La UAEH se reincorpora al sistema financiero

EN FEBRERO DE 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), toda vez que se incluyó en la lista de personas bloqueadas.

La institución académica que encabeza Octavio Castillo Acosta promovió amparo, el cual se radicó en el expediente 231/2019 del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Hidalgo.

El Segundo Tribunal Colegiado del 29 Circuito ordenó retirar a la UAEH de la lista porque no existió ninguna petición internacional que justificara el bloqueo de cuentas de la institución académica.

Pero la UIF, comandada entonces por Santiago Nieto, volvió a ordenar, bajo los mismos hechos determinados como inconstitucionales por el tribunal, el bloqueo de dichas cuentas.

La UAEH promovió nuevamente juicio de amparo, el cual se radicó en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo con el expediente 363/2020.

El 11 de noviembre de 2021, el Primer Tribunal Colegiado del 29 Circuito, en el expediente119/2020, dictó resolución y otorgó la suspensión definitiva, que provocó el desbloqueo de las cuentas bancarias.

Posteriormente, el 30 de junio de 2022, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo refirió que también el segundo bloqueo era inconstitucional, razón por la cual otorgó el amparo liso y llano.

Pero en contra del amparo, la UIF y la Fiscalía General de la República interpusieron recurso de revisión, que se radicó en el Primer Tribunal Colegiado del 29 Circuito, con el expediente 277/2022.

En la sesión que se acaba de efectuar el 10 de febrero pasado, los magistrados resolvieron, por unanimidad, confirmar la sentencia dictada en favor de la UAEH en el juicio de amparo 363/2020.

En paralelo, desecharon el recurso de revisión interpuesto por el MP porque no tiene interés para promover el recurso de revisión y declaró infundados e inoperantes los argumentos de la UIF.

Del análisis conjunto del Acuerdo 71/2020 y del oficio de 20 de mayo de 2020, signado por el Agregado Regional México y Centro América Internal Revenue Service Criminal Investigation Department of the Treasury, no se advirtió una petición expresa internacional.

Ese acuerdo tenía un origen estrictamente nacional, en la medida en que los datos que llevaron a la UIF a determinar que se estaba ante la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivan de información que dicha unidad administrativa obtuvo de su base de datos y proporcionó al MP desde el año 2019.

El hecho de que el oficio esté signado por el agregado del Internal Revenue Service Criminal Investigation Department of the Treasury, no actualiza las condiciones puntualmente destacadas por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, pues no contiene una solicitud expresa de bloqueo o de inmovilización bancaria, aunado a que no alude a un tratado u obligación internacional o multilateral que deba cumplirse.

La solicitud de aseguramiento debe ser clara, contundente e indubitable, y no una mera posibilidad de realizar tal bloqueo, pues no se puede dejar a discreción de la autoridad fiscal nacional que haga la inmovilización aludida.

La UIF, que ahora encabeza Pablo Gómez, no exhibió documentación fehaciente que sustente la existencia de una solicitud expresa de realizar el bloqueo de cuentas.

Ésta la formula una autoridad extranjera u organismo internacional con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole, acorde justamente a un tratado bilateral o multilateral.

Por todo lo anterior, la UAEH deja de estar en la lista de personas bloqueadas, tiene acceso total a sus cuentas bancarias y se incorpora nuevamente al sistema financiero.

LA FECHA DEL anuncio de la inversión de Tesla en México es el 1 de marzo, cundo se realiza en Austin, Texas, sede corporativa del conglomerado, el llamado “Tesla Investor Day”. Es el escaparate que utiliza el empresario de origen sudafricano, Elon Musk, para dar a conocer su estrategia de negocios. Sin embargo, no descarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador busque la manera de anticiparse. Ya el viernes pasado el canciller Marcelo Ebrard, quien lleva el acompañamiento con la armadora de autos eléctricos, adelantó que el tabasqueño y Musk se cruzarán una llamada telefónica antes. No hay fecha, pero se colige que será horas antes de ese 1 de marzo. Se sabe que para López Obrador es de una relevancia especial anunciar esa inversión que andará por los 10 mil millones de dólares. La disputa por la sede, Nuevo León o Hidalgo, y ahora ver quién hace el anuncio antes, pinta de cuerpo entero este gobierno de la 4T.

LOS PASIVOS CONTINGENTES que hasta ahora se han detectado en Banamex rondan los mil 250 millones de dólares, entre fiduciario, laborales, fiscales y litigios con acreditados, amén de inversiones impostergables en sistemas informáticos. El caso de Oceanografía, de Amado Yáñez, Citi lo está manejando aparte. La negociación de los abogados de Jane Fraser y de Germán Larrea implicaría la firma de un acuerdo para indemnizarlo, en caso de que esos pasivos se materializaran, y en el supuesto de que el empresario minero al final se quede con el Banco Nacional de México. Todo está siendo analizado minuciosamente por Simpson Thacher & Bartlett, el afamado bufete neoyorquino que ya había asesorado a Larrea. Esta firma que preside Alden Millard está en el top 10 de fusiones y adquisiciones, finanzas, bancario, litigio e inversión extranjera.

JACOBO DE NICOLÁS y de Benito es el nuevo director general de Servicios Jurídicos del BBVA México. Se trata de un ejecutivo interno, con 19 años de trayectoria en el banco que preside Carlos Torres Vila. Ha transitado exitosamente en las áreas de Banca de Inversión y Mercados Globales y desde poco más de tres años tuvo a su cargo los Servicios Jurídicos Corporativos en Madrid. O sea, un peso pesado llega desde España a encabezar el área legal del principal banco del país. Sustituyó a Eugenio Bernal, quien dejó la institución apenas a finales de enero. Y de Benito reportaba y seguirá reportando directamente a la abogada general, María de Jesús Arribas, quien fue la que operó esta designación.

HABLANDO DE BANCOS y áreas legales, le había adelantado algo de una desavenencia entre el Banco Inmobiliario Mexicano (BIM), de Justino Hirschhorn, y la fintech Confío, de David Arana y Francisco Padilla. Había un acuerdo para que la segunda comprara al primero, pero por vaya usted a saber qué sucedió, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no dio la autorización en el plazo estipulado por las partes. El cierre de la operación se había pactado en diciembre pasado y nada. El punto es que Hirschhorn está solicitando una indemnización de 100 millones de pesos. Hasta ahora no hay demandas. Uno de los afectados es Pedro Aspe. El exsecretario de Hacienda es accionista de BIM.

EL SECRETARIO DE Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió el viernes pasado con miembros del Consejo Coordinador Empresarial, que preside Francisco Cervantes. Vaya expectativa que levantó. Por ahí presentes Juan Gallardo Thurlow, Eugenio Clariond, Víctor Manuel Requejo, Juan Cortina, Carlos Salazar, Rolando Vega Sáenz, Pablo González Guajardo, Mauricio Doehner, Gastón Luken, Juan Ignacio Garza Herrera, Moisés Kalach y José Ramón Ardavín. Sesenta y siete empresarios acudieron al Club de Industriales a la sesión, más otros 30 que se conectaron por la web. Los temas más relevantes: nearshoring y relaciones con Estados Unidos.

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