarios de telecomunicaciones. Esas gestiones están dando frutos multimillonarios a los operadores, lo que pone en entredicho el trabajo de la contralora.
Pero además, el choque del IFT con la Secretaría de Hacienda y con la 4T es inminente, pues de no haber condonado las multas, esos miles de millones de pesos se habrían ido a la Tesorería de la Federación.
Así la merma en los ingresos es para la hacienda pública, no para el IFT, en una coyuntura en que el Gobierno Federal está urgido de recursos extraordinarios.
Con los procedimientos sancionatorios que hay en curso se podrían recabar más de 150 mil millones de pesos, pero al parecer el regulador prefirió pelearse con la SHCP y no contra los concesionarios.
A ver qué resuelve la contralora Gricelda Sánchez, y no se extrañe si por la cantidad de montos involucrados, los pupilos de Rogelio Ramírez de la O piden una auditoría especial a la Auditoría Superior de la Federación.
Si Andrés Manuel López Obrador no confiaba en los organismos autónomos, con lo que está sucediendo aquí la relación se va a tensar aún más, pues incluye condonación de pagos y conflictos de intereses.
El IFT se puso “de pechito” para un choque frontal contra la 4T y en particular contra el Presidente y la Secretaria de Hacienda que, le podemos asegurar, no está viendo con buenos ojos estas “quitas” sancionatorias.
NUEVAMENTE LOS INTEGRANTES del “Cártel de los Chupasangre” hicieron de las suyas, pues consiguieron suspensiones provisionales para concursar en los millonarios contratos multianuales para pruebas de laboratorio. Casualmente se retrasaron por meses las licitaciones: justo el tiempo que les llevó conseguir tales suspensiones judiciales con las que pretenden concursar, a pesar de estar inhabilitados. Los procesos debieron efectuarse en junio de este año para tener el fallo en septiembre e inicio de servicios con nuevo contrato a partir del próximo 1 de enero de 2023. Pero consiguieron reactivarlas hasta que consiguieron los recursos legales que ya tienen. Destaca el caso de Centrum, de Valentín Campos, que contrató como abogado para esos casos a un exfuncionario de la Secretaría de la Función Pública, Cesar Rocha García, quien además fue director general de Responsabilidades y Sanciones de esa dependencia en el sexenio de Felipe Calderón. O sea, el que castigaba. Con ello se contraviene la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador de impedir por 10 años que los funcionarios públicos se contraten en el sector donde se desempeñaban.
VAYA CASO DE ineptitud y negligencia en el que está metido Ticketmaster, que dirige Lorenza Baz. Fueron alrededor de siete mil preventas de boletos que hicieron semanas antes del concierto del sábado pasado, mismas que no cargaron en sus sistemas de acceso, sino horas antes del evento, el viernes, pues. El sábado fue cuando las ingresaron provocando el caos, duplicando entradas y negando los accesos. No hubo venta de boletos falsos ni venta de dobles boletos, como anda vociferando el escandaloso procurador del consumidor, Ricardo Sheffield. Simplemente no cargaron en tiempo la preventa. Por esa negligencia terceros como Banamex, que dirige Manuel Romo y que tuvo a su cargo la preventa, como el Estadio Azteca, que encabeza Félix Aguirre, sede del concierto, ya evalúan demandar a Ticketmaster. Por esos siete mil boletos cuando menos deben pagarse 21 millones de pesos, sin considerar las bonificaciones por incumplimiento.
ENTRE LOS PARES de ministros que no alzaron la mano para sustituir a Arturo Zaldívar en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la primera semana de enero próximo, ya hay molestia por la injerencia de un personaje no muy grato. Se trata de Edgar Elías Azar. El expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx está presionando a quien se deje para conseguir el voto a favor de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. ¿Quién sabe si la esposa del proyectista José María Riobóo, que se considera la candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador, esté enterada del cabildero que trae a cuestas? Pero de que ha atosigado, incomodado y molestado a ministros como Luis María Aguilar, Margarita Ríos-Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Jorge Mario Pardo, que ni qué.
EN EL OTRO proceso paralelo, el del relevo de Rafael Anzures en la presidencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Fiscal (TFJA), igualmente las aguas están agitadísimas. Desde Palacio Nacional y la Secretaría de Economía se están moviendo fuerte para abrirle toda la cancha a la magistrada Natalia Téllez. No solo fue aprobada fast-track por los diputados de Morena y partidos satélites la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador para modificar la Ley Orgánica de ese tribunal, para hacer elegible a Téllez, sino que ahora la operación y cabildeo entre los propios magistrados que emitirán voto está a todo lo que da. Y si no, que le pregunten al magistrado de la Sala Superior del propio TFJA, Juan Manuel Jiménez Illescas, a quien le están ofreciendo la titularidad de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, a cambio de su voto por Téllez.