Diputada Federal por la LXIV Legislatura
Mientras las élites económicas y políticas gobernaron el país durante décadas, el Poder Judicial se mantuvo calladito y bien alineado con los intereses de ricos y potentados, impartiendo justicia a conveniencia. Su única actitud “rebelde”, por llamarla de alguna manera, fue interpretar las leyes de la mano del liberalismo social, en oposición al conservadurismo moral y religioso secular en el país.
Sin embargo, llegó al poder un gobierno progresista que las élites, heridas y más peligrosas que nunca, pusieron en marcha la “Lawfare”,(1) el uso de la ley como arma de guerra, para seguir impunes, defender sus intereses y ejecutar una mezquina venganza política.(2)
En su intentona golpista no les han faltado jueces, magistrados y ministros cómplices, así como medios de comunicación dispuestos a actuar coordinadamente para injuriar, deshonrar, difamar y mentir ad nauseam. La combinación de guerra jurídica y guerra mediática es un coctel explosivo que pocos gobiernos logran resistir. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo ha logrado por su gran popularidad.
La judicialización de la política o la politización de la justicia es una deriva peligrosa. Hasta ahora ha sido utilizada por la derecha mexicana, para frenar o impedir el ejercicio de gobierno, pero podría ser sólo el comienzo.
La Lawfare es un elemento clave en los golpes de Estado denominados “blandos” o “suaves”, que no usan militares violentos o brutales, sino técnicas de carácter conspirativo, con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que parezca el resultado de la acción de un poder fáctico o un gobierno extranjero.
En América del Sur la Lawfare ha sido utilizada con fines de persecución política. Ahí tenemos el caso de la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, las destituciones de Dilma Vana Rousseff en Brasil, José Manuel Zelaya Rosales en Honduras y Fernando Lugo en Paraguay, así como el arresto de Luiz Inácio Lula da Silva, en un proceso plagado de irregularidades y falta absoluta de imparcialidad de los magistrados que intervinieron.
En México un antecedente no muy lejano fue el desafuero de López Obrador, operado por Vicente Fox, para impedir que participara en las elecciones de 2006. Lula da Silva sufrió recientemente ese golpe bajo, pero si logró presentarse, ganó la elección y ahora es presidente por segunda ocasión.
Lilly Téllez, representante visible de la ultraderecha mexicana, llama a encarcelar a López Obrador inmediatamente al término de su mandato. No es ni broma, ni ocurrencia, es una señal de advertencia que no se debe pasar por alto.
(1) El término apareció por primera vez en los escritos de un general retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 2001 y desde ese momento se le asocia con el uso abusivo de las leyes y sistemas judiciales para el logro de objetivos militares y políticos. Para el profesor Gregory P. Noonee, director del Programa de Seguridad Nacional e Inteligencia en Fairmont State Universe, la guerra jurídica es “un arma diseñada para destruir al enemigo mediante el uso, mal uso y abuso del sistema legal y los medios de comunicación para provocar protestas públicas contra ese enemigo”. Citado por Pablo Octavio Cabral, “La judicialización de la política; propuesta de un abordaje sociológico a un fenómeno político que impacta en el campo jurídico”, Trayectorias Universitarias, volumen 4, n° 7, 2018.
(2) Tales élites perdieron la presidencia en un proceso democrático con las reglas que ellas mismas impusieron, pero la derrota fue demasiado dolorosa para su soberbia y arrogancia, pero sobre todo para sus intereses. Coloquialmente hablando: “me ganaste en la elección, pero de ninguna manera te dejaré gobernar, te haré la vida imposible, no te saldrás con la tuya”.