EL NACIONAL MONTE de Piedad emprendió sin sustento la campaña #salvemosalMonte, asegurando que está al borde de la quiebra. Pero sus propias declaraciones fiscales demuestran todo lo contrario.
En los últimos meses la institución de asistencia privada ha cerrado 18 sucursales y despedido personal bajo el argumento de que está inmersa en una profunda crisis financiera.
Pero el Sindicato Nacional del Monte de Piedad, que lidera Arturo Zayún, ha hecho pública la documentación del SAT que le acredita solidez, rentabilidad y constante crecimiento financiero.
Los últimos datos públicos de la donataria en el portal del organismo que lleva Antonio Martínez Dagnino, reportan ingresos por alrededor de 9 mil 270 millones de pesos, de los cuales erogaron 7 mil 290 millones.
De estos últimos, mil 390 millones de pesos fueron para administración y 5 mil 900 millones para operación, estados financieros correspondientes al año 2021.
Sus resultados financieros de 2022 serán públicos en la plataforma del SAT hasta el segundo semestre de este 2023, pero todo apunta a que tendrán la misma tendencia de crecimiento.
Mientras que en 2020 tuvieron ingresos por 9 mil 70 millones de pesos, de gastos pagó 5 mil 446 millones, de los cuales 966 millones son gastos de administración y 4 mil 480 millones gastos de operación.
Los activos del Monte de Piedad también aumentaron de 2020 a 2021, ya que pasaron de 32 mil 350 millones de pesos a 33 mil 795 millones de pesos.
Su activo circulante fue de 28 mil 580 millones de pesos y un año después pasó a ser de 28 mil 660 millones de pesos.
En cuanto a su activo fijo, saltó de 2 mil 600 millones de pesos en 2020 a 3 mil 965 millones de pesos en 2021.
Y otra muestra más de su buena salud financiera, es que sus activos-pasivos disminuyeron, ya que en 2020 eran de 8 mil 420 millones de pesos y bajaron a 7 mil 440 millones en 2021.
Por otra parte, en 2020 contaban con una plantilla de 4 mil 535 empleados y en 2021 crecieron a 4 mil 600, de los cuales 2 mil 410 eran sindicalizados y el resto de confianza.
Por ello, estos resultados que hablan de una salud financiera se contraponen al cierre de 18 sucursales en los últimos meses y a la campaña nacional #salvemosalMonte.
El Monte de Piedad fue fundado en 1775 para dar financiamiento social a través de préstamos prendarios, por ello su principal clientela son mexicanos que se encuentran en condiciones de exclusión.
El conflicto entre su administración y el sindicato comenzó a finales de 2021, cuando la primera se negó a aumentar los salarios de los trabajadores sindicalizados.
Además, ellos acusan que hay despidos injustificados y cierres de sucursales sin motivos, e incluso el conflicto pudo llegar a la huelga, pero el sindicato se desistió de irse a ese extremo.
Con todo ello queda demostrado que la situación financiera de la institución es sana, rentable y que el contrato colectivo de trabajo no es lo que la tiene al borde de una crisis de viabilidad económica inexistente.
Así que habrá que estar pendientes, porque este caso cada día se politiza más y seguramente terminará en los juzgados.
EN COSA DE horas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) va a votar la constitucionalidad de otro acuerdo polémico de Andrés Manuel López Obrador. Se trata del que expidió el 22 de noviembre del 2021 y que declara como de seguridad nacional lo que etiquetó como proyectos prioritarios de su gobierno, muy marcadamente el Tren Maya, y por el cual no está obligado a rendir cuentas al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Este jueves se vota el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que declara dicho acuerdo como inconstitucional. Y a diferencia de la reciente goliza de 2 a 0 que los ministros le propinaron con la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral, en ésta el inquilino de Palacio Nacional podría imponerse. Todo va a depender del sentido hoy del voto de la ministra Margarita Rios Farjat, que considera que no debe invalidarse ese decreto. Los votos a favor del acuerdo de López Obrador son los de Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y casi seguro el de Arturo Zaldívar. Vamos a ver si éste último vuelve a dar la sorpresa.
EL SÍNDICO DE Interjet, Gerardo Sierra, nos envió la siguiente réplica sobre lo que publicamos aquí el martes. La reproducimos tal cual. “La quiebra de una empresa es consecuencia natural cuando no se consigue un consenso mayoritario de acreedores para su rescate. No es facultad o derecho del conciliador detonar la quiebra, y si bien él puede gestionar una primera prórroga cuando tiene certeza de que un convenio está próximo a ocurrir, dicha prórroga también la puede gestionar directamente el comerciante y una mayoría de sus acreedores. En el caso de Interjet, ni al conciliador ni al juez se le solicitó formalmente la prórroga (por escrito con firmas autógrafas), por ninguna de las partes del concurso mercantil. Ahora bien, en la quiebra la empresa queda bajo la administración de un síndico quien sin restricción podrá accionar para recuperar los bienes o dineros sobre los que Interjet tenga derecho, incluida la reparación de cualquier daño que le pudieran haber causado. Dilatar la quiebra y la entrada en funciones del síndico conlleva el riesgo de que los derechos de Interjet prescriban”.
PUES 375 DE 37 mil 569 luminarias de Pachuca no funcionan o se están reparando. A ello se suma que el municipio a cargo del priísta Sergio Baños adeuda, sin justificación legal alguna, casi dos años de pago del contrato de compraventa de más de 21 mil luminarias tipo led y colocadas ahí por la empresa Lumo Financiera del Centro, a quien pretenden exhibir ante una falta de servicio, cuando el municipio no ha cumplido con el convenio pagando lo necesario para hacer válida una garantía. En septiembre del año pasado la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, dictó sentencia definitiva confirmando el cumplimiento del contrato en tiempo y forma, sin que el municipio haya cubierto el pago correspondiente, lo cual anticipa más acciones legales contra las autoridades, algunas de ellas ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, a cargo de Santiago Nieto.
A MUCHAS EMPRESAS que cotizan en el mercado de valores se les va acabar la fiesta y tienen algunas semanas para remendar muy bien sus estados financieros. Hasta ahora muchos de los reportes se quedan entre amigos, socios y colaboradores, pero con la nueva Ley del Mercado de Valores aprobada por el Senado en abril las penas pueden alcanzar hasta 10 años de cárcel a miembros de los consejos de administración, directivos, empleados o apoderados, por omitir, falsificar, destruir o presentar documentos o información falsa o alterada. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Jesús de la Fuente, va a tener los dientes suficientes para sancionar a las emisoras que defrauden a inversionistas y se enriquezcan a costa del engaño. Son empresas medianas, que tienen poca actividad bursátil.
UNA PRECISIÓN OBLIGADA: a la comida que el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó este martes a su Consejo Asesor Empresarial, sí asistieron Carlos Slim, Ricardo Salinas y Olegario Vázquez Aldir. El único que no acudió fue Sergio Gutiérrez Muguerza.
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