Desde hace cinco años se aplica una política de desarrollo muy distinta a la que se utilizó durante 40 años. Ha sido una política ecléctica que ha privilegiado la esfera social sin renunciar a medidas estándar para garantizar la estabilidad macroeconómica.
Es la conclusión que se deriva de la conferencia ofrecida por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, durante el coloquio “La transformación democrática en disputa”, que tuvo lugar hace unos días en la UNAM. En ese foro académico, el segundo funcionario más importante del gobierno federal expuso logros, retos y perspectivas de la economía mexicana.
El primer eje conceptual es el establecimiento de una línea divisoria entre el interés público y el interés privado, acompañada del uso de los ingresos del Estado en beneficio de las mayorías. Nadie tiene riña con el sector privado ni con el éxito empresarial, pero el presupuesto público es para el desarrollo del país.
Otros ejes son que el gobierno cuida que en la asignación presupuestal se atienda a las familias de menor ingreso, que son la mayoría, y que el ingreso petrolero se usa para mitigar la volatilidad del precio de la gasolina y de esa manera frenar procesos inflacionarios. Adicionalmente, el gobierno se hace cargo de grandes proyectos de infraestructura y alienta la relocalización de las cadenas de suministro y alienta la llegada de más empresas.
Los datos duros presentados por Rogelio Ramírez de la O son elocuentes: el crecimiento del PIB es de 2.7 por ciento anual con López Obrador, nivel superior al obtenido por Felipe Calderón y notoriamente más arriba al conseguido por Peña Nieto.
Otro dato sobresaliente es el motor de crecimiento: éste ya no es el comercio internacional sino la demanda interna, tanto pública como privada. Durante siete sexenios la estrategia para crecer se basó en exportaciones. Al principio funcionó, pero luego nos volvimos dependientes de la economía estadounidense. Ahora la inversión pública impulsa la inversión privada. No ha sido gratuito que el gobierno de López Obrador esté realizando grandes obras intensivas en capital y de carácter estratégico.
La inversión pública impulsa a la privada y ambas el consumo general. Y a mayor inversión mayor actividad en el mercado laboral. En efecto, a un año de que concluya la actual administración, ya se han creado 5.7 millones de empleos, más de los 4.1 y 3.6 millones conseguidos por Calderón y Peña a la par que ha disminuido el desempleo, que ha bajado a su mínimo histórico de 2.7 por ciento. Por lo que toca al salario mínimo, éste ha crecido 87 por ciento en términos reales.
Paralelamente se ha realizado una reforma de pensiones que ha permitido elevar el ahorro total de 17 a 46 por ciento del PIB. La pobreza ha caído de 43.9 por ciento de la población en 2019, a 36.3 por ciento en 2022. Los programas sociales han contribuido a reducir la desigualdad en 5.6 por ciento. Los programas sociales universales de la 4T han sido 12.8 por ciento más efectivos en reducir la desigualdad, que los programas clientelares utilizados por las pasadas administraciones.
Otra de las principales acciones en materia económica ha sido el aparato para que los precios internacionales de la gasolina y el diésel no se trasladen integralmente al consumidor final. El compromiso desde el inicio del sexenio es que no haya gasolinazo y el precio de los combustibles no aumente más allá del factor inflacionario.
En suma, estos son algunos de los resultados concretos de la política económica y social de los últimos cinco años. De ahí la importancia de darle continuidad a la cuarta transformación del país.
La autora es directora general de Gestión Sectorial y Enlace Interinstitucional de la SEP