Acaba de ser anunciado el Premio Nobel de Economía, y los galardonados fueron Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, investigadores de algunas de las universidades más importantes del mundo. El reconocimiento es valorado a partir de sus aportaciones para la comprensión de los orígenes y medios de reproducción de la desigualdad en el mundo y las diferencias en el desarrollo y la prosperidad entre países. Los tres –quienes han sido coautores en buena cantidad de trabajos– son neoinstitucionalistas en el enfoque de sus publicaciones, por lo que revalorizan el rol de las instituciones (en tanto reglas del juego) y la construcción de evidencia a partir del análisis de procesos históricos. Entonces, las diferencias en las instituciones de una sociedad –si se le compara con las de otros países– explican la brecha de desigualdad entre países ‘ricos’ y ‘pobres’.
Los investigadores premiados (Acemoglu y Robinson) publicaron en 2012 un libro titulado “Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza”. En el texto delinean la que es –hasta ahora– su tesis principal: el problema de la economía no es estrictamente económico, sino político y social. El argumento se inscribe en una serie de investigaciones –fuera de la ortodoxia de los economistas– que destacan los problemas de la economía por su vínculo con la conjetura de que el problema no está relacionado con la suficiencia de recursos, sino con su distribución.
Para los ganadores del Nobel de Economía, el éxito o fracaso de los países depende de sus instituciones políticas dado que determinan las económicas. Las cuales pueden ser de dos tipos: inclusivas y extractivas. Las instituciones económicas de tipo inclusivas “posibilitan y fomentan la participación de la gran mayoría de las personas en actividades económicas”. El ejercicio de la política determina en mucho las condiciones en que se desarrollan las instituciones económicas.
Resulta complejo trazar una hoja de ruta sobre cómo mejorar las instituciones políticas –para contar con instituciones económicas inclusivas–, empero, destaca la importancia del Estado como organización política para hacer valer la ley y contar con suficientes capacidades para delimitar la actuación de diferentes actores de la vida económica. Lo que nos conduce a reforzar el valor de la Fiscalización Superior.
Ahora mismo, con renovados bríos para lograr la reducción de las desigualdades en el mundo, es prioritario el hecho de generar más y mejores capacidades estatales y de administración pública. Para lograrlo, todas las actividades que abonen en esa dirección son útiles.
Al respecto, hace unos días –en la Auditoría Superior de la Federación– publicamos la “Guía de Inducción a la Administración Pública Federal”. Se trata de un documento marco de referencia para quienes se incorporan a la Administración Pública Federal, tanto para brindar un panorama general de su conformación, atención y seguimiento a los procesos de fiscalización, obligaciones en materia de transparencia, y responsabilidades, como para orientar en el acto de entrega-recepción de las unidades administrativas a cargo de las dependencias y entidades, facilitar su proceso en lo concerniente a la planeación, programación y seguimiento, y tener una visión del estado que guarda la administración, a fin de garantizar la continuidad institucional con los principios de ética, moral pública, honestidad, honradez, lealtad y confianza.
Las acciones que tienen por objeto mejorar el funcionamiento de las organizaciones públicas del Estado tienen impacto directo en la posibilidad de contar con mejores instituciones públicas y, en consecuencia, con mejores instituciones económicas que generan mayores condiciones de igual y distribución de la riqueza.