A propósito de la reforma electoral del 2007, sostuve que era contranatura pretender que la política fuera una arena silenciosa, en todo caso la mirada había que ponerla en el uso de recursos públicos con fines electorales. A poco más de 15 años las reglas volverán a estar a prueba, los actores tratarán de estirarlas o de plano ignorarlas y las autoridades electorales probarán su alcance y reciedumbre. Lo anterior redundará en la credibilidad de los resultados y en la confianza y no en la democracia.
Lo anterior viene a cuento al presenciar el espectáculo* en torno a quien puede obtener la candidatura a la presidencia de la República del partido mayoritario y los esfuerzos de las oposiciones con el mismo propósito.
Esto no es ajeno a la democracia. La cuestión son los cómos, las reglas y los tiempos para ello, lo que está pactado entre los diferentes actores políticos (por cierto, entre ellos un personaje muy influyente fue el actual titular del Ejecutivo federal) y plasmado en la Constitución.
La reforma electoral del 2007 fue de gran calado y tuvo como centro la equidad en la contienda. Para ello, entre otras cosas, se cambió el modelo de comunicación política para prohibir la compraventa de promocionales en radio y televisión; se intentó regular el activismo político de los funcionarios públicos y se prohibió el uso de recursos públicos con fines político-electorales.
El modelo de comunicación opera, si bien después de fuertes desencuentros entre las autoridades electorales, los concesionarios y los actores políticos. Lo que es una materia pendiente y que ha transitado por criterios diversos y en ocasiones contrapuestos es lo que tiene que ver con la injerencia del poder público en la arena electoral; para esto último se adicionaron tres párrafos al artículo 134 constitucional, el séptimo refiere a la obligación del uso imparcial de los recursos públicos y a evitar que los mismos se usen para influir en la competencia entre los partidos políticos; el octavo alude a la prohibición de que la propaganda gubernamental se use para la promoción personalizada de funcionarios públicos.
El que es una joya es el párrafo noveno, que expresamente señala: “Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar”. Han pasado más de 15 años y seguimos esperando las leyes correspondientes para las que el propio legislador se dio un plazo en un transitorio de aquella reforma. No hay que quebrarse la cabeza para explicar este incumplimiento, unos y otros, en el ejercicio de posiciones de gobierno, se han aprovechado del vacío legal para incumplir con la norma constitucional y para muestra están ahí las innumerables sanciones que se han impuesto a lo largo de estos años.
Ante la ausencia del marco legal y en aras de cumplir con el mandato constitucional primero el IFE y después el INE fueron definiendo criterios para atender quejas interpuestas por la presunta violación a la norma constitucional, complejo asunto que generó numerosas discusiones y no pocas tensiones y un ir y venir entre la autoridad administrativa y el Tribunal Electoral.
En ese marco, reforma tras reforma electoral, a golpe de acuerdos, resoluciones, criterios y jurisprudencias se ha construido una legislación electoral churrigueresca. En ese transitar el camino no solo ha estado empedrado sino ha conocido de resoluciones contradictorias.
Nos guste o no, las reglas son las que son, la ley es la ley, y el plan B que pretendía modificarlas no se aplicará en el 24. Así, lo que hoy rige es que el proceso electoral iniciará el próximo septiembre y el INE acordará el calendario y con ello las etapas de precampañas para la definición de las candidaturas y después el periodo de campañas.
¿Entonces, qué es lo que estamos presenciando en torno a la definición de abanderados de los partidos políticos? ¿Podría haber sanciones por actos anticipados de campaña y cuáles serían las consecuencias? Teóricamente sí, pero hasta el momento ninguna ha derivado en la pérdida del registro de una candidatura. Otra consecuencia podría ser sumar los gastos asociados a estos eventos a los topes de campaña, causal prevista, y en caso de rebase, perder el registro.
Hasta el momento el INE ha recibido más de 250 quejas que denuncian actos anticipados, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, entre otros presuntos delitos (por cierto más del 50 por ciento de ellas son contra la actual jefa de Gobierno).
Desde mi punto de vista, estamos frente a conductas reiteradas y ante evidencias contundentes que violan las normas. La autoridad tiene la responsabilidad de frenar cuanto antes estas conductas, después será muy tarde y enturbiarán el proceso electoral ya de por sí retado.
COLOFÓN: Se anuncia para mañana reunión de las y los consejeros del INE con el presidente de la República, nada inusual en cualquier democracia en la que los representantes de las instituciones tienen que dialogar y coordinarse para que cada quien, en el ámbito de su competencia, cumpla con su encomienda. De concretarse este encuentro será el primero entre ambas instancias en el actual sexenio, esperemos que lo que prive sea el respeto a la autonomía e independencia de la autoridad electoral y el reconocimiento de que, para que cumpla cabalmente con la delicada tarea de organizar las elecciones, requiere de los recursos económicos necesarios para ello, el blindaje de seguridad y sobre todo el respeto al marco legal vigente.
*Pie de página: repasar en estos días la prensa nacional, así como ver y escuchar los noticieros me devuelve al siglo pasado, a décadas en las que la política giraba en torno a los personajes más relevantes del partido en el poder y la disputa entre ellos para granjearse la confianza del “gran elector”. La oposición desdibujada ocupaba páginas de interiores. ¡Qué tiempos! ¡Qué espectáculo!
El autor es exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).