EL FONATUR, PADRE del turismo moderno en el país y detonador de los principales destinos de playa en México, está herido de muerte, acusado de corrupción y condenado a desaparecer por una ocurrencia presidencial.
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el martes lo que hace exactamente una semana publicamos aquí: inicia el desmantelamiento del Fonatur, el cual fue creado en 1974 a instancias de Ernesto Fernández Hurtado y de Antonio Enríquez Savignac, su primer director.
En el fondo la decisión es político-electoral: entregar los recursos públicos de los Centros Integralmente Planeados (CIP) a cinco gobiernos morenistas, desaparecer toda evidencia del manejo del dinero de Fonatur en cuatro años de gobierno y entregar a Defensa Nacional, que capitanea Luis Cresencio Sandoval, la operación del Tren Maya.
La decisión política de declarar reserva natural protegida es políticamente rentable, pero esto va a detonar cientos de demandas por parte de desarrolladores inmobiliarios e inversionistas privados que son parte de los fideicomisos millonarios que se crearon para construir infraestructura turística en Cancún, Loreto, Huatulco, Los Cabos, Ixtapa y Nayarit.
Fuentes cercanas a Fonatur estiman que existen alrededor de 50 inversionistas nacionales y extranjeros que están en diversos fideicomisos, y que seguramente se inconformarán y presentarán demandas por esta decisión del gobierno de la 4T.
Calculan que las demandas que se pudieran presentar alcanzarían al menos mil millones de pesos por daños y perjuicios en contra de estos proyectos de inversión en materia de infraestructura turística.
Pero existen algunos casos extraordinarios, como el de Costa Canuva o el de Tajamar, en cuyos casos las demandas por indemnización podrían alcanzar los 900 millones y hasta dos mil millones de pesos, respectivamente.
Esto se acumula a los pasivos que tenga la dirección jurídica del Fonatur, que en 2019 había reportado a la Auditoría Superior de la Federación, que lleva David Colmenares, 402 juicios por dos mil 204.9 millones de pesos.
Sería muy grave que la autoridad que sustituya al Fonatur pretenda recuperar alrededor de 100 terrenos y proyectos grandes que están en proceso de cumplir requisitos para iniciar obra.
Pueden iniciarse procesos para revertir la propiedad de la tierra y eso sería un golpe a la confianza de los inversionistas nacionales o extranjeros.
Según López Obrador, el decreto firmado hace un par de días y que todavía no se publica en el Diario Oficial de la Federación, abarca 15 mil hectáreas de reserva natural protegida en Baja California Sur, Sinaloa, Oaxaca, Nayarit y Quintana Roo, que aún pertenecen a Fonatur.
El actual director, Javier May Rodríguez, es acusado por los partidarios del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de utilizar su posición y recursos de ese fideicomiso para crear una red de operadores políticos en Pemex, Tren Maya y las representaciones del gobierno federal en esa entidad, que lo lleven a la gubernatura de Tabasco.
Desde el pasado 23 octubre, José Ramiro López Obrador, “El Pepín”, destapó a May como precandidato de Morena y es uno de sus principales promotores.
EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador confirmó ayer lo que le hemos venido informando desde la semana pasada: que además de Nuevo León, que gobierna Samuel García, Hidalgo que encabeza Julio Menchaca, es la otra locación que evalúa Tesla para instalar operaciones de manufactura. En el último caso, aproximadamente 800 hectáreas en Tizayuca. Son tierras que pertenecen al estado y que eran reservas donde se proyectó construir el aeropuerto alterno al de la CdMx en el sexenio de Vicente Fox. Si se habilita la autopista, ese polígono está a unos 20 minutos del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El equipo de Elon Musk está a muy pocos días de anunciar dónde se va asentar. El anuncio es para un par de fábricas, una de baterías y otra de vehículos eléctricos. La Secretaría de Relaciones Exteriores, de Marcelo Ebrard, es la que ha acompañado el proceso como facilitador.
SE ACERCA LA hora de Altos Hornos de México. Según esto, Alonso Ancira tiene en la mesa dos ofertas de compra. Una es acerera de Estados Unidos y otra de fondos financieros, también estadounidenses. El martes Ancira y su equipo recibieron manifestaciones de otro par. Es decir, habría cuatro interesados en AHMSA. También está vigente la de la Alianza Minerometalúrgica Internacional, que coordinó en su momento Julio Villarreal, de Grupo Villacero. Fuentes cercanas a la operación adelantan que mañana Ancira tendría que tomar una decisión. La urgencia se deriva de la declaración de quiebra que emitió la semana pasada el Juzgado Primero en Materia Civil de Monclova, a cargo de Mónica Elena Rodríguez. AHMSA se vendería con todo y su deuda, que llega a casi 500 millones de dólares.
LA JUEZA PRIMERA especializada en Concursos Mercantiles, Olga Borja, aprobó a principios de semana los convenios de Alpha Holdings, AlphaCredit Capital y Acercándonos. Con ello sus fundadores, Augusto Álvarez y José Luis Orozco, ceden el control a sus principales acreedores, bonistas cuyo papel tienen en custodia principalmente Fidera, Amundi, JPMorgan y Boston Managment. Son alrededor de 700 millones de dólares lo que tiene en la panza esta prestamista. En su reestructura participaron Fernando del Castillo y Karla Silva por la empresa del bufete Del Castillo y Castro, amén de Alejandro Sainz, de Sainz Abogados, por los bondholders. El conciliador del Ifecom es Daniel Tapia.
LOS QUE SIGUEN avanzando en pos de un crédito en posesión del deudor (DIP), son los de Unifin. Hay dos potenciales prestamistas que están haciendo un due-dilligence. Uno está dispuesto a aportar cerca de 40 millones de dólares y el otro hasta 70 millones. El plan de reestructura de la sociedad bursátil de Rodrigo Lebois parte de un crédito de 100 millones, de los cuales 30 millones se canalizarían a nueva originación de préstamos para mantener y fortalecer el negocio. Unifin, que dirige Sergio Camacho, ha reiterado a todos sus acreedores vía su asesor financiero Rothschild, que llevan al alimón Víctor Leclerq y Daniel Nicolaievsky, que la reestructura financiera ofrecida el año pasado sigue en pie.
OTRA SOCIEDAD FINANCIERA de Objeto Múltiple que ha sorteado exitosamente el entorno es Mega, la de Guillermo Romo. Esta entidad que es regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Jesús de la Fuente, está suscribiendo un par de nuevas líneas de crédito por un total de 700 millones de pesos. La primera es con el Bancomext, que maneja Luis Antonio Ramírez, por 500 millones, y la segunda con BanCoppel que preside Julio Carranza, por otros 200 millones de pesos. Mega mantiene un balance sano. En sus 16 años de operación ha prestado en arrendamientos unos 7 mil 600 millones de pesos y sus acreditados le han pagado cerca de 5 mil millones.
ÁNGEL VARGAS MITRE es el nuevo vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Fue director de Procesos Legales “A” de la Unidad de Inteligencia Financiera con Pablo Gómez y más recientemente director general de Delitos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Sustituyó a Víctor Manuel Carrillo Ramos.