La ministra Norma Piña quiso jugar a la política. Cuando el proceso legislativo estaba ya en marcha, a todo tren, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió presentar una “contrapropuesta” y salir a las calles a combatir el fantasma de la “demolición del Poder Judicial (PJ)”.
La torpeza política de la elite de los togados hizo más evidente lo que ya ha sido un logro del debate en curso: hoy, ya nadie, ni siquiera la privilegiada cúpula del Poder Judicial niega la necesidad y urgencia de la reforma.
Desde la inalcanzable (eso creían) torre de sus privilegios, la cúpula del PJ decidió entrar a la batalla, pero lo hizo tarde y mal. Tarde, porque la iniciativa presidencial -objeto de su contrapropuesta- fue presentada hace siete meses.
Mal, porque la ministra presidenta presentó dos documentos con propuestas surgidas de foros que pocos vieron y cuyos textos revelan que no han entendido nada de nada: por ejemplo, en ninguna de sus páginas se menciona la palabra austeridad, pese a que en el ánimo nacional está plenamente instalada la idea de que la cúpula judicial goza de salarios abultados y prestaciones de lujo, lo que resulta ofensa para la mayoría que vive con salarios modestos.
Es ya aceptado que los altos niveles del PJ están divorciados, hace mucho tiempo, de los intereses de la mayoría. Sus pasos recientes -alentando la rebelión de los trabajadores con argumentos engañosos, por ejemplo- nos muestran que también está desconectada de la realidad.
Al calor del debate en el legislativo, y mientras la cúpula pretende chantajear con el paro de labores, se ha dado a conocer información dura sobre los graves problemas de corrupción y nepotismo que caracterizan al PJ.
Una robusta investigación periodística -de Quinto Elemento Lab- puso al descubierto que la cúpula del PJ se protege a sí misma. La investigación, a partir de datos oficiales, mostró que en 24 años el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) -órgano responsable de la disciplina y que es encabezado por la ministra presidenta- sólo presentó 23 denuncias penales por mala actuación de jueces o magistrados. En ese mismo lapso, no gano un solo caso de los presentados contra juzgadores que presuntamente cometieron delitos.
En las calles y en los bloqueos a las sedes legislativas, los manifestantes suelen decir que defienden la separación de poderes y la “carrera judicial”, como si la meritocracia fuese por sí misma garantía de honestidad y eficacia.
No hablan, sin embargo, de cómo la cúpula del PJ protege a los suyos, como reveló la indagación periodística. El CJF inició, en el largo periodo referido, 664 investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, defraudación fiscal, abuso de autoridad, hostigamiento sexual y delitos contra la administración de la justicia. Ninguna de estas averiguaciones terminó en una sentencia condenatoria irrevocable y en la mayor parte de los casos las sanciones fueron “apercibimientos”, es decir, simples regaños en privado.
Respecto del nepotismo, y según información de la propia SCJN, 37.4 por ciento de los trabajadores del PJ tienen al menos un familiar que labora en la misma instancia.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, como se sabe, presentó la propuesta de reforma en febrero pasado. Fuimos al proceso electoral con esa y otras banderas que merecieron el voto mayoritario de la población. Luego de los comicios, se han realizado encuestas que revelan que la reforma cuenta con un amplio respaldo popular.
Democratizar el PJ es fortalecerlo. La reforma prevé que los aspirantes serán personas con las calificaciones profesionales necesarias y medidas para profundizar la transparencia y garantizar la rectitud de los juzgadores.
La elección de las personas que cumplirán las funciones de jueces, magistrados y ministros no hará sino fortalecer al Poder Judicial porque, como dicen los clásicos, los problemas de la democracia se solucionan con más democracia.