COMO LO ADELANTAMOS, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le entregó a la polémica Rapiscan Systems la licitación para la compra de sistemas de inspección de rayos X.
El contrato fue por 11 mil 630 millones de pesos, que era la propuesta más cara de los seis competidores: le dieron cuatro partidas. Al final, se cumplieron las acusaciones que se hicieron desde un principio.
Y es que el proceso estaba hecho para que se lo ganara Rapiscan, que de 2011 a enero de 2021 daba este mismo servicio al SAT, pero que Raquel Buenrostro lo rescindió por mal servicio e incumplimiento.
¿Por qué se consideró favorita? A finales de diciembre de 2022, la Secretaría de Marina, que comanda José Rafael Ojeda Durán, le adjudicó un contrato para proveer el mismo servicio en los puertos.
Fue otra adjudicación directa por 3 mil 800 millones de pesos bajo el mecanismo de justificación de excepción por supuestamente tratarse de seguridad nacional, esto es que lo hicieron en lo “oscurito”.
En el documento de la Dirección General de Administración se puede apreciar que, al final, la competencia se centró entre Rapiscan Systems contra... nadie más.
En efecto, desecharon y descalificaron técnicamente a todas los demás y dejaron solita a la firma perteneciente al conglomerado de OSI Systems, como se había denunciado desde que inició el proceso.
Las únicas que buscaban las seis partidas eran Rapiscan Systems y el consorcio mexicano-chino liderado por Nuctech Company, Cruant y LTP Software.
Por cinco partidas iban en paralelo GJS México; Ingeniería Operativa, con la estadounidense Astrophysics; Operadora Safrat con la inglesa Linev Systems, y Seguritech Privada.
Leidos decidió no participar por las inconsistencias que se plantearon en las bases y desde el inicio de la licitación en cuanto a los tiempos para realizar las instalaciones.
No era posible instalar a más tardar el 30 de noviembre de este año los sistemas de inspección de rayos X para las 21 aduanas del país, además de que ya estaba configurado para que se lo llevara Rapiscan.
También se denunció que las especificaciones técnicas son para comprar equipo chatarra, esto es, que es obsoleto de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).
La dependencia que capitanea Luis Cresencio Sandoval solicitó capacidad de penetración de escaneo en acero mínimo de 254 mm, que es lo que hacían equipos de hace 10 años, pero ahora debe ser de 300 mm.
La milicia también solicitó para las aduanas que los equipos debían escanear un tren cuando viaje a 15 kilómetros por hora, pero debería ser cuando van a 25 kilómetros por hora.
Solicitar productos viejos tenía un propósito: que la empresa ganadora ya los tuviera y únicamente fuesen recubiertos para instalarlos en México. Y ahí se entiende más porqué fue Rapiscan.
En 2011 fue contratada por el gobierno de Felipe Calderón, vía Genaro García Luna, para instalar 42 escáneres de rayos X, pero éstos fueron instalados hasta 2014, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En esta licitación se pidieron 170 equipos, que es alrededor de un 400 por ciento más. Si no tenían capacidad de entrega con menos productos, ahora mucho menos.
Salvo, claro, que ya tuvieran productos que fueron utilizados en aduanas de otros países y fueron retirados por viejos. Entre muchas otras más inconsistencias técnicas y legales que se asoman en este proceso.
El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, fue determinante en la compra, debido a que cabildeó a favor de Rapiscan, empresa que en aquel país es fuertemente criticada por los casos de corrupción.
Como se ha dicho desde el inicio: el Departamento de Estado y la Embajada se inmiscuyeron en el proceso para evitar que el gobierno de la 4T contratara tecnología china.
Una compra, pues, en la que se torció la tan carareada soberanía nacional a la que se refirió Andrés Manuel López Obrador en su concentración del sábado para conmemorar la expropiación petrolera.
VULCAN MATERIALS, QUE preside J. Thomas Hill, está tergiversando la información para presentarse como víctima de Cemex y del gobierno de la 4T por el cierre de su terminal portuaria de Calica, en Playa del Carmen, Quintana Roo. El asunto hizo crisis la semana pasada, cuando a la cementera que preside Rogelio Zambrano de plano se le negó el acceso. El principal perjudicado fue el proyecto del Tren Maya, porque dejó de recibir material. Cemex y Vulcan tienen un acuerdo que data de hace 20 años, tiempo en que las operaciones no habían tenido mayores problemas. Los conflictos iniciaron justo a finales del año pasado, cuando los regiomontanos empezaron a tener restricciones para introducir cemento, lo que los llevó a obtener medidas cautelares por una demanda civil que presentaron. Pero por el escalamiento de las diferencias obligaron a Cemex a demandar penalmente a Vulcan.
LA SEMANA PASADA la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa le dio la despedida al magistrado Manuel Hallivis Pelayo, quien se retiró del servicio público tras cumplir los correspondientes años de servicio. El doctor en Derecho por la UNAM recibió también una incapacidad permanente por motivos de salud ordenada por el ISSSTE, lo que le asegura unos 20 millones de pesos de pensión inmediata, eso sin contar los tres meses de sueldo que recibirá de permiso prejubilatorio. Cuentan que tales beneficios se los prometió desde el año anterior el expresidente del Tribunal, Rafael Anzures, para dar su voto y apoyos a Luz María Anaya, magistrada que aspiraba a presidir el órgano jurisdiccional y que perdió finalmente contra Guillermo Valls.
BAJO EL ESQUEMA de “recepción jurídica” con el que pagó por adelantado 25 mil toneladas de azúcar a Servicios Integrales Carregin, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) hizo también una “compra consolidada de productos cárnicos” por casi 74 millones de pesos en tiempos de Ignacio Ovalle. De ahí que, en las mesas interdisciplinarias que mantienen las autoridades para esclarecer el desfalco en la otrora Conasupo, se indaga la mencionada adquisición de la que quedaron pendientes de entrega poco más de 13 millones de pesos en productos que se adquirieron a los proveedores Novam Innovación en Alimentos, Synexo, Wurst Alimentos y Empacadora La Merced, cuyos representantes serán citados a declarar ante el ministerio público.
EL PASADO FIN de semana, Manolo Jiménez tomó protesta como candidato del Partido Revolucionario Institucional al gobierno de Coahuila. Pero el personaje principal del evento fue el gobernador en funciones, Miguel Ángel Riquelme, quien no dudó en levantarle la mano a quien aspira a sucederlo en el cargo. Para los morenistas, además de una violación a la legislación electoral, estos actos demuestran que el mandatario coahuilense confía ciegamente en que hay un pacto para que su partido retenga su estado. Pero aseguran que esta idea de renunciar anticipadamente a una batalla no ha pasado siquiera por la cabeza del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni por su excolaborador en materia de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía.