Diputada Federal por la LXIV Legislatura
Para el gobierno de Estados Unidos es normal saludar con una mano y golpear con la otra, brindar amistad y aprecio y, al mismo tiempo, conspirar, asechar y propinar palizas, directamente o utilizando profesionales bien pagados.
La embajada de ese país ha reconocido que financia a organizaciones en México, algunas ampliamente conocidas por sus virulentos ataques al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El dinero se canaliza a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), que recibe fondos del Congreso de EU y cuenta con un largo historial de financiamiento a grupos desestabilizadores o abiertamente golpistas en todo el mundo.
Así es como la Casa Blanca paga a un mandatario que ha ofrecido un diálogo franco y respetuoso de la soberanía para atender una delicada agenda regional que demanda corresponsabilidad.
El embajador Ken Salazar se esmera en hablar de la gran amistad entre ambos países y la estrecha colaboración entre sus gobiernos, en temas prioritarios de la agenda bilateral, como migración, narcotráfico, integración comercial y cambio climático.
Sin embargo, al parecer el gobierno estadounidense preferiría tratar con un presidente dócil, incondicional y perfectamente alineado con las políticas de Washington, más callado y menos respondón, menos defensor de la soberanía nacional y menos refractario a los amagos injerencistas.
Desde 2018, Estados Unidos ha respaldado de manera sigilosa una estrategia de desacreditación y desprestigio, para restar credibilidad y respetabilidad al presidente, socavar sus bases sociales, propiciar la división ciudadana y engrosar las filas de la oposición, con la esperanza de que esta última se fortalezca y sea capaz de recuperar la Presidencia de la República.
La embajada se da baños de pureza al sostener que ningún financiamiento del gobierno de Estados Unidos se puede utilizar con fines partidistas. Añade que cuentan con mecanismos rigurosos para monitorear y garantizar que la asistencia se aplique de manera objetiva y de acuerdo con las disposiciones de las subvenciones. Es el clásico doble lenguaje utilizado para encubrir el verdadero propósito.
La USAID dispone de una bolsa de 50 millones de dólares para organizaciones en México dedicadas a la “democracia, derechos humanos y gobernanza”, un eufemismo desafortunado si se consideran los problemas de gobernabilidad, de falta de respeto a los derechos humanos y la frágil democracia que caracterizan al poderoso vecino del norte.
La embajada reconoció subvencionar a 31 proyectos de organizaciones mexicanas en distintas áreas. Ciertamente, no todas tienen como fin alimentar a la oposición, cosa que sí hacen las más visibles en los medios de comunicación tradicionales, que abiertamente se dedican al golpeteo político y a organizar esfuerzos de “unidad” contra el gobierno.
Llama la atención, además, que para la obtención de fondos algunas de estas organizaciones opositoras —las fundadas por millonarios que también reciben recursos de grandes empresarios— compitan con pequeñas organizaciones no gubernamentales que tienen décadas trabajando a favor de diversas causas.
La agrupación “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, que bajo el liderazgo de Claudio X. González, articula a la oposición conservadora y encara directamente al presidente, recibió 3 millones de dólares directos y 3 millones en coinversión para el periodo 2021-2023. Una cantidad similar recibió “México Evalúa”, dirigida por María Amparo Casar, politóloga internacionalista y antilopezobradorista hasta la médula.
Estados Unidos utiliza a derechistas y conservadores, descontentos y resentidos, así como grupos y organismos que simulan se autonombran dueños de la sociedad civil, para dedicarse a la tarea infame de sabotear a un gobierno legal y legítimo, elegido democráticamente por una amplia mayoría. En su enojo, odio y desesperación hay connacionales dispuestos a vender su alma al diablo con tal de afectar al presidente.
Desde mayo de 2021 el gobierno mexicano ha solicitado que acaben esos apoyos. Recientemente, el primer mandatario le ha hecho saber a la Casa Blanca que ese financiamiento es a todas luces un acto injerencista, contrario al derecho internacional y al respeto que debe prevalecer entre Estados libres y soberanos. El espionaje y los apoyos económicos a la oposición no contribuyen a la relación de respeto que exigen nuestros problemas comunes.