La fortaleza del federalismo es fundamental para el desarrollo político de México; entendido como una suma de esfuerzos, de intereses, de instituciones, de relaciones económicas, de prácticas administrativas y normas jurídicas que se van incorporando en un proceso integral para fortalecer nuestra democracia y la armonización de políticas entre los tres niveles de gobierno.
En este sentido, ha sido el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal el pivote principal para afrontar y remontar los significativos desequilibrios regionales de la economía en el país.
Lo vemos en la experiencia municipal con nuestros dos mil quinientos municipios, donde se convierte en una hazaña poder auditar a la mitad; por ejemplo, poco se puede hacer en los 418 de Oaxaca, donde predominan los usos y costumbres.
Las reformas realizadas a la propia ley han permitido cambios a pesar de la propia estructura nacional de la desigualdad.
En el siglo pasado ya se hablaba de una década perdida para el desarrollo social. Las crisis se derivaron de haber mantenido una serie de vicios y costumbres obsoletos para el México moderno. Ingresar a la modernidad significaba contar con políticas de desarrollo más equitativas.
En la actualidad, la modernidad de nuestra materia de trabajo ha significado disciplina fiscal, administración tributaria eficiente y esfuerzos de fiscalización correctos; en suma, finanzas sanas que permitan financiar la inversión productiva, particularmente fortaleciendo la política fiscal.
En ese contexto, ha sido la coordinación fiscal uno de los escenarios donde mejor se manifiestan las inquietudes y los afanes de los servidores públicos federales, estatales y municipales para contribuir a perfeccionar nuestro sistema fiscal y al federalismo.
Los avances que se han logrado gracias a la coordinación fiscal han sido pilares para avanzar en la descentralización como motor de un nuevo estilo de desarrollo con equidad y la solidaridad. Esto es la unidad en la diversidad.
Hace unos años, el maestro don Roberto Hoyo D’Addona, cuando encabezaba la coordinación, decía que gracias a los avances en la fiscalización habría una mayor equidad en los recursos otorgados a estados y municipios.
En 1986, cuando me desempeñaba como funcionario en la Comisión Permanente, tenía como objetivo central no solo obtener mayores recursos para nuestros estados, sino fundamentalmente para fortalecer el federalismo fiscal.
Hoy estamos ante una realidad en la cual la política fiscal es uno de los pilares de la modernización. No solamente para financiar mejor el gasto público, sino también como un elemento que contribuya al logro de una mayor equidad en la distribución de los recursos federales. Además, es un soporte del esfuerzo que se da en toda la nación.
Desde la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en 1978, también se introdujo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para aprovechar sus ventajas sobre el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles (ISIM).
La propuesta de la sustitución del ISIM por el IVA fue presentada por el secretario de Hacienda de aquella época, el maestro David Ibarra Muñoz. La iniciativa dejaba claro que el Impuesto al Valor Agregado era un gravamen eficiente y fácil de recaudar, pero profundamente regresivo para la mayoría de la población con menores ingresos.
El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), como órgano técnico de la coordinación fiscal, organismo público del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que brinda capacitación, consultoría y herramientas tecnológicas a los gobiernos estatales y municipales para mejorar su gestión hacendaria y cumplimiento normativo, ha sido un valioso apoyo para los estados y los municipios.
PD. He recuperado una serie de libros muy importantes: “La Economía de la Extorsión” de Luis de la Calle, “Con Dinero y sin Dinero” de Carlos Elizondo Mayer-Serra y “Los Buitres” de Carlos Burgueño, de los cuales estaremos hablando en las próximas entregas.