CON EL PLENO de siete comisionados integrado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) retomó finalmente los casos que se habían suspendido por falta de quorum.
Uno de ellos, quizás el más emblemático, es la investigación de oficio por insumos esenciales o barreras a la competencia en el mercado de sistemas de pagos con tarjeta. El tema es de la mayor importancia.
Y es que todos los pagos con tarjeta pasan por sólo dos cámaras de compensación: E-Global y Prosa, que pertenecen a sendos grupos de bancos que las emiten y son aceptadas en los comercios.
E-Global pertenece a BBVA de Eduardo Osuna y Citibanamex de Manuel Romo, y Prosa a Banorte de Marcos Ramírez, HSBC de Jorge Arce, Santander de Felipe García, Scotiabank de Adrián Otero, Invex Juan Guichard y Banjército de Manuel Ramírez.
En un dictamen preliminar publicado en diciembre de 2020, la Cofece había propuesto obligar a los bancos a deshacerse de las dos cámaras de compensación y venderlas a terceros.
Consideraba que la configuración actual da ventajas artificiales a los bancos accionistas, las cuales provocan distorsiones en precios y servicios que al final del día afectan a los usuarios de las tarjetas.
El mencionado dictamen incluía diversas recomendaciones, pero la columna vertebral es precisamente la orden de separación entre bancos y cámaras de compensación.
Habrá que ver si el pleno avala el análisis y la propuesta de desincorporación que hizo el equipo técnico de la misma Cofece, para lo cual se requieren cinco votos de entre los siete comisionados.
El expediente puede considerarse como la primera prueba de fuego para los tres comisionados de reciente nombramiento: Andrea Marván Saltiel, Rodrigo Alcázar Silva y Giovanni Tapia Lezama.
Además es la oportunidad de reivindicarse para los cuatro veteranos: la comisionada presidenta Brenda Hernández, amén de Alejandro Faya, José Eduardo Mendoza y Ana María Reséndiz.
Hace dos años estos últimos fueron objeto de críticas por otra investigación relacionada con los bancos, en la que la Cofece encontró que había colusión en siete para la compra de bonos gubernamentales.
No obstante que se comprobó la práctica violatoria, no se atrevió ni a imponer multas similares a las multimillonarias ganancias que por casi una década se obtuvieron, ni a sancionar a altos directivos.
EL DECRETO PRESIDENCIAL por el que se trasladan las reservas territoriales del Fonatur a la Secretaría del Medio Ambiente, así como la operación de los más de 50 fideicomisos y el traslado de los 133 millones de pesos a estados y municipios, genera mucha incertidumbre entre inversionistas y desarrolladores inmobiliarios nacionales y extranjeros. Tendría que ser la Secretaria de Hacienda, que lleva Rogelio Ramírez de la O como cabeza del Comité Técnico del Fondo, o el Ejecutivo, los que deben expedir un decreto por el que los bienes de los ocho Centros Integralmente Planeados: Cancún, Los Cabos, Huatulco, Ixtapa y Loreto, amén de Bahía Banderas, Playa Espíritu y Costa Lora, deben pasar a ser administrados o por Nacional Financiera, que dirige Luis Antonio Ramírez, o por Banobras, que comanda Jorge Mendoza Sánchez, porque son los agentes financieros facultados para administrar. Hasta ahora no se ha avanzado al respecto y se sabe que la 4T creó una empresa paraestatal para administrar el Tren Maya, pero esa entidad está jurídicamente impedida para gestionar los terrenos y los fideicomisos existentes, los cuales pueden llegar a tener un valor cercano a 9 mil millones de pesos. El director de Fonatur, Javier May, está más ocupado en el Tren Maya y preparar su candidatura al gobierno de Tabasco, que en la operación y la extinción del Fonatur.
GRUPO PRODI Y Mota-Engil México acaban de llegar a un acuerdo vinculante con Duro Felguera para adquirir 55 por ciento de las acciones de esta firma asturiana. Las empresas que capitanean respectivamente Alfredo Miguel Bejos y Joao Parreira invertirán 90 millones de euros. Duro Felguera tiene una experiencia de más de 160 años en España en distintos sectores industriales y al igual que otras empresas, atravesó un momento complicado a raíz del freno económico que impuso la pandemia global por el Covid-19, además de la interrupción de cadenas logísticas en el comercio internacional. Desde entonces buscaba fuentes de financiamiento y trazó una ruta de estabilización financiera para dar viabilidad a su operación. El grupo hispano da servicio a empresas del calibre de Enel, Naturgy, Siemens, General Electric, Arcelor Mittal, Petrobras, ExxonMobil, Saudi Aramco y las mexicanas Holcim y Cemex. Desde México se tiene plena confianza en el plan de reestructura de Duro Felguera, que constituirá una plataforma para crecer las capacidades actuales tanto de Prodi como de Mota-Engil México.
EN EL PUERTO de Manzanillo, que comanda el almirante Salvador Gómez Meillón, existe una disputa por 35 mil metros cuadrados ubicados en el muelle 15 que eran de la Compañía Terminal de Manzanillo, empresa que ha estado tratando de detener en tribunales el supuesto intento de despojo. Este pleito provocó la reciente salida de Omar Lepe Vasconcelos, quien se desempeñó por más de un cuarto de siglo como gerente de Operaciones en el puerto. Viene una revisión exhaustiva de permisos, la cual fue ordenada directamente por el titular de la Marina, Rafael Ojeda Durán, para lograr una eficiencia y seguridad portuaria similar a la de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, mismo que esta bajo el mando del almirante retirado Jorge Luis Cruz Ballado.
ESTE MARTES FUE el último día de labores de Luis Urrutia como director general Jurídico del Banco de México. Llegó en enero del 2011. Doce años estuvo en el instituto central. Antes, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de 2006 a 2010. Urrutia se va a Washington como el segundo al bat del área jurídica ni más ni menos que del Fondo Monetario Internacional, que dirige Kristalina Georgieva.
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