LA SEMANA PASADA se abrió un nuevo capítulo en el juicio contra Santander de las señoras Viviana, Carmen y Gabriela Garza Delgado, herederas de Roberto Garza Sada, fundador del Grupo Alfa.
Presentaron una queja en la Securities Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos porque consideran que el banco entregó un informe falso, por lo que respecta al cierre del ejercicio fiscal de 2022.
Indica que indebidamente se señaló que la ilegal disposición del patrimonio del fideicomiso de la familia Garza había operado en virtud de cartas de instrucción auténticas de su padre, Garza Sada, no obstante que tribunales mexicanos ya declararon que se trató de documentos apócrifos.
Asimismo, se refiere que dicho informe bancario es omiso respecto del hecho de que la persona beneficiada por el uso de los documentos falsos, su hermano, Roberto Garza Delgado, era consejero y miembro del comité ejecutivo del banco al momento de los retiros.
Finalmente reclaman que la provisión de Santander por las contingencias, resulta insuficiente para responder a una reclamación de más de mil millones de dólares.
En el banco que preside Ana Botín, lejos de allanarse a las resoluciones judiciales que han ido perdiendo desde hace más de dos años, se siguen blindando para la ejecución de la sentencia: ahora sumaron a dos connotados miembros a su batería política y legal.
Apunte al diputado Santiago Creel, que en la última semana de febrero estuvo en la Sultana del Norte buscando que las autoridades que encabezan Samuel García en el gobierno del estado y Luis Donaldo Colosio Riojas en la alcaldía de Monterrey, apoyaran a Santander.
En paralelo se acaba de unir también a las huestes de ese banco el penalista Víctor Olea, nuevo presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y famoso por su relación con la Fiscalía General de la República.
Los litigantes originales de la institución que preside Felipe García Ascencio son Javier Quijano y Javier Cortina, quienes con todo y su cercanía a Andrés Manuel López Obrador y su cabildeo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no han podido echar abajo las sentencias de jueces y magistrados.
Ahora van por oooootro intento más: así que la disputa por más de mil millones de dólares entre las herederas de uno de los íconos empresariales de Monterrey y el banco que fundó Emilio Botín, todavía tiene varios capítulos por delante.
LA SEMANA PREVIA a la Santa fue detenida en el aeropuerto de Tijuana y enviada a la CdMx por un proceso de radicación violada, la señora Gabriela Casasús Fernández, esposa y socia de quien fuera el CEO de Exfarma, Rafael Borbón. Mientras su mujer enfrenta juicios mercantiles y penales aquí por haber firmado como obligada solidaria de él, su aún marido, Borbón, se da vida de playboy en lanchas de lujo y coches Ferrari, en los que se exhibe participando en desfiles en la exclusiva zona de Coronado Bay, San Diego. Como muestra, un video en mis redes sociales. Borbón enfrenta procesos de defraudación que ya suman más de mil millones de pesos. Es probablemente el fraude más grande en el sector farmacéutico. Entre los afectados apunte a Loeffer, Medikamenta, Ultra Laboratorios, Farmacéutica Hispanoamérica, Pharma Tycsasa, Laboratorios Pisa, Santander, Sabadell, Banco del Bajío, Monex y Alloy Capital entre muchos más. Ahora los acreedores luchan contra el tiempo para ver quiénes logran cobrar con las propiedades y activos que están a nombre de Borbón y su esposa. Pero este penoso hecho también muestra cómo en los tribunales de la CdMx es posible alargar procesos y evadir el rendir cuentas.
NO ES NINGÚN secreto que Laboratorios Chopo, de José Carlos Pérez y Pérez, presiona a sus competidores con estrategias comerciales y legales agresivas. Ahora tocó a Grupo Diagnóstico Aries, a cuyo director, Rubén Fernando Barba, presentó una querella por el supuesto delito de revelación de secretos. La denuncia se hizo basada en un peritaje forense de Deloitte, en el que intervenieron mensajes y correos electrónicos sin autorización judicial. Por ello el 5 de marzo pasado se vinculó a proceso al director jurídico de esa firma, Antonio Pérez de la Riva, así como a un ingeniero en sistemas de Deloitte, que dirige Francisco Pérez Cisneros. Intentando contrarrestar esta acción, los pupilos de Pérez y Pérez judicializaron a su vez una carpeta de investigación por la supuesta revelación de secretos, en la que la juzgadora que recibió dicha petición de audiencia inicial, al analizar el expediente y encontrar que el abogado del Chopo estaba vinculado a proceso, resolvió dejar sin materia la audiencia. Palo, pues, para este laboratorio.
AL FINAL NO fue Perforadora Latina, de Adolfo del Valle Ruiz, sino el Grupo Value, de Carlos Bremer, el que está comprando la plataforma Frida, propiedad de Unifin. El financiero regiomontano muy cercano a los afectos de Andrés Manuel López Obrador pagará unos 55 millones de dólares por esa instalación tipo semisumergible ubicada en aguas del Golfo de México. Como le informamos hace un par de semanas, con esta transacción la empresa bursátil de Rodrigo Lebois ya no está presionada a buscar un crédito en posesión del deudor (DIP) a fin de capitalizarse. Para Bremer esta es la segunda incursión en el sector petrolero, si considera que años atrás rescató y reflotó a Transportación Marítima Mexicana (TMM), la de José Serrano Segovia y cuyo timón ahora lleva su hija, Vanessa Serrano Cuevas.
LA EMPRESARIA RAQUEL Bessudo, quien fue esposa del afamado industrial León Bessudo Sourasky, uno de los fundadores de la refresquera Jarritos, inició una batalla legal. Resulta que derivado del fallecimiento de su marido emprendió nuevos negocios. Uno de ellos fue con la empresa Oilprom, que dirige Juan Carlos Padilla Salgado, dedicada al sector energético. Esta compañía está asociada a su vez con el grupo español PYP Engineering Services, que manejan al alimón Luis Santos y Jacinto Cañete. Han existido diferencias societarias, por las que la señora Bessudo está iniciando acciones judiciales contra sus socios, entre ellos los industriales ibéricos y el tal Padilla Salgado.
APENAS EL 5 de abril se publicaron las licitaciones para servicios de laboratorio y para banco de sangre del IMSS. Grupo Falcón de Noé Ramírez es la más sancionada por prácticas monopólicas y fue inhabilitada en 2022. Pero resulta que ganó un juicio dos días antes del inicio del proceso de la dependencia de Zoé Robledo, lo que le permitirá volver a participar. Los magistrados de la Sexta Sala Regional Metropolitana resolvieron en sentencia definitiva y por unanimidad levantar la inhabilitación a este proveedor. Habrá que ver si se apuntan en este concurso, pese a la resolución del gobierno de no dejarlos participar.
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