Los temas de la agenda pública y de gobierno pueden materializarse en interés colectivo, además, tienen el beneficio adicional de interesar a la sociedad en todos sus componentes creando consciencia participativa. En esa tesitura, existe una relación lógica entre el interés colectivo y los asuntos relacionados con el desarrollo de la sociedad, y la superación de la pobreza, aspirando a un mundo menos desigual. En estos aspectos se conjugan las funciones públicas y privadas que tienen impacto en la calidad de vida del pueblo, la atención a problemas públicos, la oferta de bienes y servicios básicos, etc.
Siendo el desarrollo económico y social uno de los objetivos centrales de las tareas de los gobiernos, tanto a nivel nacional como multilateral, ha llevado a los gobiernos a suscribir mecanismos internacionales y agendas de compromisos desde las Naciones Unidas. Destacando los Objetivos de Desarrollo del Milenio (fijados en el año 2000 como meta para el 2015) y la Agenda para el Desarrollo Sostenible ODS 2030.
Ambos instrumentos delinearon un modelo de desarrollo centrado en mejorar las capacidades para atender el desarrollo humano, la relación entre crecimiento económico y estabilidad medioambiental, pero fundamentalmente, la reducción de la pobreza, así como el acceso a servicios básicos para toda la población, especialmente salud y educación.
La importancia y el interés sobre las actividades y funciones gubernamentales que inciden en el desarrollo, condicionan a cumplir con procesos exhaustivos de planeación. Siendo para ello fundamental la acción fiscalizadora de las entidades fiscalizadoras superioras.
En nuestro país, desde los años 80s se cuenta con el ejercicio de la planeación para el desarrollo, lo que resulta en mayores beneficios y carácter estratégico del funcionamiento del sector público para atender las necesidades de la población.
Planear para el desarrollo requiere de información verídica, disponible y en formatos específicos que permitan su análisis. De ahí la relevancia del Día Mundial de Información sobre el Desarrollo (24 de octubre), designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El trasfondo es destacar cómo los procesos de toma de decisiones y la participación de actores –incluso más allá de los estrictamente gubernamentales– está en función de la disposición de información confiable. Dentro del paradigma de la sociedad de la información es necesario recopilar, administrar, proteger y publicar la información provista diariamente en el ejercicio cotidiano de las funciones de gobierno. Ello ocurre, por ejemplo, en el caso de la Auditoría Superior de la Federación, a través de su Sistema Público de Consulta de Auditorías de la ASF, lo cual es transparencia.
La información es fundamental para lograr eficacia en la atención de los problemas públicos. En adición, la información generada ofrece un panorama claro del diagnóstico del desarrollo social y económico, lo que favorece que se incentive la participación social en acciones colectivas para fortalecer el combate a la pobreza y a la desigualdad.
En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, las tareas de fiscalización y auditoría que realiza, producen (mediante informes, resultados de auditoría y evaluaciones de políticas públicas) información que puede servir como insumo para la mejora de los procesos de planeación para el desarrollo y, en general, para contar con mecanismos eficaces que favorezcan los procesos de implementación de programas para el desarrollo, considerando la diferencia entre países federales o unitarios.