EL GOBIERNO DE la 4T va a heredar a la próxima administración uno de los problemas sociales más graves: la escasez de agua en México.
El actual régimen ha hecho muy poco para resolver la crisis hídrica que venimos arrastrando desde hace décadas porque no existe una política pública desde la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Sume el desordenado crecimiento urbano, la pérdida de hasta un 50 por ciento del caudal en los sistemas de agua, el cambio climático, la sequía y la explotación de los acuíferos, todo dibuja un panorama desolador.
Los expertos estiman que para el año 2030 la disponibilidad del líquido descienda por debajo de 3 mil metros cúbicos por habitante al año, cuando en 1960 era de 10 mil metros cúbicos anuales.
Ahora que la Organización Mundial de la Salud anunció el fin de la pandemia, el mundo tendrá que enfrentar otra problemática de mayores dimensiones y que requiere de atención inmediata: la crisis del agua.
Como lo señaló la ministra Norma Piña en su participación en la Conferencia del Agua ONU 2023: es necesario que en cada decisión judicial se haga valer el interés público implícito en el uso sustentable, la conservación y la restauración de los recursos hídricos.
Máximas por encima de intereses privados o de cualquier otro contrario al bien mayor de los derechos colectivos y de la naturaleza, que dependen del agua segura, suficiente y con enfoque de justicia intergeneracional.
La presidenta de la Corte enfatizó que en el mundo estamos muy lejos de las metas propuestas para detener y revertir la crisis hídrica, metas inseparables de los esfuerzos, todavía muy insuficientes, para enfrentar la emergencia mundial.
Y aunque muchos países realizan grandes acciones para revertir este proceso, otros se quedan cortos en sus labores, o incluso promueven proyectos contrarios a la tendencia mundial para revertir esa emergencia.
Es el caso del Tren Maya, criticado desde su inicio por grupos ambientalistas por la deforestación de grandes extensiones de selva, lo que afectará los suelos, los acuíferos, la flora y la fauna.
La iniciativa por la que se crea la nueva Ley General de Aguas, pendiente en el Congreso desde hace una década, será sometida a consulta entre dependencias de gobierno, universidades, especialistas y colectivos de la sociedad.
La meta es tener un dictamen consensuado a finales de agosto, que pueda ser discutido y aprobado a partir de septiembre.
Contrario a lo que hacen otros países, en México habrá que esperar aún más tiempo para tener soluciones.
AYER CIRCULÓ UN video en YouTube donde se exponen las supuestas operaciones financieras de la madre de José Luis Moyá Moyá, el autonombrado zar de la transparencia. En el material de alrededor de cinco minutos se muestran presuntos documentos del sistema financiero que la señalarían como parte central de distintos movimientos entre recepciones y transferencias millonarias, pese a que no contaría con ninguna actividad empresarial y a su edad de 87 años. De acuerdo con la grabación, se culpa a Moyá Moyá de utilizar a su madre para triangular los recursos que recibe de las presuntas extorsiones. Según el video, solo en el año 2020 la señora Moyá podría haber gastado más de 11 millones de pesos y en 2018 habría recibido depósitos en efectivo por un millón 880 mil pesos. Además, entre 2019 y 2021, supuestamente transfirió 5 millones 248 mil pesos sin justificación aparente, y a través de 18 operaciones, entre 2018 y 2022, le habría transferido a su hijo José Luis Moyá un millón 815 mil pesos. La Fiscalía de la CdMx que lleva Ernestina Godoy, la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero, la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Pablo Gómez y el Servicio de Administración Tributaria que preside Antonio Martínez Dagnino, investigan a quien fuera candidato para formar parte del INAI.
PEMEX DIO A conocer que durante el año pasado pagó a sus proveedores y contratistas cerca de 445 mil 148 millones de pesos, la cifra más alta desde el año 2017. La empresa encabezada por Octavio Romero Oropeza continúa acelerando el flujo de recursos durante este año, por lo cual al primer trimestre ya había realizado un pago por 82 mil 235 millones de pesos, privilegiando a las pequeñas y medianas empresas en este proceso con el fin de que no se descapitalicen. En 2021, Pemex lanzó su página de registro de proveedores, a través de la cual personas morales y personas físicas se pueden dar de alta con el fin de que los procesos de compra sean más ágiles, así como los pagos. Esto además da transparencia en el tema de los pagos, los cuales se calendarizan de acuerdo a como los proveedores y contratistas vayan cumpliendo con todo el procedimiento de cobro.
LA VENTA EN Polonia de pilas rotuladas con el logotipo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) no es un misterio, sino uno más de los negocios que se hicieron en la dependencia en tiempos de Ignacio Ovalle. A detalle, el ex director comercial, Manuel Lozano Jiménez, propuso y operó la compra de más de un millón de pilas a la empresa Tempoel México para que fueran integradas al Programa de Abasto Rural, por allá de septiembre de 2019. Con la salida de los funcionarios hoy buscados por la Fiscalía General de la República y la llegada de un nuevo equipo a la otrora Conasupo, la recepción de los insumos fue suspendida, a pesar de que fueron pagados anticipadamente los 15 millones de pesos que comprendía el contrato. A los almacenes de Diconsa solamente llegó la mitad de las pilas requeridas. El resto del lote que no fue recibido terminó en el Viejo Continente antes de expirar.
LUEGO DE LA confirmación de que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, buscará la candidatura del PAN a la Presidencia de la República, hay un grupo de empresarios en el norte del país que empieza a buscar las formas de apoyar al aspirante blanquiazul sin lastimar su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su movimiento. Entre los hombres de negocio que al parecer tendrían que pagar favores, se encuentra Carlos Bremer de Value Grupo Financiero. Y es que en la pasada administración tamaulipeca recibió contratos por mil 103 millones de pesos para el servicio de arrendamiento de autos, desde la Secretaría de Administración, y a través de la razones sociales Value Automotriz y Value Arrendadora.
PUES CON LA novedad de que apenas el martes pasado fue presentado ante la jueza primera de Distrito Especializado en Concursos Mercantiles, Olga Borja Cárdenas, una nueva solicitud de concurso mercantil contra Altos Hornos de México (AHMSA). La promovió Transportes Especializados Bortoni, de Juan Gerardo Bortoni González. Este recurso, que se radicó en la CdMx, es un primer intento para reponer un proceso que de manera muy irregular se sigue en Coahuila y con el cual se pretende reflotar a la principal empresa de Monclova con una ley abrogada hace 20 años. Ya se lo habíamos platicado.