Y sí, parece que estoy volviendo a ver la misma película, con el mismo guion, los mismos episodios y casi los mismos actores. La historia se repite y no por razones esotéricas, sino por patrones de conducta de los actores políticos, por estrategia.
Me refiero al trato que el actual gobierno ha dado sistemáticamente a las instituciones que no caben en su concepción del diseño del poder público y/o no se alinean a su política.
Vayamos por partes, el actual presidente de la República tiene una arcaica idea del poder que transita entre la monarquía y la clásica división de tres poderes, con vértice en el Ejecutivo, a lo que le agrega un sello nostálgico del presidencialismo priista. Todo lo que no esté ahí debe desaparecer y las instituciones que pervivan y no se sometan al poder presidencial deben ser controladas. Se trata de la idea de una gestión al unísono. Los contrapesos, las divergencias, estorban.
Lo anterior no es un exceso retórico, los datos están para corroborarlo. A lo largo de cinco años de gobierno de la 4T se puede hacer una larga enumeración de instituciones que han desaparecido.
Algunas han visto disminuidas sus facultades, otras carecen de los miembros previstos en la Constitución y las leyes (no se trata solo del INAI), unas más no cuentan con los recursos para cumplir cabalmente con sus responsabilidades o han sido cooptadas al nombrar colegiados o directivos que no cumplen con el perfil requerido; se ha privilegiado la adscripción ideológica por encima de las trayectorias y las habilidades técnicas.
Después de décadas en las que se avanzó para construir un diseño institucional sólido que evitara la concentración del poder, expandiera derechos y edificara instituciones especializadas para hacerlos valer, en este lustro hemos visto una grave involución.
El presidente está yendo a fondo, en este momento está tocando una de las partes más sensibles del sistema: el Poder Judicial. Más adelante, en las elecciones del próximo año, buscará la mayoría calificada en el Poder Legislativo.
Apenas el viernes pasado, en su quinto Informe de Gobierno, reiteró que presentará una iniciativa para que ministros, magistrados y jueces sean electos.
Ya en otra ocasión nos habíamos referido al riesgo que eso implica. Solo para recordar, lo que pretende es que la ola de popularidad de quien sea electo(a) para la presidencia de la República contagie de tal manera que diputados, senadores e integrantes del Poder Judicial estén alineados política e ideológicamente.
Lo anterior, independientemente de quien obtenga la mayoría para encabezar el Ejecutivo federal, va en contrasentido de los diseños que privilegian la expresión de la diversidad, la inclusión y ponen por delante el valor fundamental de la política, la capacidad de llegar a acuerdos mediante el diálogo. No se trata de desaparecer al distinto.
Como refería en el primer párrafo, la historia se repite pero por estrategia. El INE vivió la presión del Ejecutivo federal, quien abusando del poder del Estado intentó maniatar al Instituto. A pesar de varios esfuerzos buscando el diálogo, necesario entre instancias de cualquier Estado, este nunca se dio y la interlocución con responsables de diferentes áreas de la administración federal se fue reduciendo en frecuencia y en efectividad. Ahora se sigue aplicando la misma táctica a otros.
Lo anterior obedece, insisto, a la concepción que AMLO tiene sobre el ejercicio del poder y a la estrategia que de ella deriva. El presidente no solo ha roto el diálogo con un poder, con la mayoría de los ministros de la SCJN y en particular con su presidenta, sino que ahora incidirá para que la Cámara de Diputados reduzca su presupuesto y enviará su iniciativa para “elegir a los togados”.
Por cierto, no utilizará la figura de iniciativa preferente, ya que sabe que no tiene la mayoría requerida para lograr la reforma constitucional, pero le dará el pretexto para continuar con el discurso de desprestigio contra un poder que no se ha postrado.
Sigue el mismo patrón que ha usado contra el INE, el INAI, la UNAM y otras instituciones, no hay sorpresas.
Lo que está en juego en las próximas elecciones es la sana división de poderes que refleje la diversidad de nuestra sociedad y evite la pretendida homogeneidad que excluye a quienes piensan distinto.
POSDATA: El Frente Amplio por México ha cerrado una primera etapa al elegir a Xóchitl Gálvez como su coordinadora. Lo propio harán Morena y sus aliados a más tardar pasado mañana. El 7 de septiembre, cuando sesione el Consejo General del INE para iniciar formalmente el proceso electoral, se abrirá un pantanoso periodo hasta la tercera semana de noviembre, que es cuando está previsto en ley el inicio de las precampañas. ¿Las personas electas guardarán silencio respecto a sus pretensiones de ser candidatas a la presidencia de la República?
Por otra parte, el 2 de octubre es la fecha límite para que se rinda cuentas ante el INE sobre los ingresos y gastos que se efectuaron para la definición de las “coordinaciones”… viene la fiscalización.
El Comité Organizador para elegir a quien coordinará el FAM se integró con personas expertas en organizar elecciones, quienes dieron su tiempo, pero lo más importante, su prestigio para abrir espacios necesarios que enriquecen el debate nacional. Seguramente hay muchas cosas qué aprender de esa experiencia, pero su contribución ahí queda. Mi reconocimiento a Marco Baños, Teresa González Luna, Juan Manuel Herrero, Alejandra Latapí, Patricia McCarthy, Rodrigo Morales y Arturo Sánchez.
El autor es exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).