Diputada Federal por la LXIV Legislatura
Cuando los reflectores del país apuntaron a Monterrey y su zona metropolitana, por la crisis del agua, algunos olvidaron que esta situación no es reciente ni tampoco, por desgracia, se reduce a esa región del país.
En rigor, la crisis es todavía más acuciante en otras entidades. Existen ciudades del país donde el tandeo o racionamiento son moneda común.
“No es sequía, es saqueo”, han dicho con razón organismos civiles y ciudadanos indignados, en referencia al otorgamiento de concesiones sin control, durante pasados gobiernos, a la agroindustria u otras actividades económicas que requieren enormes volúmenes del líquido.
Un elemento adicional, que es central, es el cambio climático que se ha traducido en alteraciones atmosféricas y ha agravado las sequías. De Europa nos llegan noticias alarmantes: los niveles de agua son los más bajos desde que iniciaron los registros. Amplias zonas de Estados Unidos sufren fenómenos similares.
El mal de muchos no es un consuelo, naturalmente, porque el agua es esencial para la vida humana. Las medidas que se están tomando ayudan a enfrentar la situación en el corto plazo, pero se requieren soluciones de fondo, que sean trabajadas con toda seriedad y con base científica. Los bombardeos de nubes y otras tonterías –planteadas por personas que tienen importantes responsabilidades de gobierno– pueden servir para hacer tik toks, pero no ayudan a resolver el fondo del problema.
Poner un alto a la deforestación, diseñar políticas ambientales de largo plazo y, sobre todo, comenzar ya, es lo que nos demanda esta realidad que nos ha alcanzado.
Se puede ver el tamaño del problema en un solo dato que nos indica que las cosas pueden empeorar, y mucho: según el Monitor de sequía, de la Comisión Nacional del Agua, Monterrey se ubica en una zona que vive sólo una “sequía moderada”.
En esa y otras regiones del país estamos viviendo las consecuencias de la falta de atención a las presas, de políticas de saqueo amarradas a las ganancias de empresas agropecuarias, de la deforestación sin freno. Es decir, vivimos las consecuencias de las decisiones tomadas a lo largo de muchos años, por gobernantes que decidieron mirar hacia otro lado mientras el problema crecía y crecía.
En los años recientes, el Gobierno de México ha realizado un esfuerzo sin precedentes para reducir las brechas de equidad y garantizar el derecho humano al agua. Se ha dado prioridad a pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, así como a personas y localidades en situación de alta y muy alta marginación.
Pero también es cierto que garantizar la seguridad hídrica será un colosal esfuerzo, que exigirá grandes y costosas obras de infraestructura hidráulica, que se deben planear, financiar y ejecutar a tiempo. El reto es enorme. La demanda de agua seguirá creciendo por crecimiento poblacional y expansión económica, pero no es seguro que las lluvias alcancen.
Sin grandes proyectos de ingeniería no será posible reducir las asimetrías territoriales, amplificadas y profundizadas por el cambio en los patrones de lluvia observado en las últimas décadas.
Aunque la incertidumbre acompaña al cambio climático, especialistas advierten que México no debe esperar un aumento de las precipitaciones en su territorio, al contrario. De ahí la importancia que la gestión integral del agua prevista en la ley se apoye en infraestructura adecuada y suficiente, robusta y resiliente.
Atender el problema hídrico es un asunto de seguridad nacional, porque de la disponibilidad de agua dependen la producción de alimentos, la generación de electricidad, la producción industrial y, lo más importante, la vida de las personas.
El desafío del agua requiere soluciones estructurales. El esfuerzo debe ser amplio, intenso y sostenido.