El 25 de noviembre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La fecha es, al tiempo, un recordatorio y llamado a la acción para atender un problema global que necesita ser superado. Los datos presentados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sugieren que el problema coloca de frente el reto de encontrar soluciones comunes y que 736 millones de mujeres en el mundo han sido víctimas de ese delito.
En esta tesitura, la conformación de instituciones que atiendan el problema de la violencia de género contra las mujeres es una tarea urgente. Debemos partir del supuesto de que la solución al problema requiere de un enfoque de gobernanza en el que incidan en la prevención y erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres.
Actualmente existen instituciones (desde organizaciones públicas, legislación, mecanismos internacionales, organizaciones colectivas y sociales, además de valores y principios generales ya adoptados al respecto) que abonan a la conformación de políticas públicas que permiten sancionar, prevenir y combatir la violencia en contra de las mujeres. Destaca, en el caso de México, la ratificación en 1981 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la publicación (año 2007) de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y la creación de la Secretaría de Mujeres a partir de diversas reformas, como el caso de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
También es necesario que los estados diseñen políticas públicas a partir de la perspectiva de género. Así como la pertinencia de que las funciones relacionadas con la fiscalización, auditoría y evaluación de los programas presupuestarios coloquen especial interés en conocer el desempeño, resultados y alcance de las acciones gubernamentales para eliminar la violencia contra la mujer.
Sobre este último punto, la Auditoría Superior de la Federación ha sido enfática, así como nuestras organizaciones regionales, la OLACEFS, la OCCEFS y la INTOSAI. La institución ha emprendido, tanto al interior como en sus funciones hacia el exterior, diferentes acciones para garantizar el apego estricto al objetivo de eliminar las formas de violencia contra las mujeres. En la gestión interna, la ASF cuenta con la Unidad de Género y Cultura de la Fiscalización la cual formuló la Política de Igualdad de Género y ha realizado diferentes publicaciones, por ejemplo: la Evaluación de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (2023) y diferentes memorias sobre eventos realizados en el marco de la Semana de la Igualdad de Género.
En lo relacionado con las funciones de la ASF hacia el exterior, la institución participa en el Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género de la OLEACEFS, apoya decididamente proyectos estratégicos como las Auditorías de Igualdad de Género impulsadas desde la INTOSAI, así como la iniciativa “Mujeres en el liderazgo”, a cargo del Tribunal de Cuentas de Brasil, en donde acaba de estar representada la Institución.
Prospectivamente, los trabajos de fiscalización y auditoría permitirán que las políticas, programas e instituciones arrojen mejores resultados. La ASF permitirá así producir conocimiento colectivo institucional y, avanzar en la dirección adecuada para construir entornos libres de violencia y condiciones plenas para el desarrollo de la igualdad de oportunidades y evitar la violencia de genero.