La inteligencia artificial no solo está ganando espacio en el ámbito empresarial, sino también en el mercado de consumo. OpenAI, liderada por Sarah Friar, ha consolidado una base sólida de usuarios pagos que representa el 75 por ciento de sus ingresos, lo que demuestra la demanda creciente de herramientas como ChatGPT en suscripciones personales. Con planes de pago que inician en 20 dólares al mes, OpenAI ha captado la atención de alrededor de 250 millones de usuarios activos semanales, con un 5 a 6 por ciento de estos usuarios convirtiéndose a suscripciones pagadas.
Este crecimiento en el sector de consumo no solo subraya la popularidad de las herramientas de IA, sino que también apoya el ambicioso objetivo de OpenAI de desarrollar IA de frontera, o AGI (Inteligencia Artificial General), para beneficiar a la humanidad. El éxito de esta misión, sin embargo, viene con un alto costo: la operación de sistemas avanzados exige una infraestructura física masiva y costosa, para la cual OpenAI ha asegurado 6 mil 600 millones de dólares en financiamiento y una línea de crédito adicional de 4 mil millones de dólares.
Para sostener esta demanda y crecimiento, la empresa también trabaja en la expansión de centros de datos en Estados Unidos, que podrían generar hasta cinco gigavatios de energía. Según Friar, “la infraestructura es el destino”, en un contexto donde la velocidad de crecimiento de OpenAI sobrepasa las expectativas iniciales. Con una base de clientes de consumo robusta y un modelo de negocios rentable, OpenAI continúa su expansión, aportando nuevas soluciones que prometen transformar tanto los sectores empresariales como el día a día de millones de usuarios en todo el mundo.
Construcción, bajo la lupa
La administración de Clara Brugada ha puesto en alerta a los sectores inmobiliario y de construcción en la Ciudad de México. Uno de sus primeros compromisos es la revisión exhaustiva de al menos 100 grandes proyectos en la capital, con el objetivo de verificar su legalidad y su cumplimiento con la normativa. Brugada busca combatir las irregularidades que, según sus palabras, forman parte de un “cártel inmobiliario” que ha crecido con prácticas opacas en los últimos años.
Desde 2019 hasta 2023, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) reportó 348 obras construidas sin autorización adecuada, lo que evidencia un problema de fondo en el cumplimiento de la normativa. Uno de los casos más emblemáticos es el proyecto de Palmas 915, una construcción de Grupo GICSA en Lomas de Chapultepec, que contempla una torre de 28 niveles, a pesar de que solo se permiten tres. Este proyecto, además, carece de estudios de impacto ambiental, lo cual es un requisito fundamental en el desarrollo de este tipo de obras.
Los vecinos de varias zonas de alta plusvalía —incluyendo Polanco, Del Valle y Tecamachalco— se han unido a través de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) para aportar pruebas de construcciones irregulares en sus colonias. Esto muestra un creciente interés ciudadano en colaborar con el gobierno en la defensa de la normatividad y en el freno a construcciones que afectan la calidad de vida y el equilibrio urbano de la ciudad.
Este nuevo enfoque en la regulación y transparencia de las construcciones promete ser un parteaguas en el sector inmobiliario capitalino, planteando la necesidad de regular y, en su caso, sancionar proyectos que incumplan la ley.
NYCE, tres décadas
Este año, NYCE, el organismo de normalización presidido por Carlos Pérez, celebra 30 años de trabajar en la competitividad en México, promoviendo estándares de calidad que garantizan productos y servicios seguros y eficientes. Con más de 600 estándares NMX desarrollados en sectores como electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de la información, NYCE ha sido parte importante en el desarrollo de lineamientos que fortalecen el mercado y brindan confianza a los consumidores.
La certificación y las normas de calidad, especialmente en un contexto donde varios organismos descentralizados han desaparecido, se han convertido en pilares de protección para la salud pública y los derechos de los usuarios. Expertos coinciden en que las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y las certificaciones elevan la calidad y reducen los riesgos asociados con productos inseguros, beneficiando a los consumidores y apoyando el crecimiento del sector empresarial en México.