Diputada Federal por la LXIV Legislatura
La evasión y la elusión fiscal fue una práctica común durante el régimen neoliberal. Sobre ese pilar se fundaron y consolidaron algunas de las grandes fortunas del país durante seis sexenios. Otro de los grandes pilares fue la compra de empresas y activos nacionales a precio de remate, algunas veces adquiridos con generoso financiamiento público.
Durante ese periodo se hizo costumbre no pagar impuestos o pagar muy poco, gracias a cuantiosas y generosas deducciones, así como a condonaciones y devoluciones. También se recurría a supuestas pérdidas fiscales y todo tipo de triquiñuelas.
Corporaciones económicas y financieras, nacionales y extranjeras, se dotaron de equipos de ingeniería fiscal profunda para pagar lo menos posible y engordar las fortunas de los acaudalados. Tampoco se pagaban impuestos por la venta de grandes empresas, bajo el cobijo de un fisco autista que se empeñaban en no ver las cuantiosas ganancias generadas.
Esos privilegios se acabaron con el ascenso del movimiento social y la llegaba de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República. El gobierno de la cuarta transformación prometió no crear nuevos impuestos, pero las grandes empresas tendrían que pagar la totalidad de las contribuciones previstas en la ley, sin quitas ni rebajas.
El aumento de la recaudación financiaría proyectos y programas sociales e inversión pública. Se dejaría de beneficiar a un puñado de magnates para favorecer a las mayorías.
Esa política puso a temblar a ricos y poderosos hasta entonces intocables y protegidos por una gruesa capa de corrupción y complicidades, no sólo tendrían que pagar impuestos sino también cubrir viejos adeudos que ya les reclamaban.
No sin grandes resistencias, las grandes empresas han desfilado una a una por las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para ponerse al corriente, entre otras, Coca-Cola, Televisa, Tv Azteca, Walmart, América Móvil, IBM, Grupo Modelo y Grupo BAL. Ahora casi todos pagan, pero algunos se resisten atrincherados en los tribunales.
Recientemente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó por unanimidad que Grupo Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, el segundo empresario más acaudalado del país, deberá liquidar un adeudo por 4 mil 916 millones 792 mil pesos. En octubre pasado el mismo tribunal ya lo había condenado a pagar 2 mil 772 millones de pesos por irregularidades fiscales observadas en 2006. Ambos créditos fiscales forman parte de los 31 mil millones de pesos que el fisco le reclama.
El SAT estima que entre 20 y 30 grandes contribuyentes –corporaciones económicas y financieras– deben impuestos por alrededor de 100 mil millones de pesos. Y el gobierno empezará a llamarlos.
De esa manera se avanza en la justicia tributaria, donde cada contribuyente debe aportar al gasto público de la manera proporcional y equitativa, en los términos que dispone la máxima ley del país.