Auditor Superior de la Federación
A Bruno, un año más de felicidad (y los muchos que siguen)
Las participaciones que reciben las entidades federativas y los municipios, a partir del esfuerzo recaudatorio del nivel central y la “dejada en suspenso” de facultades recaudatorias desde 1980 –que constitucionalmente podrían aplicar– para recibir a cambio un porcentaje de lo que recauda el SAT.
Adicionalmente en 2006 se creó el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) para compensar a estados y municipios por caídas en la recaudación de los fondos participables, particularmente el Fondo General de Participaciones, y otros más pequeños, el cual se activó en 2009 cuando contaba con una reserva de 24 mil millones de pesos, e incluso se recurrió a una “potenciación”, a través de un crédito signado por todos los estados, repartiendose los recursos y el servicio de esta deuda de acuerdo al coeficiente de cada entidad federativa. Hoy, aún existe con recursos del FEIEF, potenciado ante cualquier emergencia.
A octubre, las participaciones pagadas están por arriba de lo estimado en 19 mil 500 millones, lo que ante los 711.8 mil millones programados para estos diez meses, han recibido 731.4 mil millones.
Debido a los sesgos y regresividad de la fórmula de distribución de participaciones modificada a partir de 2008, basada en la población domiciliada, impactó fuertementemente a las entidades con menor población domiciliada, tendiendo a concentrar sus beneficios en las que tienen más.
No hay que olvidar que las participaciones se consideran ingresos propios de libre disponibilidad, cuyo gasto es determinado por los Congresos locales, sin embargo, como son recursos de origen federal, son fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Federación, la cual audita su correcta aplicación y transferencia a los municipios. Las fórmulas estatales son definidas por los Congresos locales y la mayoría son diferentes entre sí y no son muy correctas.
Con el comportamiento de la Recaudación Federal Participable (RFP) vemos como positivo lo que está sucediendo con el IVA y el ISR, los dos impuestos federales más importantes; uno directo y otro indirecto. La suma de ambos presenta un crecimiento cercano al 12 por ciento real, aunque el IEPS de gasolinas registró una reducción de 81 por ciento, derivado de la estrategia federal de contención de los precios del combustible, para no generar un impacto negativo en la inflación: “el ladrón de guante blanco”, que pega más a quien menos tiene.
Por otra parte, desde hace tiempo el componente petrolero de la RFP ha disminuido considerablemente en términos reales a partir de 2015, sin embargo, a octubre de 2022 se presentó un incremento de 113.4 por ciento con relación a 2021. Y son cifras verificables en el Comité de Vigilancia del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF). Lo anterior significa que los estados y municipios han recibido más recursos participables respecto a lo estimado. Parte de la crisis fiscal de algunos es un desorden en el manejo de los recursos y su ineficiente trabajo recaudatorio. Por supuesto, hay notables excepciones.
Por ello, el promedio de dependencia de los ingresos estatales respecto de las participaciones varía en alrededor del 90 por ciento. No recaudan lo que podrían y deberían hacer, y no es sólo el tema del limitado potencial recaudatorio de los impuestos que pueden cobrar los estados, también su desinterés fiscal, y la poca atención en la fiscalización coordinada por parte de muchas entidades.
En suma, es fácil pedir; lo complejo es recaudar sin crear más impuestos, sólo cobrando lo que les permite y les obliga la Ley de Coordinación Fiscal y su Convenio de Adhesión.
Con eficiencia, transparencia y sin abusos en el manejo del presupuesto, se puede combatir mejor la corrupción.