Dicen líderes opositores, y detrás de ellos sus jefes, los poderosos intereses económicos que les dan órdenes, que “el INE no se toca”. La frase tiene efecto propagandístico y ha servido para agrupar a los opositores más disímbolos que, a falta de proyecto o de propuestas, se oponen sistemáticamente a cualquier iniciativa del gobierno de la Cuarta Transformación.
Cuando dicen que “el INE no se toca” revelan, quizá inadvertidamente, que consideran el órgano electoral les pertenece.
Con esa creencia, la burocracia dorada del INE ha actuado con soberbia y parcialidad. Algunos de sus consejeros abandonaron hace mucho tiempo su papel de árbitros para convertirse en operadores y emblema de la oposición.
Estos consejeros, que se pretenden depositarios de la democracia, deben sus nombramientos, sus abultados sueldos y sus numerosos privilegios a los dirigentes partidistas que los pusieron ahí, aunque ahora pretendan presentarse como ciudadanos puros sin compromiso alguno con las cúpulas partidistas.
Desde esas cúpulas, donde no mandan los líderes sino un activista de la alta sociedad, se machaca con que “el INE no se toca”, como si las instituciones fuesen monumentos sagrados y pétreos.
Las instituciones públicas, cuando así se requiera, deben ser reformadas a través de mecanismos democráticos, máxime cuando las reformas apuntan a hacerlas más eficaces, así como más útiles a los intereses y aspiraciones de la ciudadanía.
Como se sabe, las oposiciones rechazaron la reforma constitucional que proponía reducir el número de legisladores, así como elegir mediante voto popular a los consejeros y magistrados electorales.
Al no conseguirse la mayoría constitucional, se optó por el llamado Plan B, que supone la modificación de leyes para hacer más funcional y menos oneroso al órgano electoral.
Los cambios aprobados en la Cámara de Diputados obligan a que la reforma sea devuelta al Senado, que revisará las modificaciones en el siguiente periodo que inicia en febrero.
En tanto, es seguro que la supuesta defensa del INE seguirá siendo la principal bandera opositora, con el respaldo casi total de los medios de comunicación, la opinocracia e incluso la academia que apenas ayer consideraba, como lo hizo el investigador Sergio Aguayo, que el órgano electoral era un “peligro para México”.
En 2017, un año antes de la victoria electoral de la Cuarta Transformación, el académico sostenía que la institución electoral se encontraba paralizada y que sus consejeros habían renunciado a fiscalizar a los partidos, pese a contar los instrumentos legales para hacerlo.
¿Qué cambió para que ahora el investigador de El Colegio de México y otros se hayan convertido en propagadores de la frase “el INE no se toca”?
En el INE, solamente cambiaron algunos consejeros, nada más. Y, claro, la postura de la opinocracia, que de demandar el relevo de todos los consejeros ha pasado a la defensa en abstracto de un ente impoluto.
¿Cuál es el INE que defienden? El INE de los gastos onerosos de sus consejeros y altos funcionarios; la institución omisa o incapaz frente a prácticas como el uso de dinero ilegal en las campañas.
En uno de los lances opositores, un grupo de exconsejeros electorales se pronunció contra la reforma y alertó sobre un supuesto ataque a la democracia. Curiosamente, todas y cada uno de ellos fueron consejeros por el respaldo de un partido político.
Entre los exconsejeros firmantes, sólo a manera de ejemplos, estuvieron personajes como Luis Carlos Ugalde, puesto en el cargo por Elba Esther Gordillo; y Virgilio Andrade, a quien más bien se recuerda como el secretario de la Función Pública que encubrió el escándalo de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto.
Con personajes así, no sorprende el uso de argumentos tramposos o falaces para oponerse a la reforma. Un punto, a guisa de ejemplo: dice el consejero Lorenzo Córdova que la reforma elimina 85% del personal del servicio profesional. La realidad es que se propone eliminar la duplicidad de funciones y ello supone la reducción de 27% del personal en entidades y distritos.
En suma, la reforma electoral fortalecerá la democracia, garantizará elecciones libres y probará que podemos tener comicios confiables con menos recursos públicos.