Como hizo la candidata opositora durante su campaña, y para reforzar su errática estrategia de defensa del statu quo, la cúpula del Poder Judicial decidió ir a Estados Unidos a explicar lo que nunca han explicado aquí.
El ministro Antonio Gutiérrez Ortiz Mena fue a la Universidad de Harvard, como lo hace cada año, a exponer, en tono que quiso ser irónico, sus críticas a la reforma judicial. Provocó risas entre los académicos asistentes, sí, pero con un asunto muy serio: sus gracejadas estaban encaminadas a convencer al público estadounidense —su público— de que en México están en riesgo el Estado de derecho y la independencia judicial.
La presidenta Claudia Sheinbaum dio una respuesta firme en la que se refirió a un Poder Judicial que permite que algunos no paguen impuestos y libera delincuentes. Completó: “¿qué opina Harvard de que haya 50% de nepotismo en el Poder Judicial en México? ¿Qué opinan los grandes estudiosos? A ver si les parece también simpático”.
La elección de junio pasado dio la mayoría al movimiento transformador y abrió la puerta a modificaciones constitucionales y legales que recibieron un amplio respaldo en las urnas.
En un primer momento, la cúpula judicial se quedó pasmada y tardó siete meses en presentar una contrapropuesta de reforma.
Desde antes de la aprobación de la reforma, la cúpula del Poder Judicial decidió emprender una campaña para desacreditarla y, luego, alentó a juezas y jueces a interponer una catarata de recursos para impedir su entrada en vigor.
Sabedores de que no les asiste la razón legal, los miembros de la cúpula pretenden manchar la futura elección de ministros, magistrados y jueces, llegando a excesos como el de una jueza que ordenó retirar el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación y amenazó con acusar de “desacato” a la jefa del Ejecutivo.
Dicen defender la Constitución y las leyes, pero las violan cuando pueden afectar sus intereses. En este caso, por ejemplo, la jueza Nancy Juárez optó por ignorar el artículo 61 de la Ley de Amparo, que claramente establece que el juicio de amparo es improcedente en el caso de adiciones o reformas a la Constitución.
A la par de estos movimientos de, al menos, dudosa legalidad, en los últimos días ha cobrado nuevos bríos una campaña que se despliega en los medios de comunicación nacionales y diversos espacios fuera del país. Se pretende extender la idea de que en nuestro país no hay Estado de derecho y que la certeza que demandan los inversionistas está en riesgo.
La cúpula judicial hace una apuesta peligrosa que, de prosperar, podría dañar la economía del país.
Una de las principales cartas que utiliza la cúpula de la toga en su defensa es la existencia de la carrera judicial, que, nos dicen, se ha ido perfeccionando con los años y que garantiza, en teoría, contar con las y los juzgadores más preparados.
Por ello, resulta curioso que el ministro que fue a su alma mater a burlarse de la reforma haya llegado a la más alta posición en la Corte sin contar con carrera judicial alguna.
Según su ficha biográfica oficial, Gutiérrez Ortiz Mena “entre los años 1995 a 2012 se desempeñó en la práctica privada, en diversas firmas de abogados nacionales e internacionales” (en firmas como White & Case, Holland, Knight, Gallástegui, y Ortiz, Sáinz y Tron).
También se recuerda que era jefe del Sistema de Administración Tributaria cuando Felipe Calderón Hinojosa lo incluyó en la terna para reemplazar a Salvador Aguirre Anguiano.
Gutiérrez Ortiz Mena se convirtió en ministro en noviembre de 2012. Es decir, fue propuesta de Calderón avalada por Enrique Peña Nieto, quien estaba a punto de asumir la Presidencia.
En Harvard, hizo mofa de que entre los requisitos para el registro de aspirantes se pidan cinco cartas de recomendación. Tal vez le parecen muchas, porque para llegar a las alturas de la cúpula judicial, él sólo precisó de dos cartas: la de Calderón y la de Peña. Claro, también tuvo la ayuda de un apellido compuesto.