El nombramiento de Tirso Mello como presidente y director general de Procter & Gamble México marca el inicio de una etapa estratégica para la compañía en uno de sus mercados más importantes. México forma parte del “top 10” global para P&G, con una operación que incluye más de 7 mil 500 colaboradores, seis plantas de producción y un portafolio de marcas presente en el 99 por ciento de los hogares mexicanos.
Mello, quien inició su carrera en P&G en 2005, ha ocupado posiciones clave en Brasil y México, lo que le ha permitido desarrollar un profundo conocimiento del negocio y del consumidor latinoamericano.
El desafío de Mello no es menor. P&G cerró el año fiscal 2025 con un crecimiento orgánico del 2 por ciento a nivel global y del 4 por ciento en América Latina, consolidando a la región como un motor clave del negocio. En México, el reto será mantener la calidad e innovación que distinguen a las marcas de la compañía, adaptándolas a las necesidades locales y fortaleciendo su cercanía con los consumidores en un entorno cambiante.
Además, Mello llega en un momento en el que P&G acelera sus compromisos en ciudadanía corporativa y sustentabilidad, con foco en iniciativas relacionadas con el agua. La compañía busca restaurar más agua de la que utiliza en sus operaciones y productos hacia 2030, además de impulsar programas comunitarios y mejorar la eficiencia hídrica en sus plantas.
Bajo el liderazgo de Tirso Mello, la compañía busca avanzar en la integración de negocio, talento y sustentabilidad para seguir generando valor para las familias mexicanas.
Premio Franquicia 2026 evoluciona
La Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) lanzó la convocatoria para el XXVI Premio Nacional a la Franquicia AMF 2026, el reconocimiento más importante del sector en México. Este año, el premio evoluciona con una metodología más ágil y apoyada en tecnología, además de abrirse por primera vez a todas las marcas nacionales e internacionales con operaciones en México, independientemente de si son socias o no de la AMF. El objetivo es consolidar este galardón como el estándar nacional para medir de manera estructurada y objetiva a los mejores modelos de franquicia en el país.
El sector de franquicias en México tiene un peso económico significativo, representando cerca del 5 por ciento del PIB nacional, generando más de un millón de empleos formales y agrupando a más de mil 500 marcas activas. México también se posiciona como uno de los cinco mercados más relevantes a nivel mundial en franquicias, con una tasa de éxito del 85 por ciento en cinco años, muy superior a la de negocios independientes. En este contexto, el premio busca distinguir a las franquicias con modelos sólidos, sostenibles y replicables, más allá de su posicionamiento comercial.
La edición 2026 introduce un proceso de evaluación integral que incluye un formulario técnico, un video de méritos y contribuciones, una votación electrónica entre socios y una evaluación final a cargo de un jurado especializado. “Hoy el Premio Nacional a la Franquicia no solo reconoce trayectorias; mide la capacidad real de competir en un entorno cada vez más profesional, exigente y transparente”, afirmó Betsy Eslava, presidenta de la AMF. La apertura del premio, agregó, responde a la necesidad de fortalecer los estándares del sector a través de criterios imparciales y evaluaciones de alto nivel.
Con estas modificaciones, el Premio Nacional a la Franquicia busca impulsar la profesionalización y competitividad del sector, posicionándolo como un motor clave para la economía mexicana.
Contratación en el INDAABIN
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) está en proceso de asignar servicios de limpieza y seguridad para 79 inmuebles federales, con un monto cercano a los 300 millones de pesos y un fallo programado para el próximo 20 de enero. Sin embargo, este proceso generó cuestionamientos debido a la falta de una Licitación Pública Nacional abierta y el uso de invitaciones dirigidas.
Bajo la presidencia de Pablo Israel Escalona Almeraya y desde la Dirección General de Administración, a cargo de Álvaro Lomelí Covarrubias, el proceso parece haber dejado de lado el Contrato Marco vigente de la Oficialía Mayor de Hacienda, el cual es obligatorio para este tipo de servicios. Esta omisión podría anular la competencia y abrir la puerta a decisiones cuestionables.
Fuentes cercanas advierten que cuando los procesos de contratación no son abiertos, el riesgo de favorecer intereses ajenos al bien público aumenta, dejando decisiones clave bajo la influencia del compadrazgo y limitando la transparencia.