LA TOMA DE las 13 plantas de Iberdrola por parte del gobierno de la 4T cobró tracción una vez que Rogelio Ramírez de la O asumió el mando de la Secretaría de Hacienda, esto en julio de 2021.
Fue una de las primeras encomiendas que su amigo, Andrés Manuel López Obrador, dio al doctor en Economía de Cambridge, quien a su vez se apoyó en otro muy cercano a él: Carlos Robles Gil.
Robles Gil, un economista educado en Estados Unidos y graduado del Kennedy School of Government de Harvard, declinó a Ramírez de la O la subsecretaría de Hacienda y propuso, mejor, apoyarlo por fuera.
Número dos del Mexican Infraestructure Fund (MIF), en realidad es la mente atrás de este vehículo por medio del cual el gobierno obradorista está tomando las plantas de ciclo combinado del gigante español.
Su fuerte es la infraestructura desde el año 2000. De hecho, la Embajada de Estados Unidos le da seguimiento desde hace tres lustros como uno de los principales asesores del tabasqueño en esa materia.
Ex director financiero de Aeropuertos y Servicios Auxiliares en el gobierno de Vicente Fox, y después fundador del Boston Infraestructure Investment, transitó como director del fondo Macquiare y posteriormente como socio del fondo EXI, controladora de MIF.
Robles Gil es experto en Asociaciones Público-Privadas y estructurador y colocador de vehículos de inversión, como CKDes y Cerpis; de esa habilidad echó mano Ramírez de la O, ahora, para adquirir los activos de Iberdrola.
Del mismo equipo de asesores de AMLO, Carlos Urzúa, Arturo Herrera, Gerardo Esquivel, Eugenio Robles y el mismo Ramírez de la O, Robles dio por hecho en 2006 que ganarían las elecciones presidenciales.
Diecisiete años después las circunstancias los vuelven a unir en lo que para el inquilino de Palacio Nacional es una “nacionalización de la industria eléctrica” y para sus detractores una compra ruinosa de la que ahora la 4T no sabe cómo salir.
Con la instrucción en el escritorio, Ramírez de la O buscó a Robles Gil para encontrar la forma de hacer a un lado a Iberdrola. Solo había dos caminos: el hostil, vía una expropiación, y el negociado, vía la compra.
La primera terminaría por sepultar la poca certidumbre jurídica del país, meter al gobierno en un multimillonario pleito legal que no ganaría y vetar a México como destino de nuevas inversiones extranjeras.
Entonces se optó por la segunda: la de sacar del país a punta de billetazos a la sacrílega empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán que se benefició del gobierno de Felipe Calderón y a quien después fichó.
Ramírez y Robles tenían desde hace poco más de un año una presión adicional que les dificultaba la orden presidencial: Manuel Bartlett Díaz. Y es que el director de la CFE les venía pisando los talones.
Bartlett era el que le hablaba al oído a López Obrador y lo encendía con la expropiación a Iberdrola, mientras que Ramírez de la O buscaba una fórmula para comprar las 13 plantas fuera del balance financiero de la CFE.
Al inicio de esta carrera que empezó con el 2022, el exsecretario de Gobernación de Miguel de la Madrid pretendía que Hacienda le etiquetara recursos para ir comprando a los privados sus activos, incluido Iberdrola.
Por supuesto que Ramírez de la O, quien nunca ha congeniado con Bartlett y quien es su antípoda en el mundo empresarial, desechó la idea y empezó a explorar otros caminos: fue así como se centró en MIF.
Robles Gil es el verdadero artífice financiero de la compra por 6 mil millones de dólares a Iberdrola y no Mario Gabriel Budebo, exsubsecretario de Hidrocarburos en el sexenio de Calderón y quien aparece como CEO de MIF.
El Mexican Infraestructure Fund podría llevarse un fee de 90 millones de dólares por intermediar la transacción. El problema es que no han podido convencer a nadie para financiar una operación que está inflada en más de 2 mil millones de dólares.
