Quien tiene un reto importante de cara al inicio de año es el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, toda vez que el reciente aumento al salario mínimo ha generado una confusión peligrosa y hay quienes quieren aprovechar el aumento al mínimo como un mecanismo de presión en sus demandas sindicales.
Por eso, es importante zanjar este enredo. La Ley Federal del Trabajo es clara. Hay una gran diferencia entre el salario contractual y el salario mínimo.
Primero porque aquellos trabajadores que ya gozan de un contrato colectivo cuentan con prestaciones. Su salario es compuesto y no se limita al pago en efectivo. Se integra por todas las percepciones que recibe una persona trabajadora por su labor: sueldo base, primas, gratificaciones, prestaciones en especie, despensa, comisiones y otros conceptos. Todos derechos adquiridos en su lucha laboral.
Así lo establece el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. Por ello, afirmar que a una persona con salario contractual “la alcanzó el salario mínimo” es incorrecto. El salario mínimo opera como un piso legal, no es un referente automático para las negociaciones salariales.
Quien tiene un salario contractual ya pactado —individual o colectivamente— no está sujeto a ajustes proporcionales cada vez que aumenta el salario mínimo. Mientras su ingreso integrado sea superior al mínimo legal, no existe afectación ni rezago. La confusión surge cuando se compara solo el sueldo base nominal. No el salario integrado real.
Ese es el error central. Equiparar salario mínimo con salario contractual distorsiona el debate y alimenta expectativas que la ley no respalda. El salario mínimo protege a quienes están en el umbral más bajo y no cuentan con prestaciones. No redefine, por sí mismo, las relaciones contractuales vigentes.
Gestión ambiental
La persistencia de los índices de contaminación en Nuevo León expone las limitaciones de la estrategia implementada por la Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por Raúl Lozano Caballero, bajo la administración de Samuel García. Hasta el momento, el enfoque institucional se ha caracterizado por la asignación de responsabilidades hacia diversos sectores, desde la ciudadanía hasta la industria, mientras que la entidad registra una normalización de las contingencias ambientales en la vida cotidiana.
La resolución del problema requiere un enfoque en políticas públicas ejecutables, particularmente en lo referente a la modernización del sistema de movilidad. Actualmente, la saturación del tráfico y la insuficiencia del transporte público incentivan el uso del automóvil particular, lo que incrementa las emisiones contaminantes. La implementación de unidades de transporte con bajas emisiones ha avanzado de manera gradual, sin lograr revertir el colapso del sistema de transporte masivo.
Para mitigar el impacto ambiental, resulta prioritario que la gestión estatal concentre sus facultades en áreas de control directo, tales como la eficiencia en la movilidad y el fortalecimiento del transporte público. La transición hacia una política ambiental efectiva depende de decisiones técnicas y de infraestructura que trasciendan la narrativa pública y ofrezcan soluciones estructurales al sistema de transporte del estado.
Confianza energética
En el ámbito de la gestión pública y los negocios, la ejecución de los procesos define la percepción del mercado. Los resultados recientes de la convocatoria para proyectos de generación eléctrica representan un indicador favorable para la gestión de la secretaria de Energía, Luz Elena González, al preservar el interés del capital extranjero en el sector.
En esta etapa inicial, se autorizaron cerca de 20 proyectos de energía renovable que serán desarrollados por el sector privado. Estas centrales se ubicarán en nodos estratégicos con el objetivo de mitigar el déficit eléctrico en diversas regiones del país. Los resultados sugieren que, a pesar de la incertidumbre generada por la reciente reforma constitucional, la conducción de la Secretaría de Energía (Sener) ha logrado mantener el flujo de inversión en el sistema eléctrico nacional.
La resolución de esta convocatoria confirma la continuidad del apetito inversor en el sector energético mexicano. El ingreso de capital y la próxima integración de nuevos megavatios a la red ocurren en un momento crítico para la infraestructura nacional, consolidando una oferta de energía que responde a las necesidades de demanda técnica y económica de México.
*Esta columna volverá a publicarse el 5 de enero.