A BANAMEX SE le sigue complicando el proceso de venta.
Resulta que como lo hemos venido informando, el Juzgado 71 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia impuso medidas cautelares que le impiden hoy venderse en un todo o en partes.
Inicialmente las huestes de Manuel Romo se ampararon ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil, el cual no le salió bien, pues se le negó la suspensión definitiva.
Por tanto, las medidas siguen. Hace una semana se publicó en el Juzgado 71 un incidente que el banco controlado por Citi, que preside Jane Fraser, llamó de “reclamación de medidas cautelares”.
Aparentemente renuncia al amparo promovido y que aún no se resuelve, para optar por la vía incidental, en donde el propio juzgado que impuso la medida habrá de analizar si hay méritos de lo expuesto por Banamex para que sean revocadas.
El bufete jurídico de Javier Quijano y Javier Cortina, que representa a Citi, sostiene que la medida debe levantarse ya que, en caso que se venda, los compradores han de pagar las condenas que se lleguen a presentar en el tiempo, las que no son poca cosa.
Una reclamación es por cerca de cinco mil millones de dólares que se inició en Nueva York, cuando los máximos jerarcas eran Manuel Medina Mora y Javier Arrigunaga, la cual se continuó en CdMx.
Otra es un reciente reclamo que hizo Oceanografía, de Amado Yáñez, para que la división fiduciaria le devuelva cerca de dos mil millones de pesos que indebidamente pagó a los acreedores en el concurso mercantil.
Hay dos más respecto de IVA retenido indebidamente por el banco, violando los contratos suscritos con el exproveedor de Pemex y, aparentemente, hay otro próximo reclamo por haber recibido indebidamente el pago de la petrolera cuando la dirigía Emilio Lozoya Austin.
El problema es que se tiene la duda razonable de que en caso de que se venda Banamex, Citi se levante con todas sus cosas y desde Nueva York, con dinero en su caja, deje sin pago la condena.
Además, para abonarle más a las complicaciones legales, los juzgados bajo la férula del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx, que comanda Rafael Guerra, funcionan irregularmente alegando que no les han pagado a los empleados sus quincenas y no ven que les puedan cubrir, además, el aguinaldo.
Así es que todo hace suponer que el juicio reciente de Banamex empezará en realidad en enero de 2023 y acabará por ahí de abril o mayo, donde apenas se sabrá si se levantan o no las medidas en una primera instancia, faltando recursos y nuevos amparos.
Vaya pasivo contingente.
NINGÚN ANÁLISIS BURSÁTIL logra comprender qué pudo haber motivado a Francisco Javier Robinson Bours, presidente del Consejo de Administración de Megacable, a decirle “no” a la propuesta de Televisa de fusionar sus negocios de triple play. Nadie encuentra una razón más allá del ego, y Megacable, que debió darla no lo ha hecho ante la Bolsa Mexicana de Valores. La oferta hizo sentido a los mercados bursátiles de México y Nueva York: optimizaría la operación de ambas empresas que, al compartir infraestructura, tendrían grandes ahorros, mientras que, desde una perspectiva de competencia, significaría la creación de una compañía que pueda hacerle frente al jugador dominante de las telecomunicaciones, es decir, a Telmex, la de Carlos Slim. Ambas compañías subieron el martes más de doble digito. En los pasillos de la bolsa los analistas señalan que Bours actuó más como “patriarca”, dado que hay 60 de sus familiares involucrados en la cablera que él dirige, que como un directivo de empresa pública. Prueba de ello es que señala en su boletín que él es la única persona facultada para atender esa clase de acercamientos o propuestas. Nadie más. De esta manera, asume en lo personal los costos y responsabilidades que deberían ser del órgano colectivo. Pero entonces, ¿dónde están sus consejeros independientes? Los accionistas minoritarios, ¿no importan? ¿Tiene prácticas corporativas serias? Parece que esta historia se irá al año entrante, como vaticina un análisis del banco JPMorgan que, aún tras la negativa de Megacable, que tumbó su acción en 6.8 por ciento, reafirma que la fusión sería benéfica para los dos grupos al generar sinergias y mayor valor.
PUES TODO PARECE indicar que ya no transitó el intento de la 4T de controlar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Hoy se clausura el periodo ordinario y la minuta que los diputados aprobaron fast-track para modificar la ley orgánica de ese organismo, quedó pendiente en el Senado. Había la posibilidad de que se procesara en un periodo extraordinario, pero ayer la misma senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, reconoció que los tiempos no daban para convocar a ese extraordinario para procesar una reforma “a mata caballo” o a “bote pronto”. Como le hemos venido platicando desde la semana pasada, la susodicha iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador buscaba quitarle el impedimento legal a la magistrada Natalia Téllez para que fuera votada el 3 de enero como nueva presidenta de ese tribunal. Pero más allá de la explicación de la ministra y exsecretaria de Gobernación, la realidad es que desde Palacio Nacional se operó hasta el último momento para lograr su objetivo, pero fue el propio presidente del Senado, Ricardo Monreal, el que frenó la intentona, aguantando la presión de la consejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos González.
TRAS LA MUERTE de don Francisco Ibarra López, el Grupo ACIR inició un proceso de reestructuración. Bajo el mando de su hijo, Francisco Ibarra Fariña, la cadena que en su mejor momento llegó a tener unas 120 estaciones en toda la República Mexicana aceleró la venta de repetidoras por todo el país. Plazas como Ciudad Obregón, Acapulco, San Andrés Tuxtla, el puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Mazatlán y Culiacán, por mencionar algunas, han sido transferidas a terceros. En el medio radiofónico se comenta que los herederos del fundador de este influyente grupo se quedarán únicamente con las estaciones de frecuencia modulada de la CdMx, Toluca, Monterrey, Guadalajara, Cancún y Puebla.