Auditor Superior de la Federación
La Ley de Disciplina Financiera ha contribuido a un mejor control de las finanzas públicas locales, por ejemplo, después del gran crecimiento que se dio de 2006 a 2012, cuando la deuda de las entidades federativas se incrementó casi tres veces más, al pasar de 160 mil millones de pesos a fines de 2006, a 435 mil millones en 2012, y pasar de 49 por ciento como porcentaje de las participaciones a cerca del 80 por ciento.
Más recientemente el crecimiento anual de la deuda en 2018, punto donde se había estabilizado, respecto de 2020, que fue inicio de la pandemia, la deuda pasó de 601 a 637 mil millones de pesos, esto es sólo 6.0 por ciento adicional, para finalmente, destacar que a fines de 2022, la deuda de estados y municipios creció un 14 por ciento respecto a 2018, concentrado principalmente este crecimiento en 2020 y 2021, años en que el efecto de la pandemia se agudizó y que ha empezado a decrecer en 2022; claro, el FEIEF contribuyó a esta estabilización y al crecimiento por arriba de lo estimado de los ingresos tributarios en los últimos tres años, con su impacto en las participaciones.
Además, la deuda respecto con relación a los ingresos de libre disposición de origen federal hoy corresponde a un 64 por ciento, porcentaje aún menor al 67 por ciento que se tuvo en 2009, cuando llegó a 252 mil millones de pesos; claro, la crisis hipotecaria provocó caídas importantes en los ingresos tributarios de países como el nuestro, provocando crisis fiscales. Fue cuando por primera vez se potencia el FEIEF.
Para este cierre 2022, las cinco entidades con un mayor monto de deuda del país son: la Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua y Veracruz, los cuales conforma el 51 por ciento de la deuda total de las entidades.
Sin embargo, el mayor monto de deuda no es tan representativo como su capacidad de pago y, en este sentido, la ley tiene dos indicadores que nos permiten medir de manera más adecuada la situación de endeudamiento de estados y municipios y sus progresos.
El primer indicador es la relación entre el pago del servicio de la deuda y los ingresos de libre disposición, es decir, las participaciones y la recaudación propia, ya que entre más alto sea más se merma la capacidad de operación del estado, al tener que gastar altos porcentajes al pago de deuda, en lugar de pagar gastos para operar. En este sentido, los cinco estados con mayor porcentaje de este indicador en 2022 son: Coahuila 13.1 por ciento, Durango 11.1 por ciento, Chihuahua 9.6 por ciento, Quintana Roo 9.1 por ciento y Nuevo León 8.7 por ciento, de ellos todos, a excepción de Durango, han mejorado de forma sustantiva su indicador con referencia a 2016.
El segundo indicador es la relación entre la deuda y los ingresos de libre disposición (ILD), en donde destacan Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo, Nuevo León y Sonora. En este indicador entre mayor sea el porcentaje, las finanzas se encuentran más comprometidas como en el caso de Coahuila 137 por ciento, Chihuahua 107 por ciento, Quintana Roo 107 por ciento, Nuevo León 96 por ciento y Sonora 81 por ciento, estados con mayor porcentaje, pero que han mejorado de manera sustantiva con relación a los datos de 2016.
Como se puede observar, en ninguno de los dos casos se encuentra la Ciudad de México, que, si bien es la entidad con mayor deuda pública, cuenta con suficientes ingresos propios, que le permiten tener una mayor capacidad de endeudamiento.
Por otra parte, los plazos de deuda dejan herencias que se hacen eternas y las administraciones en algunos casos solo restructuran y aumentan el plazo, a excepción de Querétaro, que logró eliminar la totalidad de su deuda antes del cambio de gobierno.
Como ya lo comentamos, la deuda no es ni buena ni mala, depende en mucho del manejo que se le dé y el destino y la transparencia para el cual se use.