AL FINAL DEL día, los militares se quedaron como el perro de las dos tortas: sin Aeromar y sin sus aviones, lo que complica el lanzamiento de la nueva Mexicana de Aviación para finales de este naciente 2023.
No prosperó el rescate de la aerolínea de Zvi Katz, porque el plan lo echó abajo la Secretaría de Hacienda cuando se les planteó que la operación costaría cerca de 40 millones de dólares.
Desde finales del tercer trimestre del año pasado las huestes del general René Trujillo abandonaron lo del rescate con dinero público y empezaron a sondear el quedarse con los aviones.
Los efectivos de la nueva empresa paraestatal Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, analizaron como plan B el traspaso de los contratos de arrendamiento.
Pero volvieron a topar con pared porque ni los arrendadores ni los bancos que fungían como avales de los 10 aviones ATR aceptaron cederlos. Hablamos de BNP Paribas, EDC y GIE Avions.
Los tenedores de esos aparatos prefirieron empezar a recuperarlos, tan es así que de 10 aeronaves, la compañía que dirige Danilo Correa está operando ahora con solo cinco aviones y con riesgo de perder más.
Y mientras el gobierno de la 4T se da a la tarea de buscar otros diez aviones que cumplan con las características de las rutas que planea cubrir la nueva Mexicana, Aeromar se enfila a la quiebra.
En una historia que se vuelve a replicar y que recuerda a la vieja Mexicana de Aviación y más recientemente a Interjet, sus entonces accionistas prometen una capitalización que nunca llega.
Es justo lo que está pasando con Aeromar: aseguraron a la administración del Aeropuerto Internacional de la CdMx que en breve ingresarían 20 millones de dólares frescos para liquidar su deuda.
Aún no hay acuerdo de pagos: la compañía ofreció una cantidad fija mensual conforme a los flujos que logre generar, se retiró el resguardo de los hangares y se reactivaron las tarjetas de los trabajadores.
O sea: todo casi vuelve a la normalidad… ¿pero por cuánto tiempo?
COMO SI NO fueran pocos los señalamientos sobre la baja confiabilidad de Compranet, un sistema que fue en épocas pasadas un referente en términos de transparencia, la necedad de un funcionario que responde al nombre de Alberto Olivas, brazo derecho en materia de tecnologías de la información de Thalía Lagunas, oficial mayor de la SHCP, y que después de un breve paso como responsable de los Censos de los Programas Sociales de este país, de donde salió por la puerta de atrás, tomó la ocurrencia de regresar a la Oficialía Mayor y liberar la nueva versión de Compranet. Y en un acto de suma irresponsabilidad, sin antes haber seguido un proceso de dispersión controlada de ese sistema que resulta vital para los procesos de adquisiciones del Gobierno Federal, ahora tiene de rodillas tanto a los proveedores como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal sin poder adquirir sus bienes ni servicios por la falta de infraestructura para recibir las propuestas. ¿Y cuál era su gran experiencia en este tipo de sistemas? Por supuesto, y lo que se ha vuelto costumbre, pues ninguna en lo que se conoce como sistemas críticos, sino que se circunscribía a pequeños aplicativos de oportunidad en la CdMx.
EN ENTREDICHO EL uso de datos personales que realizó eNómina, de Gustavo Boletig, en un convenio con la SEP de Guerrero. La gestora de créditos de nómina accedió a huellas dactilares y percepciones fijas de los trabajadores debido a un convenio de 2017, por el que figuran denuncias ante el INAI, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero eso no es todo: y es que tras ver la luz en 2015 teniendo como principal accionista a la compañía uruguaya Jonic Sun, también se ve relacionada con el apoderado legal, Renato Cesar Vieira Araujo, brasileño que se vincularía con Zetra Soft, empresa expuesta en medios de comunicación de aquel país por supuestos acercamientos a funcionarios con soborno de por medio para obtener contrataciones.
APENAS LE DECÍA hace un par de semanas que no perdiera de vista a Independencia de José Luis Rión, Mega de Guillermo Romo y Mexarrend que dirige Alejandro Monzó, pues 2023 sería muy retador para estas tres sociedades financieras por la astringencia crediticia que provocaron Alpha Credit de Augusto Álvarez, Crédito Real de Ángel Romanos y Unifin de Rodrigo Lebois. Pues bien, Mexarrend es la que ya adelantó que incumplirá con el pago de intereses. El próximo 24 de enero tendría que liquidar 15.4 millones de dólares y defaulteará por falta de recursos. En el mercado se habla de que está por contratar asesores financieros para iniciar una reestructura financiera. Se menciona a Broadspan Capital.
HABLANDO DE UNIFIN, como parte de su propia reestructura financiera puso a la venta una plataforma marina. Se trata de Frida I tipo semisumergible ubicada en aguas del golfo de México. La estructura la opera GRINNAV, una compañía contratista de Pemex que es propiedad de Félix Cantú. La compañía bursátil que dirige Sergio Camacho está por recibir ofertas por estos días, las cuales rondan como mínimo entre 60 y 65 millones de dólares. Esta venta es relevante en el contexto de la negociación de un crédito en posesión del deudor o DIP, por sus siglas en inglés. Unifin parte de un supuesto de 100 millones de dólares. Como se ve, la compañía no ha aflojado el paso en aras de remontar su situación.
A PROPÓSITO DE Pemex, le cuento que va por el cuarto intento para sacar el proyecto de Ixachi. Apenas el 30 de diciembre pasado volvió a lanzar otra invitación para recibir cotizaciones que le permitan acceder a mejores condiciones a fin de contratar, mediante una adjudicación directa, los servicios de ingeniería, procura, construcción, instalación, interconexión, pruebas y puesta en operación de su batería de separación para el campo Ixachi. Los pupilos de Octavio Romero debieron notificar este lunes el resultado. El monto del contrato ronda los 450 millones de dólares. Algunas empresas interesadas eran Idinsa de Víctor Ortiz, Arendal de Jesús García-Pons y Tecnimont de Pierroberto Folgiero.