Desde el arranque de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso entre sus prioridades la educación. El primer paso fue delinear las bases de la Nueva Escuela Mexicana, por ello es humanista, científica, cívica, inclusiva, con perspectiva de género y pluricultural.
Tiene en el centro la revalorización de la labor de las y los maestros como sujetos de transformación. La clave fue eliminar la evaluación punitiva y reemplazarla por la evaluación integral de todo el sistema educativo.
El presidente López Obrador envió al Congreso de la Unión iniciativas para armonizar nuestra legislación con nuevas realidades y con las demandas sociales que resultan de un proceso de diálogo permanente con la sociedad.
Siete de estas propuestas están vinculadas al sector educativo, 6 de ellas como iniciativas de reformas constitucionales y una a la legislación federal. Podemos dividir las propuestas mencionadas en tres bloques.
El primero de ellos tiene como fin enriquecer la Nueva Escuela Mexicana, ya que plantea garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos en la construcción de los modelos educativos, así como fortalecer la formación de profesionales indígenas, la educación comunitaria y la educación plurilingüe.
Saldar una deuda histórica con los pueblos originarios y afromexicanos nos demanda que sus voces sean tomadas en cuentas y acciones firmes para avanzar en la equidad educativa.
La iniciativa incorpora también al contenido de los planes y programas de estudio, la protección y cuidado animales. La necesidad de una nueva relación con la naturaleza avanza por fortuna en todas las latitudes. Las nuevas generaciones, sobre todo, demandan el respeto y cuidado a todos los seres vivos. Llevar esos temas a las escuelas es un imperativo de nuestros tiempos.
En materia de bienestar, con el objetivo de garantizar que las Becas para el Bienestar tengan anualmente los recursos presupuestarios, plantea incorporar el principio de progresividad y no regresión.
En un segundo bloque de temas tenemos la revalorización de las maestras y maestros, con el compromiso permanente de este gobierno de mejorar sus condiciones laborales. En esa línea, se establece que el salario mínimo para maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, no podrá ser menor a lo que perciben, en promedio, los trabajadores inscritos al Seguro Social, y en materia de pensiones, que las personas que cotizan a partir de 1997 conforme la Ley de Seguro Social y cuentas individuales tengan garantizado su derecho a una pensión digna.
En un tercer bloque están las iniciativas vinculadas a la organización institucional de la Secretaría de Educación Pública. En materia de simplificación orgánica, plantea que la mejora educativa estará a cargo de la SEP para evitar duplicidades y que la educación indígena, intercultural y bilingüe seguirá en el ámbito de esta Secretaría.
Un nuevo pacto social que ponga por delante el bienestar de las personas es lo que subyace en el paquete de 20 iniciativas presentadas por el presidente de la República el pasado 5 de febrero.