El giro abrupto e inesperado en el juicio de Genaro García Luna es un mal presagio. De la noche a la mañana y sin ofrecer ninguna explicación, los fiscales decidieron recortar drásticamente la lista de testigos de cargo. De los 76 que había originalmente sólo declararon 25.
García Luna declinó subir al estrado, lo que fue interpretado por observadores como una jugada dirigida a no autoincriminarse. En cambio, al estrado subió la esposa del acusado, quien hizo una narración inverosímil sobre la procedencia de la fortuna familiar.
En la recta final de los testimoniales, la defensa de García Luna pretendió involucrar al presidente Andrés Manuel López Obrador, en una maniobra burda que fue rechazada por el juez.
El juicio, previsto para una duración de 24 días se reducirá a la mitad. ¿Qué fue lo que sucedió para dar ese golpe de timón? ¿Por qué desistieron los fiscales de presentar la extensa lista de testigos inicialmente convocados?
Algunos aseguran que los fiscales no prepararon bien el caso y no han presentado pruebas que corroboren las declaraciones de los testigos. Esa afirmación es poco creíble porque los fiscales tuvieron tres años para preparar el caso.
García Luna fue arrestado por sus antiguos amigos de la DEA en el aeropuerto de Dallas, Texas, en 2019, y enfrenta cinco cargos criminales: cuatro por conspiración para traficar cocaína y uno por rendir declaraciones falsas ante autoridades estadunidenses.
Es posible que el Departamento de Justicia pretenda dar carpetazo, con la finalidad de detener las comprometedoras revelaciones dadas a conocer durante el proceso, que involucraron a los gobiernos de México y Estados Unidos en los ilícitos de los que se acusa al otrora “super policía”.
Genero García Luna fue el articulador de la guerra selectiva contra los cárteles de la droga convenida entre Los Pinos y la Casa Blanca entre 2006 y 2012, pero también de las políticas injerencistas de Washington en el marco de la Iniciativa Mérida, la cual involucró al Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el Consejo Nacional de Seguridad, el Pentágono, la CIA, el FBI y la DEA y, por el lado mexicano, a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.
García Luna fue partícipe del aberrante y fallido operativo “Rápido y furioso” implementado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, mediante el cual se introdujeron miles de armas de alto poder a México, con la idea de rastrearlas y ubicar a los líderes del narcotráfico. Lo único que se logró fue que esas armas sirvieron para hacer más sangrientos los enfrentamientos entre bandas criminales y entre éstas y las fuerzas del orden. El operativo no sólo fue un fracaso sino una violación flagrante de la soberanía mexicana.
Es innegable que el conocimiento de Genaro García Luna sobre los ilícitos permitidos o cometidos por las agencias de gobierno estadounidenses lo convierten en un peligro para las instituciones de ese país. Recortar la lista de testigos del juicio que se le sigue en Nueva York al hombre fuerte del calderonato es sin duda una acción de control de daños, ejercida por el Departamento de Justicia para ocultar información de seguridad nacional y proteger a personajes que siguen ocupando altos cargos en el gobierno de los Estados Unidos. Por razones de Estado, a más de uno le conviene que las complicidades de alto nivel entre las clases políticas de ambos lados de la frontera que hubo en aquel entonces permanezcan en la obscuridad. Si Estados Unidos no quiere que se revele toda la verdad, los mexicanos sí estamos interesados en conocerla.
Independientemente del veredicto de un jurado que no parecía muy interesado en el caso, el juicio contra García Luna permitió exhibir a sus defensores, que lo mismo están en los partidos de oposición que en importantes medios de comunicación.
Paradójicamente, quienes siempre ponen como ejemplar a la democracia estadunidense, vinieron a descubrir las falencias de un sistema de justicia que apenas ayer aplaudían.
Más allá del juicio en Nueva York, el policía de Calderón tiene cuentas pendientes aquí, entre ellas, la relacionada con el entramado de corrupción y lavado de dinero que fue dado a conocer por la Unidad de Inteligencia Financiera.