Tocaron las puertas de las Afore, que dijeron en principio no. Y ahora buscan convencer a un grupo de bancos entre los que figuran Banobras, BBVA, Santander, Inbursa, Banorte y Bank of America.
Pero los tiempos de vida de los contratos, que serían la fuente de repago, no reúnen las garantías para ser bancarizables. He ahí el reto que enfrentan Ramírez de la O y Robles Gil.
EL CIERRE DE la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) lo adelantamos aquí desde el 20 de octubre del año pasado (La caída de la Financiera Nacional). Ciertamente, este banco ya traía a cuestas una abultada cartera por malos manejos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no estuvo dispuesto a sanear. El tabasqueño, desde que se sentó en la silla presidencial, había tomado la decisión de cerrarla porque la FND encarnaba todo lo que a su juicio representa la corrupción de sus más recalcitrantes adversarios políticos. Imagínese: surgió en 2003 en el sexenio de Vicente Fox a instancias de su entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien instruyó armarla a su subsecretario Agustín Carstens, quien a su vez delegó esa función a un prometedor funcionario que empezaba a despegar y que sería su primer director general: José Antonio Meade. Si la FND no desapareció inmediatamente fue por Alfonso Romo, quien como ingeniero agrónomo colocó al frente a un conocedor del sector que intentó reflotarla, Javier Delgado. Pero este experto en financiamiento al campo y egresado de la Universidad de Chapingo, a la salida del entonces jefe de la Oficina de Presidencia, fue avasallado por los grupos de poder al interior del sector hacendario y obligado a renunciar en julio de 2020. Curiosamente uno de ellos fue Leonel Ramírez, coordinador de asesores del secretario Rogelio Ramírez de la O, quien incluso quiso quitar inmediatamente a Baldemar Hernández, designado relevo de Delgado por su amigo y paisano, López Obrador. Cosas de la vida, el principal boquete de la FND lo dejó precisamente Leonel y su entonces jefe, Juan Carlos Cortés, cuando eran el número 2 y 1 de ese banco, respectivamente, en el pasado sexenio. Otorgaron 500 mil créditos sin garantía a tasas de 6.5 por ciento para mujeres y 7 por ciento para hombres. El pomposo anuncio lo hizo Enrique Peña Nieto en una gira por Guadalajara.
LA REESTRUCTURA QUE está resultando una simulación es la de Altos Hornos de México (AHMSA). Las renuncias a 55 por ciento de las acciones y a los puestos de consejeros de Alonso, Manuel Arturo, Guillermo, Jorge Alberto, José Eduardo, María Herlinda y María de Lourdes Ancira no se han concretado y siguen sujetas a varias condiciones, principalmente a blindajes legales que el adquirente de ese paquete, Daniel Chapman, dueño del fondo Argentem, no puede garantizar porque dependen del SAT, la UIF y Pemex. El contrato que Ancira y Chapman firmaron venció el 15 de marzo y no se cumplió nada de lo estipulado ahí, principalmente la entrada de 50 millones de dólares. No se descarta que el banquero traiga el dinero, pero en otros términos y condiciones. El tiempo corre en su contra y con la presión de Cargill y Villacero de llevar a AHMSA a un verdadero concurso mercantil, pues la quiebra que le decretaron es ilegal porque fue bajo la antigua Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos que desapareció en 1999.
ALFONSO ASCENCIO TRIUJEQUE, quien es desde abril de 2014 el síndico de Mexicana de Aviación, suena para ser, nueve años después, el encargado ahora de la quiebra de Interjet. La designación la tiene que hacer en breve la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, que lleva Jorge Arganis. El 4 de abril el juez concursal, Saúl Martínez Lira, decretó el remate de sus bienes tras de que el conciliador del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, Gerardo Sierra, no solicitara una extensión del plazo. Y no lo concedió porque a ocho meses de estar en ese estatus, más año y medio de haber suspendido operaciones, sus nuevos accionistas, Alejandro y Carlos del Valle, y el anterior dueño, Miguel Alemán Magnani, no presentaron una propuesta realista para reflotarla.